sábado, 21 de julio de 2018

El repartidor de Glovo que duerme en la calle: "No tengo dinero ni para una bicicleta"


elconfidencial.com

El pasado martes 10 de julio a las 9:12 de la mañana, un repartidor de "Glovo" paseaba por Barcelona cuando vio a otro durmiendo en el suelo y lo fotografió. Estaba acostado junto a un bloque de viviendas, en un cruce de calles cerca del barrio de Gracia. "Dormiría ahí porque está resguardado", cuenta. Ese mismo día a las tres el repartidor volvió a pasar por el cruce, pero ni su compañero, ni las mantas, ni las bolsas de reparto que portaba estaban ya. "Limpiaron entera la zona", explica.

La imagen pasó a un grupo de Telegram con cuatro repartidores más. Aunque ninguno lo reconocía, "estamos convencidos de que es un mensajero", continúa el repartidor que la tomó. "Podría ser alguien sin techo que ha hecho un pedido, pero es de extrañar porque tiene la mochila de Glovo. O un chatarrero que llevara una caja vieja, que a veces los vemos, pero es que tiene las dos: la de Glovo y Uber Eats. Reconocemos a los mensajeros nuevos por su mochila. Y esa está muy nueva".

En la fotografía aparece un pedido de McDonald's hecho a través de Glovo, porque lleva tanto la bolsa marrón del restaurante como la amarilla que proporciona la 'app'. Los repartidores consideran que es un reparto no entregado y que su compañero se lo comió. "Este chico habrá trabajado de madrugada, cuando los clientes se emborrachan y se quedan dormidos", dice. "Así que cuando vas a entregar, no están". Respecto a la ausencia de vehículo —no había ni moto ni bicicleta junto a él— cree que estaría en un parking cercano. "Tendría la bici candada. Si duerme con ella al lado, al día siguiente no la tiene".

Nueve días después, el 19 de julio, el mismo repartidor pasó por la misma zona a la misma hora y vio al joven otra vez. Dormía con una chica entre cartones y tenía al lado la mochila de Glovo. Habló con él, le ofreció ayuda y confirmó que trabaja como mensajero en la empresa.

Isaac es español, tiene 24 años y ha vivido siempre en Cataluña. Hasta hace dos años residía con sus padres en Dosrius, un pueblo entre Granollers y Mataró, pero los desahuciaron. "Estaban pagando la casa y se la quitaron", dice por teléfono a este diario. Sus padres se separaron, su madre se fue a Ibiza y su padre con otra mujer. Isaac no se lleva bien con ella, así que empezó a vivir en la calle. Ha pedido ayuda a los servicios sociales de Barcelona y de Mataró, pero "no han querido dármela. He ido a todos los sitios. Y como estoy empadronado en Sevilla por un tema personal, a nadie le da la gana empadronarme y nadie ha querido ayudarme".

Hasta hace una semana, Isaac trabajaba ayudando a su padre, que es electricista. "Estaba aprendiendo. Pero se rompió el talón de Aquiles y, además, estaba reñido con él", explica. Entonces se apuntó a Glovo: se dio de alta como autónomo, presentó los papeles que le pidieron y comenzó a repartir. "Entré para salir de esta situación. Me tienen que pagar 180 euros la semana que viene. No sé si me pagarán más. Necesito dinero de lo que sea y Glovo era la opción más fácil, aunque también estoy hablando con UberEats". La mochila de UberEats que aparece en la imagen es de su pareja: una joven de 29 años que también vive en Barcelona y duerme en la calle. Repartió durante un tiempo para ellos y mantiene la mochila. Como ya no lo hace, comparte la cuenta de mensajero de Glovo con él.

"Ahora estamos mirando habitación, a ver si encontramos algo. En Barcelona las hemos visto por 300 o 400, que dices: madre mía. Necesitamos una más barata. Aunque la encontremos fuera, seguiremos viniendo a trabajar a Barcelona".
¿Cuánto gana un repartidor?

Glovo comunicó esta semana que ha recaudado más inversión: 115 millones de euros, que se suman a los 37 que ya tenía. Entre sus inversores están el fondo japonés Rakuten y el francés Cathay (ambos inversores en Cabify), el dueño de La Tagliatella y el fondo español Seaya Ventures, dirigido por Beatriz González. Hasta la fecha, han invertido y participado en el crecimiento de la empresa dos de los fundadores de Tuenti (Bernardo González y Zaryn Dentzel), los fundadores de Wallapop (Miguel Vicente y Gerard Olivé) y el antiguo vicepresidente de Uber, Niall Wass, que ahora preside el consejo de administración de Glovo. Su fundador es Óscar Pierre, un barcelonés de 25 años hijo y nieto de reconocidos empresarios catalanes.

