lunes, 31 de julio de 2017

Venezuela sumida en el caos, con 10 muertos el día de votación de la constituyente impuesta por Maduro



 eluniverso.com

Como exitosa y satisfactoria calificó el Gobierno la jornada de la polémica elección de la Asamblea Nacional Constituyente, marcada por la violencia, el caos y la represión que dejó 10 muertos, centenares de heridos y decenas de detenidos.

A las doce horas de elección, que registró escasa presencia de votantes, se prolongó una hora más, hasta las 19:00, hora de Venezuela. No obstante, alrededor de las 21:00 seguían abiertos los centros de votación. Se esperaba el anuncio de los primeros resultados, pero hasta cerca de las 23:00 no hubo ninguna declaración de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.

El opositor Henry Ramos Allup, en una rueda de prensa, en la que responsabilizó al Gobierno de la violenta jornada, dijo que según con los datos de la oposición, en el proceso electoral participaron 2 millones 483 mil personas, con una abstención de 87,6%. Denunció que el Plan República no permitió que periodistas ingresaran a centros de votación.

Esta jornada ha sido un fracaso, un monumental fracaso, lamentablemente, con la pérdida de vidas humanas”, dijo el líder opositor, Henrique Capriles. “No nos importa lo que diga Tibisay Lucena en las próximas horas”, agregó y llamó a salir hoy a las calles en una nueva lucha de no reconocimiento al proceso de Constituyente.

El país parecía zona de guerra en barrios de ciudades venezolanas. La jornada sumó 10 muertos, 16 según la oposición, lo que elevó a 124 las víctimas en 121 días de protestas.

Comandos de militares en motos, tanquetas y camionetas reprimieron a manifestantes que respondieron con piedras y bombas molotov. Habitantes entraron en pánico cuando los agentes ingresaron a los conjuntos residenciales. Periodistas también fueron atacados.

Los mayores disturbios se dieron en estados de Táchira, Mérida, Aragua, Cojedes, Lara, Zulia y Trujillo. En Caracas, en el sector Altamira, siete militares fueron heridos en una explosión. Colectivos y francotiradores que disparaban desde vehículos asustaron a la gente.

En Táchira 9 personas murieron, según la oposición, otros 400 resultaron heridos.

En Mérida, donde murieron cinco personas, militares intentaron detener al alcalde de Campo Elías, Omar Lares. Allanaron la Alcaldía y la casa del edil y se llevaron detenido a su hijo, publicó noticiaaldia.com.

El presidente de la Asamblea, Julio Borges, recordó que la Asamblea fue elegida por 14 millones de venezolanos y que en el plebiscito contra la Constituyente votaron 7,6 millones.
Borges anticipó que Lucena, a quien Maduro condecoró días antes de la elección, pretende anunciar que la Constituyente tuvo 8,5 millones de votos.

Imágenes registraron escasa afluencia en centros de votación. En el punto más grande, en el Poliedro de Caracas, en el cual podía sufragar cualquier elector del municipio, en las primeras horas hubo afluencia, pero en el transcurso del día era baja. “Mucho escenario para tan poca gente”, escribió en Twitter la periodista de Caracol Internacional Caterina Valentino. En los alrededores se aglomeró gente en torno a un carro, desde el cual se repartía comida, por lista, registró la periodista María Alesia Sosa. (I)
Llegaron disparando, desde la esquina de allá. Era correr y correr, y disparaban contra los edificios, disparaban a la gente y todo el mundo desesperado metiéndose en los edificios. No sé qué odio nos tienen, venezolanos contra venezolanos... ¡Esto es una guerra!”.Conchita Ramírez,habitante barrio El Paraíso, en Caracas

viernes, 28 de julio de 2017

Rodrigo Tacla el abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”


 El abogado Rodrigo Tacla Durán, el 19 de julio de 2017, en Madrid.

El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el mundo”El exletrado de la mayor contratista de Latinoamérica, investigada por pagar comisiones millonarias a Gobiernos de 12 países, desvela las claves de la trama
 
Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica. 
 
A sus 44 años, este abogado conoce bien los secretos de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha tambaleado los cimientos políticos del continente tras confirmar el pago de sobornos millonarios a Gobiernos de 12 países.

Hasta 2016, Tacla trabajó como letrado del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, la hermética unidad de negocios especializada en comprar voluntades. Campañas electorales, regalos, fiestas, prostitutas… Todo valía para agasajar al político. Como contrapartida, presidentes y jefes de Estado correspondían a la firma con contratos de obra pública, principal fuente ingresos de la mayor constructora de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.

EL PAÍS ha localizado en Madrid a este abogado con nacionalidad hispano-brasileña que fue arrestado el pasado noviembre por orden de un juzgado de Curitiba (Brasil). Tras pasar 72 días en la prisión de Soto del Real —acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal—, se encuentra en libertad provisional. Tacla será juzgado en España después de que la Audiencia Nacional rechazara su extradición a su país natal, Brasil.

La justicia brasileña le reclama por lavar presuntamente más de 12 millones de euros al dictado de la empresa. Y Odebrecht sostiene que le contrató para blanquear las comisiones ilegales.
Tacla lo niega. Argumenta que solo prestó sus servicios durante cinco años. Y que conoció las alcantarillas de la compañía porque "evaluó riesgos" como letrado en aquellos países donde la constructora compró a decenas de políticos.

El abogado, que está colaborando con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía Anticorrupción española, desvela en su primera entrevista las claves del mayor escándalo de América. Una bomba política cargada de metralla que salpica ya a los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia), o Danilo Medina (República Dominicana), y a los exmandatarios Ollanta Humala (Perú) o Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

Pregunta. ¿Cómo actuaba Odebrecht?
Respuesta. La constructora lo arreglaba todo pagando. Repartía comisiones al funcionario más bajo de la Administración y al jefe de Estado.