Glovo ha anunciado que con ese dinero contratará a más de cien ingenieros en sus oficinas de Barcelona para acelerar su expansión. Al mismo tiempo, sus repartidores cobran poco más de tres euros por pedido y deben pagar su propia seguridad social. La mayoría recurren a este trabajo —físico y mal pagado— porque no les queda otra. "La idea es fantástica, pero no se puede tener a los trabajadores así. Hay personas de más de 65 años con bicicleta", dice el repartidor que fotografió a Isaac. "Y en la empresa lo saben de sobra. Pero hacemos esto porque necesitamos ganar un dinero. Si no, no estaríamos así".

Glovo nació en Barcelona hace cuatro años y opera en 38 ciudades españolas. Al principio pagaba 3,75 € por pedido a los repartidores y cobraba 4,5 € al consumidor. Dos años más tarde, cambió su sistema: rebajó el precio al usuario y pasó a pagar 2,80 € por pedido, con variable por distancia y mejor valoración si trabajas en horas de alta demanda (noches de fin de semana y días de partido).

De lo que ingresan mensualmente, los repartidores deben descontar la cuota de autónomos, el mantenimiento del vehículo y el seguro, por el que Glovo les cobra cuatro euros al mes. La inspección de trabajo de Zaragoza dictó recientemente que 326 de sus repartidores son falsos autónomos. Y hay más denuncias abiertas, tanto de repartidores (a los que Glovo viene callando con dinero) como de sindicatos: la Intersindical Alternativa de Catalunya interpuso una la semana pasada por el mismo motivo.

UberEats volvió a Barcelona el pasado 5 de abril y no tiene demasiado volumen, como en Madrid. La empresa paga 0,80 € por recogida, 1,20 € por entrega y 1,08 € por kilómetro recorrido: una media de entre 4 y 6 euros por pedido. Su director general, Manel Pujol, tiene 30 años, trabaja en Uber desde 2014 y ha declarado que "si [UberEats] tuviera que contratar a los repartidores, no existiría".

Preguntados por este diario, en Glovo no accedieron a ver la fotografía de Isaac para corroborar si trabajaba en su empresa. Apuntaron que "reciclamos todas nuestras bolsas en el punto de reciclaje. Lo más seguro es que esa persona haya obtenido la mochila de un 'container'". Cuando les confirmamos que sí repartía con ellos, la solicitaron para "ponerse en contacto con él y conocer más acerca de su situación. Los repartidores que colaboran con Glovo son personas autónomas de las que Glovo no tiene pleno conocimiento de sus circunstancias personales". En UberEats indican que "por Ley de Protección de Datos no podemos dar información relativa a los usuarios de la aplicación, ya sean conductores, repartidores o pasajeros/eaters".
El bucle de la precariedad

Con los precios citados —pongamos una media de 5 euros por pedido y dos pedidos la hora— un repartidor que trabajara cuarenta horas a la semana ingresaría 1.600 euros al mes. El problema es que en Uber no hay tanto trabajo y que para llegar a esas horas en Glovo hay que tener una buena puntuación como repartidor, así que los nuevos tardan meses en alcanzar tal estatus. Si eres recién llegado, apenas tendrás 'slots' (franjas) de trabajo.

Por sus dos primeras semanas en Glovo, Isaac y su pareja cobrarán 180 euros. "Las horas las fijo yo", cuenta. "Hace dos días trabajé desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Según el día".

Si mantienen este ritmo de trabajo, su ingreso a final de mes será de 360 euros, a los que tendrán que descontar los 50 euros de autónomos. La cuota está bonificada para nuevos autónomos (el Gobierno lo llama 'tarifa plana') y es de 50 euros mensuales durante el primer año, pero asciende progresivamente hasta los 280 euros a partir del segundo. Por esta razón, algunos repartidores antiguos de Glovo están dejando de pagarla y pidiendo un aplazamiento a la Seguridad Social. "Recibimos emails de la tesorería. Supongo que no son gilipollas y sabrán a ciencia cierta que no damos. Si eres veterano, son casi 300 euros de cuota. Y a duras penas ganas mil euros trabajando como un animal", apunta un repartidor de Madrid. "Para no acabar en situación límite, prescindí".

Consigan horas en Glovo y UberEats o no, Isaac y su pareja tampoco podrán repartir demasiado porque lo hacen a pie. "No tenemos dinero para comprar una bicicleta, así que de momento vamos andando. A veces mi hermano nos deja la suya, pero no siempre". Si finalmente Glovo se pone en contacto con ellos para interesarse por su caso y ayudar, Isaac tiene bastante claro qué les pedirá. "Eso. Dos bicicletas", zanja.

sábado, 30 de junio de 2018

La Unión Europea aprueba la creación de los CIE en su territorio

abc.es

Los líderes de la Unión Europea (UE) concluyeron hoy la primera jornada de la cumbre europea con un acuerdo sobre inmigración, tras más de trece horas de reunión en la que Italia amenazó con bloquear las conclusiones y los países del Este también plantearon sus reticencias.

«Los líderes de los Veintiocho han acordado las conclusiones del Consejo Europeo, incluida la inmigración», escribió en su perfil de la red social Twitter el presidente del Consejo, Donald Tusk.

El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, anunció en la misma plataforma digital la consecución del compromiso.

Los líderes de la Unión Europea han contemplado durante la reunión que sus Estados miembros puedan crear en su territorio, de forma voluntaria, centros cerrados para separar a los refugiados, que tienen derecho a permanecer en los Veintiocho, de los inmigrantes económicos, que serían devueltos a sus países de origen.


Esa iniciativa, dijeron fuentes europeas, habría sido primero pactada por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 15.00 hora local (13.00 GMT), los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y Defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y el derribo del avión MH17 en el este de Ucrania en 2014.

El primer ministro italiano defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que «nada está acordado hasta que todo está acordado» y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conocieran las decisiones en inmigración.

Sánchez, satisfecho

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró una «buena noticia» para España que en la reunión del Consejo Europeo se haya adoptado el compromiso de destinar más recursos económicosa España para que lidere la respuesta a los flujos migratorios en el Mediterráneo occidental.

El jefe del Ejecutivo explicó que el compromiso que vendrá reflejado en las conclusiones del Consejo es aumentar esos recursos (que no especificó) no sólo para España, sino también para países de tránsito de la inmigración ilegal como Marruecos.

El incremento de lo que aporta la UE a España para hacer frente a la inmigración ilegal era uno de los objetivos de Sánchez en esta cumbre, tal y como explicó el miércoles en su comparecencia ante el Congreso para informar de su posición en el Conejo.

«No es el mejor de los acuerdos, pero es un acuerdo importante que camina en la dirección de continuar dando una perspectiva europea a un desafío europeo como la migración», añadió.

Al plantearle si España asumirá puntos de desembarco de inmigrantes, explicó que ya cuenta con ellos, así como con un dispositivo «perfectamente instrumentado» del que forman parte Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, convenios con ong, y centros de atención a asilados e inmigrantes.

«Tenemos toda una política desplegada. Creo que lo importante -insistió- es que se vuelquen recursos económicos para ayudar a la respuesta que da España al fenómeno de la migración en nuestro país».
«Nos podemos dar francamente por satisfechos. Hemos conseguido cosas muy positivas para el país y, a nivel europeo, seguimos caminando en esa respuesta común», agregó.

lunes, 25 de junio de 2018

Melilla (España), una insólita ciudad de niños solos y sin derecho a la escuela

elpais.com

Mohamed, marroquí, llegó solo a Melilla con 12 años, y ahora tiene 17. Lleva cinco años viviendo solo en esta ciudad. Llama a su familia por teléfono de vez en cuando. Se hace el duro, fuma. Como otros niños que merodean cerca de él, lleva marcas de que ha tenido un ojo morado. "Yo pienso en mi futuro, no como estos”, dice señalando con desdén a los demás. “Esnifan pegamento, beben, yo no, sé lo que quiero, he hecho cursos de granjero, de peluquería”. ¿Y qué es lo que quiere Mohamed? Cumplir 18 años, tener los papeles e irse a España. Dicen así irse a la península, como si Melilla no lo fuera. “Pero no me pienso quedar allí, tengo otros planes”, confiesa con satisfacción. Y murmura: “¡Noruega!”. Como si fuera un paraíso donde se terminarán todos sus problemas.

-¿Tienes amigos, Mohamed?
-Aquí no hay amigos.
El número de menores solos en Melilla es difícil de precisar. Eran 917 al cierre de 2017, según datos oficiales, sin contar los de la calle. Son el 14,3% de todos los que hay registrados en España, un total de 6.414. Caídos del cielo, que han llegado en patera, ocultos en coches, y están atrapados en la ciudad. Entre los muchos pliegues del drama de la inmigración en la ciudad, pendientes de resolución y que un cambio de política del nuevo Gobierno debería considerar, este es uno de los más desesperantes. 
 