La conexión española 
Pregunta. La Fiscalía Anticorrupción investiga obras en Latinoamérica de constructoras españolas que integraron consorcios con Odebrecht. Firmas como Acciona, que participó en el metro de Quito (1.400 millones de euros), o FCC, que ha ejecutado el suburbano de Panamá (1.650), están bajo sospecha. ¿Cuál fue el papel de estas empresas?
Respuesta. No le puedo dar detalles porque estoy colaborando con la Fiscalía Anticorrupción española. Sí puedo decirle que la Fiscalía me preguntó si estaba interesado en aportar información a Panamá. Contesté que no tenía ningún problema, siempre que la colaboración siguiera el cauce judicial. No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal [extrajudicial]. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar.

P. ¿Por qué Panamá no quiere seguir la vía convencional de colaboración judicial? 
R. La clave está en la amistad del responsable de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, con el presidente del país, Juan Carlos Varela. Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy.

P. ¿Y cómo se aproximaba al poder?
R. El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana [responsable de las exitosas campañas de los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff]. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno.

P. El político devolvía el favor cuando alcanzaba el poder…
R. Sí. El dirigente incluía en su plan de Gobierno las obras que le interesaban a Odebrecht. La constructora, en algunos casos, asesoraba a los países sobre cómo conseguir financiación a través de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

P. ¿A cuántos funcionarios, candidatos y presidentes sobornó Odebrecht?
R. A más de 1.000. A través de la firma, cobraron desde gerentes de empresas públicas a jefes de Estado. Solo en Brasil hay 500 personas afectadas. Y existen políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres todavía no han trascendido.

P. Odebrecht abonó en 2016 la mayor multa de la historia -2.231 millones de euros- a los Gobiernos de Brasil, Suiza y EE. UU. para poder volver a presentarse a concursos públicos. La constructora reconoció con este acuerdo que desde 2001 repartió sobornos en 12 países. ¿Le consta la existencia de más Estados implicados?
"Hay políticos y altos funcionarios brasileños cuyos nombres no han trascendido todavía"
R. Sí. Por ejemplo, la empresa desembolsó tres millones de euros en enero de 2016 al primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. El pago se hizo a través del diplomático de este país Casroy James. El dinero buscaba que Antigua y Barbuda no comunicara a las autoridades judiciales de Brasil los movimientos en el Meinl Bank, una entidad local adquirida por Odebrecht y que se utilizó para blanquear los fondos de los sobornos.
Aunque Browne recibió tres millones, la operación le costó a Odebrecht 10,5. La mayor parte de ese dinero acabó en el bolsillo de varios directivos de la constructora y del Meinl Bank. La decisión [del presunto soborno de Browne] se adoptó en septiembre de 2015 durante una reunión en el hotel Intercontinental de Madrid a la que yo mismo asistí.
[Browne ha negado a este periódico que recibiera un soborno de Odebrecht. Asegura que nunca ofreció un trato de favor a la constructora e insiste en que colaboró con las autoridades brasileñas en la investigación].

P. ¿Puede explicar cuál era la misión de ese pequeño banco de Antigua y Barbuda comprado por la constructora?
R. El Meinl Bank era una tapadera en ese paraíso fiscal del Caribe. Tenía solo tres empleados en una pequeña oficina. Su sede en São Paulo estaba en el consulado. Era el centro neurálgico desde el que se hacían los pagos irregulares. De ahí se transfería dinero a otros bancos como la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad clausurada en 2015 por corrupción. Mediante pagos internos se evitaba dejar rastro y eludir las huellas de los fondos cuando se incluye el Swift (código de transferencia internacional).

Tacla Durán será juzgado en España
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado rechazar la extradición a Brasil de Rodrigo Tacla Durán al estimar el recurso de súplica del exabogado de Odebrecht. La Sección Segunda de este mismo tribuna,l acordó el pasado 15 de junio extraditar a Tacla a Brasil condicionando su entrega a que ese país preste por escrito garantías de reciprocidad en un supuesto similar de doble nacionalidad.

Ahora, los 17 magistrados del pleno que preside la juez Concepción Espejel acaban de decidir que al tratarse de un ciudadano de nacionalidad española y con base al principio de reciprocidad debe rechazarse su entrega a Brasil. La decisión unánime de los jueces implica que a solicitud de las autoridades brasileñas, Tacla Durán será sometido a juicio en España con la documentación y pruebas que remita la Justicia de Brasil. España se compromete a celebrar el juicio y a comunicar la sentencia.

El acuerdo de los jueces rechaza, en cambio, la mayoría de los argumentos que expone la defensa del exabogado de Odebrecht y afirma que los documentos presentados por la Justicia de Brasil para pedir su extradición por los delitos de cohecho, blanqueo y organización criminal “cumplen todos los requisitos necesarios”. El Pleno añade que, en el Código Penal español, esos hechos “serían constitutivos de los mismos delitos”.

P. ¿Qué papel jugaron en la estructura de blanqueo la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid?
R. La BPA era el banco encargado de los pagos finales. Odebrecht abría cuentas en esta entidad a nombre de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), cargos públicos susceptibles de lavar dinero. La constructora ordenaba transferencias al BPA desde su banco en Antigua y Barbuda. Después, el dinero en el BPA se traspasaba a través de movimientos internos –ajenos a los registros– hasta las cuentas de los beneficiarios.

P. ¿Cuánto gastaba la empresa al año en comisiones ilegales?
R. Cerca de 260 millones de euros. El dinero se movía en efectivo, a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. La constructora, por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario. Y usaba el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denominan los cargos públicos susceptibles de cometer blanqueo. Así se hizo llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
[Una portavoz oficial del presidente Varela manifestó a este periódico que su Gobierno ha expresado su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía de ese país y ha hecho pública, por primera vez, las donaciones que recibió para su campaña].