La mayor parte de estos chicos, llamados coloquialmente menas (siglas de Menores No Acompañados), son tutelados por la administración, pero entre 50 y un centenar, una cifra que fluctúa de forma misteriosa, viven en la calle. De forma misteriosa porque de repente algunos desaparecen. En el mejor de los casos, porque logran colarse en un barco rumbo a la península. Para el peor hay un temible abanico de posibilidades. Que lo intenten y mueran, que hayan sido expulsados a Marruecos… o cualquier otra cosa. Corretean en grupos por los parques y rincones de Melilla. “Me preocupa mucho lo que está pasando con los niños en Melilla, mucho, mucho, mucho”, dijo el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, en el Senado el pasado mes de febrero.

Mohamed no vive en la calle, vive en el centro de menores de La Purísima, el principal de la ciudad, con unos 500 internos, muy por encima de su capacidad, en torno a 180 plazas. Es un viejo cuartel del ejército que es un constante foco de críticas y polémicas, retratado en numerosos reportajes como un lugar infernal. “Si muchos niños prefieren vivir en la calle antes que allí, eso te lo dice todo”, repiten las ONG, que denuncian desde hace años malos tratos y las precarias condiciones del centro. El director de La Purísima prefiere no hablar con periodistas sin autorización, pero los responsables de prensa del gobierno autónomo, del PP, no responden. La consejería de Bienestar ha puesto en marcha un nuevo servicio de educadores de calle, 16 empleados con petos naranjas que recorren la ciudad para atender a los menores que viven en la vía pública y cuya eficacia está por ver.

Hay otros dos centros de menores, La Gota de Leche, con unos 150 niños, donde falleció un menor el pasado mes de enero, y Divina Infantita, con 34 niñas. Y luego está El Baluarte, un centro de internamiento para menores que han cometido delitos. Las llegadas de niños y niñas no acompañados a España crecieron un 60% en 2017, es un problema que va a ir a más. Pero en Melilla el sistema de acogida de menores sigue atascado.

Lo mínimo sería abrir otro centro, menos masificado”, reflexiona Giulia Sensini, responsable de Save the Children en Melilla, donde la organización también gestiona una oficina de atención a menores en el paso fronterizo de Beni Enzar. En todo caso, apunta que el problema es más de fondo: “La gran debilidad del sistema es que el único plan es echarlos a los 18 años, y ellos mismos cuando salen del centro tampoco tienen más plan que llegar a la península, hacer risky, ya habrás oído la expresión”. En Melilla es muy conocida, viene de “arriesgado”, en inglés, y significa intentar colarse en un barco. Saltando la valla de concertina del puerto, escondiéndose en un camión, o en su carga, a veces residuos tóxicos de ceniza de la incineradora, o cemento en polvo.

En Melilla varias ONG hacen lo que pueden con los menores –Prodein, Harraga, Médicos del Mundo-, también hay institutos, como el Rusadir, muy comprometidos con la formación. “Es la voluntad política lo que falta. El Gobierno tiene que poner ya en su agenda el problema de estos menores”, opina Catalina Perazzo, responsable de políticas de infancia de Save the Children.

Las competencias de menores está transferida a las autonomías, y esta ONG propone una comisión que reúna a todas las regiones para establecer parámetros de calidad y que se agilicen los protocolos de acogida. “Melilla, como Ceuta, está saturada, y no es realista esperar que en 14 kilómetros cuadrados estos menores consigan integrarse. Debe haber protocolos automáticos para trasladarlos a centros apropiados en la península, que no sea opcional para cada comunidad”.

La prueba del desinterés oficial por estos menores tutelados es lo que ocurre cuando cumplen 18 años. En teoría tienen derecho a la tarjeta de residencia, con la que pueden irse a la península, pero a menudo los centros de acogida no se la tramitan. Cuando salen deben conseguirla ellos mismos y se pierden en un laberinto burocrático. “El objetivo es que pase el plazo, un año de residencia tras cumplir los 18, para poder echarles”, lamenta un abogado que atiende estos casos y asegura que las expulsiones sumarias, en caliente, cuando les pillan por la calle, son "constantes".

La alternativa de los chicos es pagar a asesorías y gestorías por un certificado de residencia, y les piden entre 500 y 800 euros. “Aunque a veces ponen el mismo domicilio para todos, pero cuela”, dice José Palazón, de Prodein. Asegura que también se paga hasta 3.000 euros por contratos de trabajo. ¿Cómo consigue un menor ese dinero? Lo van ahorrando, o de modo ilegal, o se prostituyen, cuentan los trabajadores sociales con pesar. “Se hace todo para que no puedan renovar la residencia, es una práctica que tiene dirección política”, acusa Josep Buades, del Servicio Jesuita a Migrantes, que tiene una oficina de asistencia jurídica en Melilla. Este trabajo de acompañamiento legal es otra pelea de las ONGs en la ciudad para tapar los agujeros del sistema.

Lo curioso es que estos menores, pagando, consiguen empadronarse, y es porque en la administración saben que se van a largar al día siguiente y así es uno menos. Pero hay otros que ni pagando”, explica José Palazón. Se trata de otros menores de origen marroquí, pero en este caso con familia, vecinos de Melilla, nacidos allí, incluso de dos y tres generaciones, pero que aún no han logrado regularizar su situación. “Con ellos sucede algo que no pasa en ningún lugar del mundo, son niños que quieren ir al colegio y el Estado no les deja”, denuncia. En este momento son, según esat ONG, 160 niños y niñas que no pueden ir a la escuela. 

Los centros no les dejan matricularse si no tienen un certificado de empadronamiento, y entonces entran en el mismo círculo vicioso de papeles, donde sin uno no se puede conseguir el otro, y viceversa. "En el resto de España el padrón solo sirve para ver qué colegio te queda más cerca, aquí es una herramienta de apartheid", asegura Palazón. Como alternativa, estos menores estudian por su cuenta, en academias o en el colegio marroquí de Melilla, cuyo título no está homologado en España.

Se trata de un problema crónico que resurge periódicamente, depende directamente del ministerio de Educación, pues es una competencia no transferida, y los sucesivos Gobiernos lo rehúyen, temerosos de un efecto llamada. En dos ocasiones, con Aznar y con Rodríguez Zapatero, se permitieron regularizaciones puntuales. “Pero esta vez con Rajoy no ha habido manera, hemos recogido 100.000 firmas, nos hemos manifestado en la calle con los niños, y nada. Ojalá el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez lo solucione”. El ministero de Educación, en pleno cambio de titular, aún no responde.

sábado, 23 de junio de 2018

Emmanuel Macron y Pedro Sánchez proponen "centros cerrados de desembarco" para los inmigrantes que lleguen a Europa

eldiario.es

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este sábado junto a Pedro Sánchez que propondrá a sus socios europeos la creación de "centros cerrados de desembarco" en "suelo europeo" desde donde se gestione la situación de los inmigrantes y se les reparta a los países de Europa en los casos donde se acepte su petición de asilo o refugio.

El presidente del Gobierno español no ha apoyado explícitamente la iniciativa pero ha afirmado que Macron cuenta con "el apoyo del Gobierno" en "muchas de las políticas expuestas a lo largo de esta rueda de prensa". Al final su exposición sobre su propuesta migratoria, Macron ha invitado a Sánchez a añadir lo que considerara oportuno, ante lo que el presidente español ha dicho sucintamente: "Yo creo que está perfecto, presidente". Tras la consulta de eldiario.es para confirmar el apoyo español a la iniciativa francesa, fuentes de Moncloa ratifican que “España apoya la propuesta francoalemana que será debatida mañana en Bruselas”. Se trata de facilitar "puertos seguros en países de llegada y centros cerrados donde se analiza una a una la situación de cada persona”.

El presidente francés explicó que su propuesta, abordada ya con la canciller alemana, Angela Merkel, consiste en crear "centros cerrados en suelo europeo", en los que se tratarían los expedientes de los demandantes de asilo para agilizar los trámites y para devolver a sus países a aquellos que no gocen de ese derecho.

"Necesitamos un camino claro de solidaridad, no tratar caso por caso", declaró Macron en París, al término de un almuerzo en el Palacio del Elíseo con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez ha expresado su voluntad de desarrollar una "política migratoria común basada en la solidaridad, en el respeto a los Derechos Humanos, en los seres humanos que tienen que huir de su país en busca de un futuro mejor". Sánchez confía en establecer una "cooperación colateral con los países de origen y de tránsito".