P. ¿Quién ideó el esquema de lavado de fondos?, ¿quién era el cerebro?
R. No hay un cerebro. Hay un banco como cerebro: el Meinl Bank de Antigua y Barbuda. El empleado del Departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que repartía los sobornos), Luiz Eduardo da Rocha Soares, ideó el sistema. Él fue también el responsable de la compra del Meinl Bank. Había dos directivos de la constructora que eran accionistas de esta entidad en Antigua y Barbuda sin que la empresa lo supiera.

P. ¿Cuántas empresas manejaba Odebrecht en paraísos fiscales?
"Cobraba hasta el conserje. La firma pagó más de 2.200 millones de euros en sobornos"
R. Más de un centenar. Yo llegué a la constructora en 2011. Pero la estructura ya existía desde 2006.

P. El presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión. Junto a él, otros 77 cargos de la empresa colaboraron con la Fiscalía brasileña a cambio de reducir sus penas. Odebrecht ha reconocido el pago de 677 millones de euros en sobornos. ¿Es correcta la cifra?
R. No. Un exdirectivo del Meinl Bank declaró que esta entidad movió 2.200 millones de euros. Y este banco trabajaba en exclusiva para Odebrecht. No tenía clientes normales.
"La empresa intentó regalarle un avión al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. El político no aceptó"

P. ¿Por qué Odebrecht aceptó un acuerdo que suponía un reconocimiento de culpabilidad?
R. Porque existía mucha presión de los empleados. Si los directivos no hubieran accedido al acuerdo, los trabajadores lo habrían hecho individualmente. Y la empresa no habría controlado el proceso.

P. ¿Se pagaron sobornos en especie?
R. Sí. Odebrecht intentó en 2014 regalarle un avión al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. El político lo rechazó. La constructora quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido (el oficialista Cambio Democrático) que concurría a las elecciones generales de 2014, José Domingo Arias, Mimito.
"La compañía enviaba mujeres desde Brasil a fiestas con políticos de República Dominicana y Panamá"
Odebrecht también organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje…

P. ¿Se hacían fotos en esas fiestas?
R. Sí. Y se guardaban. El responsable de Odebrecht en Panamá, André Rabello,sabía cómo utilizar esas fotos. Rabello también manejaba información sobre las esposas y las relaciones extraconyugales de los políticos panameños. La constructora hacía regalos a sus mujeres.
Asistí a una reunión donde Rabello dijo que tenía la confirmación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de que el país no iba a contestar a los requerimientos judiciales de Brasil [sobre el caso Odebrecht].

P. ¿Odebrecht sabía que las esposas y amantes de los dirigentes recibían sobornos?
R. Sí. La constructora arreglaba la vida financiera de las esposas de los políticos. Sobre todo de las exesposas.

La contratista prefería a Lula respecto a Rousseff”
P. En Brasil, Odebrecht ha reconocido el pago de 303 millones de euros en sobornos para recibir contratos de obras por valor de 1.600 millones durante las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff…
R. La cantidad fue mucho mayor. Se desembolsaban 130 millones de euros al año en comisiones. El dinero se entregaba en efectivo y por transferencias. Cobraba hasta el conserje. Los sobornos salpicaron a todos los partidos. De derecha, izquierda… De Gobierno, oposición,… Y no hay solo políticos entre los beneficiados… La empresa apostaba. Por ejemplo, en la pugna entre Lula y Dilma, Odebrecht preferió a Lula.

P. La firma ha confirmado que en Colombia abonó 10 millones de euros en sobornos para recibir contratos por valor de 43 millones entre 2009 y 2014, ¿es correcta esa cantidad?
R. No conozco a fondo el caso de Colombia, como tampoco tengo detalles de la situación en Argentina, Perú, Venezuela o Guatemala. Pero las cifras de Colombia reconocidas por la empresa son muy bajas. No creo que Odebrecht tuviera una estructura en el país por solo 43 millones de euros.

P. Y en Ecuador, la constructora ha admitido que destinó 29 millones de euros a comisiones ilegales para obtener contratos por valor de 100 millones durante el mandato del presidente Rafael Correa (2007-2017). ¿Qué dirigentes ecuatorianos están implicados?
"Odebrecht pagó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela"
R. Acabo de responder en España a una comisión rogatoria -solicitud de auxilio judicial entre Estados- de Ecuador. He informado de que el exministro de Electricidad del Gobierno de Rafael Correa Alecksey Mosquera cobró una comisión de 870.000 euros a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde tuvo una cuenta. Desconozco porqué Mosquera cobró esa comisión.
[La Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención de Mosquera en abril de 2017 por recibir presuntamente sobornos de Odebrecht].

P. ¿Qué nos puede decir de México?
R. Pues que Odebrecht creía que el presidente de México iba a ser el exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Y le gustaba esa idea. La constructora tenía mucho interés en Lozoya.

P. Odebrecht ha reconocido que pagó 51 millones de euros en sobornos a oficiales del Gobierno de Panamá entre 2010 y 2014, ¿es correcta la cifra?
R. La cantidad es mayor. La firma corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones generales panameñas de 2014: el oficialista José Domingo Arias y su adversario, el actual presidente, Juan Carlos Varela. Apostó por los dos.
La constructora también abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de Varela. El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong.
"Mi testimonio puede afectar a muchas personas poderosas en el mundo"
Cuando Varela era vicepresidente (2009-2014), se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema empresarial en EE. UU. y temió que se le investigara.

P. La constructora ha reconocido el pago de 80 millones de euros en comisiones ilegales en República Dominicana, donde captó contratos por valor de 142 millones, ¿quiénes se beneficiaron de estos sobornos?
R. Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Y recomendó a Medina al publicitario João Santana. Además, Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, decidió en 2015 trasladar el departamento de Operaciones Estructuradas (la oficina que pagaba los sobornos) desde São Paulo a Santo Domingo. La finalidad era tener mayor control ante posibles operaciones policiales e investigaciones.

P. ¿Ha recibido amenazas en EE. UU. o España?
R. Sí, a través del teléfono y las redes sociales. Me exigían que me callara. Mi madre también ha sido amenazada. He denunciado esta situación ante las autoridades de España y de EE. UU.
[Tacla muestra un mensaje de WhatsApp de su madre con el siguiente texto: “Hijo, que me están amenazando por teléfono. Que dicen que te tienen atado. Que es un atraco. Que quieren joyas, dinero, para que te liberen…Son las tres de la mañana…].

P. ¿Cree que altos funcionarios y gobernantes de Latinoamérica temen su confesión?
R. Sin duda. Mi testimonio puede afectar a muchas personas poderosas en el mundo.

Tacla: “Nunca pagué a políticos. Jamás”

Rodrigo Tacla afronta la acusación de haber blanqueado más de 12 millones de euros en cinco años para Odebrecht. Según dos directivos de la compañía brasileña UTC, envuelta en el llamado caso Petrobras, el letrado levantó una constelación de empresas para blanquear los fondos de la constructora que acababan en sobornos.
Tacla dice que puede aclarar hasta el último céntimo de su patrimonio. Y, como ejemplo, indica que está colaborando con las autoridades helvéticas para justificar sus cuentas en Suiza. Añade que su principal depósito, 13 millones de euros en una entidad de Singapur, procede de la venta de un negocio de telefonía. Y afirma que Odebrecht le pagó en seis años 7,7 millones de euros por sus servicios como abogado. De padre y abuelo gallegos, Tacla tiene la nacionalidad española desde 1994.

P. Usted fue arrestado en un hotel de Madrid el 18 de noviembre de 2016, dos días después de aterrizar en España. Le detuvieron por orden de un juzgado de Brasil que le acusa de los supuestos delitos de cohecho (soborno), blanqueo y pertenencia a organización criminal, ¿por qué vino a Madrid? La Audiencia Nacional afirma que usted huyó de Brasil.
R. No hui de Brasil. Llegué a Madrid para asistir a la inspección de Hacienda de mis dos empresas españolas. Tras estallar el caso Odebrecht, las autoridades de Brasil y la constructora intentaron presionarme para que me sumara al acuerdo, un documento que suscribieron 78 directivos de la compañía y que supuso reconocer delitos a cambio de una reducción de pena y una multa. En mi caso: seis meses de arresto domiciliario con pulsera, servicios comunitarios y una sanción de hasta 12 millones de euros. Odebrecht ofreció pagarme 15 años de nómina si aceptaba el acuerdo. Me negué por una cuestión de principios.
Mientras hablaba con el Departamento de Justicia en Washington, Brasil reclamó mi arresto en julio y septiembre de 2016. EE. UU., sin embargo, no me detuvo. No quiero traicionar a nadie.

P. La Audiencia Nacional ha decidido no extraditarle a Brasil, ¿por qué quiere quedarse en España?
R. Los fiscales de Brasil quieren que reconozca crímenes que no cometí. No han respetado mis derechos como abogado. Además, quieren atribuirme delitos por información que recabé en mi condición de letrado. Me imputan delitos sin pruebas, basados en declaraciones. No ha existido investigación policial.

P. ¿Qué papel jugaron en el pago de comisiones sus nueve sociedades?
R. Ninguno. Nunca pagué a políticos. Jamás.

P. Una de sus empresas en España, Vivosant, recibió en 2010 un total de 10 millones de euros de una firma vinculada a Odebrecht a través del banco Pictet de Singapur. ¿Qué tiene que decir al respecto?
R. Es falso. Esa cantidad corresponde a la venta de una empresa de telefonía. Ya he aportado los detalles del pago a la Fiscalía Anticorrupción española.

P. La compañía asegura que usted fue contratado para una misión: evadir capitales.
R. Odebrecht dice que yo me dedicaba a transformar fondos en efectivo. Nunca retiré dinero en efectivo.


martes, 25 de julio de 2017

25 de julio, fundación de Santiago de Guayaquil



wikipedia.org/fotografia radiok1.com
asoecuador.org       

La fundación de Guayaquil fue un proceso de conquista española en la actual región litoral de Ecuador, con lo cual, después de varios traslados y conflictos con pobladores nativos de culturas precolombinas, quedó definitivamente fundada la ciudad de Santiago de Guayaquil.

El proceso fundacional ocurrió tras el ingreso de Diego de Almagro a la serranía norte del antiguo Tahuantinsuyo de los incas, enviado por el marqués Francisco Pizarro desde el Cuzco, con el objetivo de acelerar la colonización de estos territorios y fortificarlos para contrarrestar la eventual invasión del adelantado Pedro de Alvarado, quien venía desde América Central. Almagro fundó la ciudad de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534, cerca de la actual localidad de Riobamba en Ecuador. Tras las negociaciones entre Almagro y Alvarado, la ciudad de Santiago tuvo que ser trasladada a otro sitio, ya que no cumplía con los requisitos impuestos por el rey de España en la Real Cédula expedida el 4 de mayo de aquel año, con lo cual se designó la salida de dos expediciones.

La primera expedición tomó rumbo norte y fundó la villa de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de ese mismo año por Sebastián de Benalcázar. A mediados de 1535, salió la otra expedición con destino hacia el litoral, sin embargo, tomaron rumbo sur de vuelta a Piura. Benalcázar agrupó a varios hombres y provisiones para zarpar vía marítima al golfo de Guayaquil y remontar el río Guayas para trasladar la ciudad de Santiago de esta región.