Asimismo, el presidente del Gobierno español ha aprovechado la ocasión para agradecer a Francia "la solidaridad y la responsabilidad" con la que "ha ayudado a España" con la acogida del buque Aquarius. 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que el día 16 de julio se reunirán de nuevo, teniendo lugar el encuentro en Madrid. Sánchez ha asegurado que esta ha sido "la primera de muchas reuniones que tengamos en el futuro". Una visita en la que abordarán la situación de las interconexiones energéticas, un asunto que será objeto de una cumbre por esas mismas fechas que está preparando el Gobierno portugués.

miércoles, 20 de junio de 2018

Trump rectifica y prepara una orden para evitar la separación de niños y familias migrantes sin papeles

elpais.com

La ola de protestas, dentro y fuera de Estados Unidos, por la separación de niños y familias migrantes sin papeles ha forzado a Donald Trump a dar marcha atrás en esta política.

La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros Gobiernos, como el de Reino Unido. Trump ha explotado electoralmente el discurso antiinmigración con éxito y sin contemplaciones hasta ahora, pero el golpe a la infancia ha roto finalmente una costura.

“Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Voy a firmar algo pronto sobre inmigración que va a hacer eso”, confirmó Trump esta mañana. De confirmarse, se trataría de una rectificación en toda regla del presidente de EE UU, quien siempre saca pecho por su dureza negociadora y había tomado el drama de los niños sin papeles como moneda de cambio para lograr una legislación migratoria más dura.

EE UU ha empezado a separar desde abril de forma generalizada a las familias que intenta entrar ilegalmente, después de un cambio de criterio de la fiscalía. Bajo una nueva doctrina de "tolerancia cero", todo inmigrante indocumentado se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales, por eso los niños no pueden seguir junto a ellos y son separados. La crisis estalló en la opinión pública en los últimos días, cuando se hizo público que en el lapso de apenas seis semanas, entre el 19 de abril y 6 de junio, la Administración había separado a unos 2.000 niños, a veces bebés, de sus progenitores o familiares adultos.

La repulsa a esta situación fue creciendo y generalizándose hasta lograr algo tan improbable como que Donald Trump, el brazo de hierro de la migración, el magnate que alardea de negociar con dureza y ganar cualquier pulso, haya prometido una marcha atrás. Han hecho falta imágenes de hileras de niños entre tiendas de campaña y grabaciones de sus llantos dando la vuelta al mundo. "El dilema es que si eres débil tu país se va a ver abrumado con gente, si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte", reflexionó ante los reporteros.

La nueva orden ejecutiva de la que habla, de hecho, busca mantener esa dureza y puede desencadenar una batalla legal. Un fallo judicial de 1997 -ratificado después por otras sentencias- conocido como el acuerdo de Flores estableció que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días aunque esté con sus padres. Con la nueva política de separación de los menores, este límite ya no afectaba a sus progenitores. Si Trump quiere mantener la doctrina de "tolerancia cero", como él mismo ha dejado claro, tendrá que alterar estos plazos por alterar los plazos. Fuentes de la Administración señalaron se tratará de mantener a las familias juntas y acelerar sus procesos judiciales.

El demócrata Barack Obama, también aplicó la doctrina de la tolerancia cero en la frontera cuando se enfrentó a oleadas de inmigración irregular, pero hacía excepciones con los adultos que iban acompañados de niños y también con aquellos que cometían su primera infracción. Y su predecesor, el republicano George W. Bush, también aceleró los juicios y generalizó los cargos openales contra los sin papeles, pero mantuvo a las familias unidas de forma generalizada.

Estos días Trump ha estado justificando que la medida no implicaba más que el cumplimiento de la ley y que era responsabilidad de los legisladores cambiarlo con una nueva normativa. Pero esta práctica no responde a ninguna legislación y el hecho de que este miércoles anuncie una orden ejecutiva para frenarlo lo demuestra. Es más, ni siquiera necesitaría esa orden si se replantea la práctica de la tolerancia cero.

El presidente citó de una medida "preventiva" para evitar las separaciones que en última instancia se convierta en legislación, pero el debate sobre inmigración lleva meses bloqueado en el Congreso sin arrojar ningún consenso de reforma.

Trump ha estado presionando a los legisladores para lograr una reforma migratoria que endurezca los controles, frene las entradas también legales y asigne un presupuesto de 25.000 millones de dólares para el muro que quiere construir en la frontera con México. No hay acuerdo con los demócratas ni con muchos de los propios republicanos para una legislación y el presidente ha tratado de forzar un acuerdo, primero amenazando la permanencia de los dreamers o soñadores (jóvenes que entraron sin papeles siendo niños y han crecido en EE UU), algo que paralizó un tribunal, y ahora culpando a los legisladores de la separación de familias.