Los nativos de la región fueron el principal obstáculo del establecimiento de la ciudad, ya que opusieron resistencia varias veces ante la presencia de los españoles. La población fundada por Benalcázar a finales de 1535 fue destruida por incendios provocados por los chongos; luego su reconstrucción y traslado en manos de Hernando de Zaera en 1536 también fue atacada en muchas ocasiones, dejando bajas importantes en la población; después, en 1542 el capitán Francisco de Orellana ordenó y ejecutó el traslado de la ciudad a otro sector, sin embargo, tras su salida se llevó consigo a varios soldados dejando desprotegida a la población, por lo cual Diego de Urbina mudó nuevamente Santiago a otra ubicación. Los huancavilcas asolaron nuevamente a los pobladores, quienes se vieron obligados en 1543 a trasladarse cerca del primer asentamiento de Benalcázar. Por último, debido a las guerras civiles entre españoles, se decidió trasladarla definitivamente en su actual ubicación al margen occidental del río Guayas.

viernes, 14 de julio de 2017

Ecuador destapa las deudas ocultas de la gestión de Rafael Correa


Rafael Correa en su salida de Ecuador rumbo a Bélgica

elpais.com

El Gobierno de Rafael Correa dejó a Ecuador con una deuda de 27.871 millones de dólares, según la cifra oficial que el expresidente legó a su sucesor, su copartidario de Alianza PAÍS Lenín Moreno.

Pero en los primeros 50 días del nuevo Gobierno han ido apareciendo montos pendientes desconocidos hasta ahora. La suma agregada ya va por los 41.893 millones de dólares y, según distintos analistas, se queda corta para lo que el país sudamericano tiene pendiente de pago.

El expresidente aseguró en su despedida que dejaba “la mesa servida”, “sin sobresaltos” y “con la mayoría de problemas resueltos”. Pero el legado económico de los 10 años del Gobierno de Correa se ha revelado como más complicado de lo prometido.

En medio de una brecha creciente entre la pasada y la actual Administración, Moreno ha anunciado: “No hay tal mesa servida, esa es la pura y neta verdad”. El presidente ecuatoriano ha declarado públicamente que “se podía haber sido un poquito más mesurado en dejar cuentas en mejores condiciones”, con lo cual aumenta el distanciamiento con su antecesor.

En sus últimos dos años, Correa se enfrentó a una caída de precios del petróleo con una economía dolarizada —que no permite ajustes monetarios— y fuertemente dependiente de las materias primas.
Según las estadísticas oficiales y las facturas pendientes reveladas, la crisis prácticamente se comió lo generado por el país en su más larga etapa de bonanza económica.Los 27.871 millones de dólares de deuda oficial no incluían en su metodología de cálculo las cuentas pendientes del Estado con instituciones públicas porque, según se explicó entonces, no tiene sentido contar como deuda lo que el Estado le debe al Estado, aunque sean entes públicos diferentes.

Eso permitía manejar un monto que no excedía el límite constitucional del 40% del PIB. Pero al tomar en cuenta la deuda externa y la interna, la cifra sube a casi 42.000 millones de dólares (el 42% de la economía nacional) y sigue sin incluir impagos de la gestión anterior.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, reconoció que Ecuador debe a empresas petroleras en torno a 2.000 millones de dólares por los servicios de explotación que no han podido pagarse en los últimos años, incluidos 1.000 millones pendientes con Schlumberger cuyas fórmulas de pagos están ahora sobre la mesa de negociación.

El país entró en mora con las petroleras debido al modelo de contrato, cuestionado por Pérez, donde se paga a las privadas un precio fijo por barril extraído que no toma en cuenta si el crudo se abarata o se encarece.

Durante los años dorados del petróleo, este modelo benefició al país, pero desde 2014 ha ido sumando pendiente a las cuentas estatales. Tampoco se pueden dejar fuera los 1.500 millones comprometidos como anticipos petroleros con China y Tailandia a cambio de préstamos.También se han desempolvado pendientes en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.

El ministro de Trabajo, Raúl Clemente Ledesma, ha estimado en los últimos días que se debe a jubilados del sector público más de 1.100 millones de dólares. Se ha pedido un préstamo a organismos multilaterales de 150 millones de dólares para poder pagar cuanto antes a los mayores de 70 años, discapacitados y a quienes sufran enfermedades catastróficas.

Para los demás, se permitirá el pago a través de bonos. A la Seguridad Social, el Estado le debe unos 7.000 millones de dólares correspondientes a bonos del Estado que el organismo ha ido comprando para dar liquidez a la caja fiscal. Pero no es lo único.

La Contraloría General del Estado —el ente que fiscaliza al sector público— ha añadido a ese monto otros 2.800 millones de una deuda que el Gobierno de Correa había borrado de las cuentas del Instituto Ecuatoriano de la (IESS) porque, según indicaron las autoridades en su día, no estaba bien cuantificada ni sustentada en documentos.

El órgano de control invalidó la decisión y ha obligado al IESS a incluirla en sus facturas pendientes de cobro, pese a que el Ministerio de Finanzas sigue cuestionándola. Pese a estas actualizaciones, los analistas aseguran que el agujero pendiente sigue siendo más alto de lo que se conoce.

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas en los primeros años del Gobierno de Correa, recuerda que hace un mes, el Banco Central de Ecuador aceptó como dación en pago acciones de entidades bancarias estatales a cambio de reducir la deuda que el Gobierno acumuló desde finales de 2015 a través de bonos.

El BCE, a priori inhabilitado por naturaleza a hacer préstamos, fue comprando papel de Finanzas como mecanismo para inyectar liquidez a la economía. Para este, la deuda de Ecuador asciende a no menos de 46.000 millones de dólares.