El trauma de los niños ha hecho esta vez de juez. El martes por la tarde Trump participó en una reunión con congresistas republicanos que le instaban insistiendo en su doctrina. Esa la noche, en un restaurante mexicano de Washington DC, Kirjsten Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de Trump y su principal portavoz y defensora en este conflicto, fue abucheada. Por la mañana, El Papa Francisco también lo había criticado en una entrevista con Reuters. "No es fácil, pero el populismo no es la solución", dijo en apoyo de la postura de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que ha calificado de "inmoral" y "contrarias a los valores católicos" estas medidas. La primera ministra británica, Theresa May, también lo tildó de "error".

Y así una retahíla de crítica que se sumaban a las de tres ex primeras damas estadounidenses, republicanas y demócratas, múltiples legisladores republicanos y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, calificó la separación de “abuso infantil”.

Trump llegó a la Casa Blanca aupado, entre otros mensajes, por un fuerte discurso antiinmigración -la irregular pero también la legal- cargado en ocasiones de un lenguaje xenófobo. Su política coincide con una ola de nacionalismo que también sacude a Europa y que ha cristalizado ya en Gobiernos como el de Hungría o el de Italia. En Estados Unidos, el conflicto ha estallado además en un momento de repunte de inmigración irregular, pero lejano aún del que Barack Obama afrontó en 2014. Algunas de las imágenes de niños en salas separados por rejas, como si fueran grandes jaulas, corresponden a ese año.

La UE estudia instalar centros de clasificación de inmigrantes en el norte de África

 eldiario.es

La Unión Europea estudia la idea de construir centros para el procesamiento de inmigrantes en el norte de África en un intento por disuadir a la gente de emprender viajes a través del Mediterráneo que puedan poner en riesgo su vida, según indica un documento al que ha tenido acceso The Guardian. 

El Consejo Europeo de líderes de la UE "apoya el desarrollo del concepto de plataformas de desembarque regional", según señala un borrador de conclusiones de la cumbre europea que se llevará a cabo la próxima semana.

La UE quiere estudiar la viabilidad de instalar estos centros en el norte de África, donde comienza la mayoría de los viajes de los inmigrantes que quieren llegar a suelo europeo. "Estas plataformas podrían facilitar un procesamiento rápido que distinga entre migrantes económicos y aquellos que necesitan protección internacional, y así reducir los incentivos a embarcarse en viajes peligrosos", sostiene el documento. 

La inmigración es un tema prioritario en la agenda de la próxima cumbre de dos días que se iniciará el 28 de junio. Los líderes de la UE intentarán llegar a un consenso sobre cómo manejar la crisis de los miles de refugiados e inmigrantes que llegan a Europa cada mes.

Los líderes de Alemania y Francia, Angela Merkel y Emmanuel Macron, se han reunido este martes cerca de Berlín para fijar una posición común respecto a la inmigración y la eurozona, en medio de los temores sobre el desmoronamiento del proyecto europeo.

Antes de la reunión, el ministro de Hacienda francés, Bruno Le Maire, afirmó que Europa está "en proceso de desintegración". "Vemos Estados que se están cerrando, intentando encontrar soluciones nacionales a problemas que requieren soluciones europeas", señaló. Así, llamó a construir "un nuevo proyecto europeo sobre inmigración", así como sobre asuntos económicos y financieros "que consoliden a Europa en un mundo en el que Estados Unidos está a un lado, China al otro y nosotros quedamos atrapados en el medio".

El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, de línea dura, está presionando a la canciller Angela Merkel para que diseñe un plan europeo para finales de mes. Alemania sigue siendo el país europeo que más solicitudes de asilo recibe. Si no hay avance a nivel europeo, Seehofer quiere que la policía de las fronteras alemanas comience a negar la entrada a los inmigrantes.

No queda claro cómo se llevaría a la práctica la propuesta europea de "plataformas de desembarque regional", o dónde se instalarían.

En 2016, la UE llegó a un acuerdo con Turquía que redujo drásticamente el flujo migratorio, pero al bloque le ha resultado más difícil trabajar con los gobiernos del norte de África, especialmente con Libia, punto de partida de la mayoría de las embarcaciones que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo.

La Comisión Europea ha rechazado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Libia parecido al de Turquía, debido a la inestabilidad del país. Sin embargo, el anterior Gobierno de Italia pactó con las milicias y tribus libias y colaboró para reconstituir la guardia costera libia. Estas acciones han contribuido a reducir drásticamente el número de personas que intenta cruzar el Mediterráneo, pero los críticos han denunciado un aumento en las violaciones de los derechos humanos.

Según el documento filtrado, la UE prefiere construir los centros en colaboración con ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y con la Organización Internacional para la Migración, otro organismo relacionado con la ONU que con anterioridad  ha criticado la escasez de rutas legales que tienen los inmigrantes y refugiados africanos para llegar a Europa.

martes, 19 de junio de 2018

El Gobierno de Trump, secuestra y encierra en jaulas a niños hijos de inmigrantes

eldiario.es

El Gobierno de Trump cree haber encontrado el arma definitiva para reducir la llegada de inmigrantes latinoamericanos por la frontera sur: secuestrar a sus hijos. 

Desde que se puso en práctica esta política, cerca de 2.000 niños han sido internados en centros inapropiados para su situación donde no reciben la atención necesaria. El Gobierno parte de la base de que sus padres son delincuentes y por tanto no pueden tener con ellos a sus hijos, que pasan a caer bajo la custodia del Estado.

Es un chantaje con base legal. Si los padres aceptan ser deportados sin recurrir a los tribunales, les devolverán a sus hijos para que abandonen juntos el país.

Propublica ha conseguido una grabación de audio en la que se oyen las voces de niños de corta edad que llaman llorando a sus padres. Se oye también a un agente de la Patrulla de Fronteras decir: “Bueno, aquí tenemos una orquesta”.

Encerrar a los menores tiene otro destinatario: los congresistas demócratas. Trump quiere obligarles a que acepten un acuerdo presupuestario que subvencione con fondos públicos la construcción del muro en la frontera con México. “Los demócratas tienen que cambiar la ley. Es su ley”, dijo Trump el viernes.

Es un aviso singular, porque sus compatriotas tienen que saber que el presidente del país es republicano y que las dos cámaras del Congreso están controladas por republicanos.
Las administraciones anteriores de George Bush y Barack Obama nunca aplicaron esta política.

Estas son las jaulas en las que están metiendo a los niños, además de a sus familias. La Administración hizo el domingo una visita guiada para los medios de comunicación en Texas, relatada aquí por un periodista del Post. Un almacén ha sido acondicionado para instalar jaulas metálicas con vallas donde se coloca a los detenidos. En cada una de ellas sobre un suelo de cemento, se coloca a unos veinte o más menores y se les entrega mantas hechas con material aislante, una colchoneta, agua embotellada y comida. En ese centro había 1.100 inmigrantes indocumentados, incluidos cerca de 200 menores.

“Los detenidos son separados por grupos. En uno están los niños y adolescentes no acompañados de 17 años o menos, en otro niñas y adolescentes no acompañados de 17 años o menos, en otro los hombres con sus familias, y en otro las mujeres con sus familias”, dice el artículo. Hay cuatro asistentes sociales para todo el grupo de menores en estas instalaciones de Texas.

Las autoridades dicen que no es correcto llamarles jaulas.

Una representante de una ONG que visitó ese centro contó a la agencia AP que había hablado con una chica presa de 16 años que se había estado ocupando de una niña durante los últimos tres días. “Tuvo que enseñar a otras chicas en la celda para que le cambiaran el pañal. Estaba tan traumatizada que casi no hablaba”.

Esta era una visita preparada para congresistas y periodistas a un centro elegido por el Gobierno. No se permitió a los periodistas sacar fotos. Las imágenes del lugar fueron facilitadas por la Administración.

En otros centros, los niños han sido separados de sus padres o madres, en algunos casos engañándoles. Esto contaba la responsable de una organización benéfica que presenció esas situaciones:

 “A veces dicen a los padres, ‘nos llevamos a su hijo’. Y cuando los padres preguntan, ‘¿cuándo nos lo devolverán?’, les responden, ‘no podemos decírselo’. En otros casos, vemos que no les comunican que se van a llevar a sus hijos. Por el contrario, el agente dice, ‘voy a llevarme a su hijo para que lo bañen’. Hablaba con una madre y ella dijo, ‘no se lleven a mi hijo’, y el niño comenzó a gritar y vomitar y llorar de forma histérica. Ella preguntó a los agentes, ‘¿Puedo estar con él al menos cinco minutos para tranquilizarlo?’. Le dijeron que no”.

 Según un congresista de Texas, el niño más pequeño que ha visto tiene ocho meses y lleva un mes en un centro de este tipo. En teoría, nadie debe estar en estos lugares más de 72 horas, pero la acumulación de casos ha hecho que muchas personas, también niños, lleven meses en ellos.

En un artículo publicado en The Washington Post, Laura Bush escribe que “estas imágenes recuerdan de forma siniestra a los campos de internamiento de los americanos de origen japonés en la Segunda Guerra Mundial, que son considerados ahora uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Estados Unidos”