Una deuda de 56.000 millones de dólares
Sara España
Para Alberto Acosta Burneo, asesor económico y editor de la revista Análisis Semanal, no se pueden dejar fuera los cerca de 350 millones de dólares que se pidieron prestados al FMI el año pasado para que ayudaran a la reconstrucción del terremoto en el norte del país y que finalmente también se incorporaron al flujo de liquidez. Tampoco otros papeles del Estado (certificados de tesorería y títulos del Banco Central) que se adeudan a contratistas del Estado, municipios y gobiernos provinciales y otros entes privados. En total, calcula Acosta, hacen falta recursos para cubrir una deuda de 56.000 millones de dólares.

miércoles, 12 de julio de 2017

"Si el Ministerio Interior nos impide entrar en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), significaría una ilegalidad y una insensibilidad"

Mauricio Valiente, concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, explica los detalles del plan con el que el Consistorio pretende vaciar los CIE

eldiario.es

Varios son los flecos sueltos de la estrategia presentada esta semana por Manuela Carmena para vaciar el CIE de Aluche. El más importante, del que está pendiente el Consistorio para iniciar su implementación, es el permiso del Ministerio del Interior. El Ayuntamiento quiere entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros que aspira a ver cerrado. "No pretendemos actuar en los CIE para ser cómplices de un dispositivo que no cumple la propia normativa, sino para acabar con ellos", afirma Mauricio Valiente en una entrevista con eldiario.es.
El concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, encargado de coordinar la elaboración del plan resultante de la mesa de trabajo sobre CIE [que se discutirá en el Pleno el próximo 20 de julio], explica los pormenores de la estrategia con la que el Consistorio de Madrid busca plantar cara a unos centros que, además de "crueles", considera "inútiles".
¿Por qué el Ayuntamiento ve necesario realizar este plan de intervención en los CIE?
Había un emplazamiento desde las elecciones de solicitar su cierre. Cuando empezamos a abordar la iniciativa que queríamos llevar al pleno nos dimos cuenta de que había varias vías. Pedir su cierre y punto, que es una posición ética clara.
Y otra opción, que es la que hemos escogido: desde una posición clara de exigencia del cierre de los CIE, hacer un estudio detallado de cómo se puede mejorar la situación personal de quienes están sometidos a un proceso de expulsión.
También creo que el papel de las ciudades puede ser muy significativo. Ya ocurrió con Málaga, donde una posición unánime del Pleno llevó al cierre del CIE de Capuchinos. Creo también que nuestra actuación emplaza al Gobierno central a un replanteamiento de lo que está ocurriendo. Le estamos poniendo alternativas. Con este tipo de iniciativas, se desmonta su forma de pasar por alto el sufrimiento de quienes son internados en los CIE. Emplazamos al Gobierno de que no siga actuando con esta insensibilidad ante lo que es un sufrimiento muy grande, como lo acreditan los informes de diferentes organismos .
Más allá de mejorar las condiciones de los CIE, ¿cuáles son las alternativas a estos centros defendidas por el Ayuntamiento de Madrid?
Lo primero que hay que recordar es que la Ley de Extranjería no establece el internamiento como carácter general, sino como una excepción, pero la práctica oficial ha sido la inversa, y la norma es el internamiento.
Para que el juez, que es el que ordena el internamiento, pueda valorar esas medidas alternativas, tiene que tener sobre la mesa la situación social de esa persona: vínculos familiares, arraigo, elementos fundamentales a tener en cuenta para decretar el internamiento y que, sin embargo, muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas veces los juzgados lo ordenan de forma automática sin estudiar cada caso.
Esa labor ya la estamos haciendo cuando se nos pide y, ahora, planteamos sistematizarlo, ordenarlo y acercarlo. Facilitar la labor de los jueces para que puedan evitar el internamiento. Es una primera medida inmediata que, con la colaboración de todos, podría suponer un gran avance.
Segundo lugar, el Ayuntamiento tiene servicios habitacionales a disposición de personas en situación de vulnerabilidad que puede ofrecer a personas a las que se el juzgado asigne un lugar de residencia obligatorio, que es otra de las medidas a las que puede optar La necesidad de que permanezcan en Madrid para que, cuando sean citadas, puedan comparecer. Es un esfuerzo que hacemos para que estas personas no sean privadas de libertad.
¿Están planteando viviendas de libertad restringida?
No, en absoluto. Eso dependerá de lo que el juez quiera hacer. No significa que nos convertimos en vigilantes de la otra persona, sino simplemente en ofrecer unos recursos que puedan permitir al juez aplicar otras medidas que eviten el internamiento en un CIE.
Ponemos a disposición de los jueces viviendas municipales para cualquier medida alternativa que el juez quisiera adoptar, como puede ser el establecimiento de una dirección concreta adonde recibir las notificaciones, o la realización de informes periódicos para constatar que la persona sigue residiendo en la ciudad de Madrid. Se pretende que esa persona, cuando se estudie su expulsión, esté localizable. Cualquier mecanismo que le permita estar localizable evitará el sufrimiento del CIE.
En todo caso, lo que nosotros ofrecemos es el recurso social. El control en el procedimiento sancionador es algo que depende del Ministerio del Interior y de los jueces. Nosotros somos contrarios al internamiento por lo que no tendría sentido que participásemos en algún tipo de dispositivo que nos convirtiera en represores.
Lo que queremos es no dejar excusas y poner facilidades a los jueces para dictar medidas alternativas. La restricción de movimiento, la retención de la documentación... Se trata de llevar al ámbito de la extranjería algunas alternativas a la privación de libertad que ya se aplican, aunque en ámbitos penales, no administrativos.
En la práctica, ¿cómo van a acercar a los jueces los informes sociales en cada caso?
Planteamos un trabajo en varias direcciones. Uno, en colaboración con la Federación española de Provincias y Municipios, porque la mayoría de personas internadas en el CIE de Madrid proceden de otras ciudades.
Si hay una buena coordinación, se pueden pedir informes de arraigo para impedir la detención y el internamiento. Por otro lado, a través de los jueces de los decanatos de los juzgados, establecer un mecanismo de inmediata puesta a disposición de la información que podemos tener los municipios para que puedan valorar en toda su amplitud la situación de la persona.
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una 'tarjeta de vecindad' que puedan portar los ciudadanos en situación irregular, para que ellos mismos lleven consigo esa información sobre arraigo en caso de detención.
Este tema es más amplio que el internamiento. Nosotros lo estudiamos para el acceso al resto de recursos municipales y derechos fundamentales. Este asunto está bastante avanzado y quizá a primeros del año que viene tendremos la propuesta preparada.
¿Por qué es importante que trabajadores sociales del Ayuntamiento estén dentro de los CIE?
Para dar continuidad a esta labor que estamos haciendo. En el documento establecemos un trabajo, previo, en el interior y posterior. Un informe social es muy poderoso para evitar el internamiento. Pero en ocasiones los abogados no llegan a tiempo a presentar un buen informe que acredite el arraigo para evitar el encierro en el CIE. La sistematización y el seguimiento de los casos permitir la liberación de personas que no deberían haber entrado.
Se trata de reforzar lo que ya llevan años haciendo algunas organizaciones sociales. Si se eleva al ámbito municipal, creemos que se puede combatir un internamiento, con todo lo que conlleva de daño psicológico que conlleva.
Eso supondría que trabajadores municipales sean testigos de lo que ocurre en unos centros que siempre se han calificado de poco transparentes.  ¿Creen que Interior va a permitirlo?
Si nos hemos ido más allá de una declaración formal es porque confiamos en que podemos cambiar las cosas. El tema es que incluso los CIE actuales no cumplen ni si quiera la propia normativa, que ya de por sí nos parece injusta. Cumplirla supondría que solo se tienen que restringir los derechos que sean estrictamente necesarios para el objeto sancionador. Por ello, nosotros vamos a hablar con el Ministerio. Manuela Carmena ha pedido una cita con el ministro del Interior para decirles:  "Cada uno tiene su visión, no nos vamos a poner de acuerdo pero, aún así, queremos ayudar".
Creemos que la ley nos ampara, porque esta situación no puede perdurar. Yo de antemano no puedo prejuzgar lo que nos va a responder Interior, en todo caso tendrían que dar explicaciones. Porque, insisto, el Ministerio no puede mirar hacia otro lado cuando se le está ofreciendo alternativas concretas que son legales y evitan el sufrimiento de la gente. No quiero anticiparme. Espero que respondan. Si actúan con legalidad y humanidad creo que abrirán esta oportunidad. Los CIE han demostrado que, a parte de ser una  máquina de generar daño, son inútiles.
¿Qué significaría que el Gobierno se negase permitir su entrada en el CIE?
Significaría una ilegalidad. Una gran insensibilidad, un desprecio hacia los derechos y libertades básicas de las personas. Nosotros vamos a aprovechar todas las vías a nuestro alcance para reclamar esa administración consciente del Ministerio y del Gobierno.
Esperaremos la respuesta del ministro. Si este mecanismo se pone en marcha con su colaboración, lo desarrollaremos en todos sus extremos. Si no, vamos a reunirnos con los representantes de los jueces, con la Federación de Provincias y Municipios, el servicio de asistencia de los tribunales.
Si finalmente Interior les permite entrar en el CIE, ¿denunciarían las vulneraciones de derechos humanos y abusos que puedan cometerse por parte de la dirección del centro?
Nosotros nunca como Ayuntamiento vamos a participar en un mecanismo que vulnere los derechos humanos. Si participamos y nos ofrecemos a intervenir es para facilitar la vida de personas que ya están siendo vulneradas. Por supuesto, si la finalidad para la que nosotros nos metemos en el CIE no se cumple, o si detectamos violaciones de derechos humanos, lo denunciaríamos sin lugar a dudas.
Porque no vamos a ser cómplices de un dispositivo que no cumple la propia normativa. Queremos acabar con los CIE y estamos poniéndonos a disposición de la sociedad para buscar una alternativa a una medida que no nos gusta.
Las ONG defienden como medida alternativa al internamiento, la mejora de los procesos de regularización. ¿Qué van a hacer al respecto?
Es fundamental. Muchas veces encontramos que los servicios municipales no se utilizan por parte de las personas en situación irregular y esto no debería ser así. Para acceder a cualquiera de las vías de regularización, es fundamental un informe de arraigo, capacidad de formarse profesionalmente… Y eso es precisamente lo que queremos reforzar y acercar.
Normalmente los CIE han servicio como una maquinaria de expulsión. Queremos intervenir en esta materia para reforzar la vía de la inclusión.

lunes, 10 de julio de 2017

Europa gana 1,5 millones de habitantes gracias a la inmigración

 elpais.com

En la Unión Europea mueren más personas de las que nacen. Solo la inmigración impide que el bloque comunitario pierda población. La UE ganó 1,5 millones de habitantes en 2016 (hasta los 511,8 millones), según los datos difundidos este lunes por Eurostat, la oficina estadística europea. Todo el crecimiento obedece a llegadas netas del exterior (una vez restados los extranjeros que abandonan el país para ir a otro territorio). Alemania, Reino Unido y Suecia encabezan la lista de países que más residentes atrajeron. Les sigue España, con algo más de 89.000 inmigrantes nuevos.
Europa dio los primeros signos de agotamiento a principios de 2016, cuando por primera vez se registraron más fallecimientos que nacimientos. Pero las nuevas incorporaciones (casi dos millones de personas) compensaron con creces esa pérdida natural de población. Las cifras de enero de este año confirman esa tendencia: el número de nacimientos (5,11 millones) y de muertes (5,13 millones) está prácticamente igualado, pero los inmigrantes ganan peso (aunque en un volumen menor que el año anterior).

El patrón de nacimientos coincide a grandes rasgos con el de los últimos años. Irlanda, Suecia, Reino Unido y Francia se sitúan a la cabeza de Estados con mayor proporción de nuevos bebés sobre la población. Por el contrario, los países sureños (Italia, Portugal, Grecia y España, con menos ayudas públicas a la natalidad) figuran a la cola.

La inmigración se consolida como una variable decisiva en las cifras europeas de población. Alemania, el gigante económico de la UE y también el más poblado (82,8 millones de personas), acogió a 774.000 personas el año pasado, según las cifras desglosadas de Eurostat. Reino Unido, que ha convertido el freno a la inmigración en su principal bandera política, registró a 248.000 extranjeros más. Y Suecia, el país más demandado entre los solicitantes de asilo, junto con Alemania, se acercó a 118.000.

El concepto de inmigrante en esta estadística incluye a todo extranjero —de otro país de la UE o de un tercer país— que haya residido en un Estado miembro determinado durante los últimos 12 meses (o que tenga la intención de hacerlo en los próximos 12). Es decir, el extranjero debe tener algún tipo de residencia habitual en ese país, según explican los expertos de Eurostat. Algunos países identifican ese concepto con residencia legal (no todos). En las cifras de población están también incluidos los refugiados que hayan mantenido este estatus al menos un año. Prácticamente la mitad de los Estados incluyen también a quienes lo han solicitado pero aún no han obtenido respuesta.

Cambio de rumbo en España

Pese a que España no figura entre los países que más refugiados acogen, los datos conjuntos de inmigración arrojan un cambio de rumbo radical desde el año pasado. Los 89.126 nuevos extranjeros que se comunicaron oficialmente entre enero de 2016 y enero de 2017 representan el cuarto incremento más elevado de la UE. El dato contrasta enormemente con la senda experimentada durante los años de la crisis, cuando muchos extranjeros abandonaron el país en busca de oportunidades laborales en otros territorios. El crecimiento más reciente supone el primero registrado desde 2011 y contrasta con los 7.490 inmigrantes netos que todavía perdió España en 2015. La ganancia de 2016 excede la registrada —por separado— en Holanda, en Austria y en Francia.

Muchos expertos han alertado en los últimos años de que la pérdida natural de población en la UE requiere una incorporación constante de migrantes para evitar carencias de mano de obra en algunos sectores. “Al tiempo que se cierra la puerta trasera para la inmigración irregular a la UE, los Estados miembros deberían abrir la puerta delantera a la migración legal por motivos laborales, creando más oportunidades de empleo para ciudadanos no comunitarios”, recomienda el CEPS, uno de los principales laboratorios de ideas de la UE, en un reciente informe sobre migración.

También la Comisión Europea ha recomendado —tímidamente— abrir canales legales a la migración, pero el carácter altamente inflamable que ha adquirido este debate en los últimos tres años ha silenciado la propuesta.

Así se sobrevive en el barrio más pobre de España


elpais.com

Jesús Martínez tiene 55 años. Empezó de recadero y llegó a ser suplente en labores administrativas de una empresa de Sevilla hasta que el alcohol y el paro se le cruzaron en el camino. Hace 20 años que se separó y terminó en Los Pajaritos, el barrio más pobre de España, según el índice Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Alquiló un piso de 40 metros cuadrados por el que ahora paga 300 euros al mes y que casi se come los 426 euros de ayuda que recibe. Su hija es camarera y le da algo alguna vez. Ha visto tres atracos en locales cerca de su casa, muchas reyertas y también días de calma, cuando la miseria se sobrelleva. Conoce a vecinos traficantes “de todo”, según dice, prestamistas, chatarreros y obreros. “Si no te metes, no pasa nada”, afirma resignado.
La situación este año es igual o peor”, asegura Francisco José Chacón, residente del barrio y monitor deportivo de la asociación Candelaria, uno de los corazones que, con ayuda de la Obra Social La Caixa y Cáritas, entre otras entidades, impide que el barrio se ahogue en su propia pobreza.
Los datos le dan la razón. Los Pajaritos (parte de Tres Barrios-Amate, según la denominación municipal) tiene este año unos ingresos medios anuales por hogar de 12.307 euros. El pasado ejercicio, cuando también fue el barrio más pobre, esa cifra era de 12.614 euros. 

Tras el umbral de la pobreza

Javier Cuenca, responsable en Andalucía de Save The Children, advierte de que esos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza previsto en la Encuesta de Condiciones de Vida (13.133 euros) y son los que soportan las familias de los más de 2.300 niños que atienden en estos días de verano para evitar que se queden solos o en las calles.
María José Herranz, compañera de Chacón, no duda de que la clasificación del barrio como el más pobre sea correcta y advierte que lo peor es la gente que “llega a creer que es normal cómo viven”. Aunque las cifras oficiales sitúan el paro en índices cercanos al 40%, Herranz asegura que la cifra real es del 80%, ya que muchos ni siquiera se inscriben en la cercana y saturada oficina de Empleo.
Las 21.000 personas de más de 15 nacionalidades que habitan el barrio sobreviven, en gran parte, al margen de la economía oficial. La mayoría, de los 426 euros de ayuda del Estado. A eso le suman “chapuzas”, ingresos por limpieza de casas, venta ambulante, chatarra y hasta de rifas particulares: venden boletos a un euro y sortean cinco litros de aceite, detergente y todo tipo de bienes.
Casi todos viven al día, según comenta Herranz, quien destaca cómo muchos tienen diseñado un itinerario de avituallamiento por las distintas entidades y organizaciones de ayuda para asegurarse las tres comidas. La asociación Candelaria y Save the Children dan desayunos a los niños, se los llevan de vacaciones o a actividades de ocio alternativo.
Esa es la gran mayoría del barrio. Pero hay otra parte clandestina que se dedica, según admiten los dirigentes vecinales, a traficar con droga, a vender armas y hasta la usura. En los locales que presta la iglesia del barrio a las asociaciones llegó a solicitar ayuda una mujer que pidió 1.500 euros y acumuló una deuda con su prestamista de 30.000.
El tráfico de estupefacientes registró el pasado abril uno de sus sucesos más dramáticos. Un joven murió, otro quedó en estado crítico y otros dos resultaron heridos graves al estallar una fábrica de droga instalada en una habitación de su casa de Amate. Los combustibles almacenados en un pequeño habitáculo sellado para elaborar las sustancias crearon una bomba mortal.
En el barrio falta de todo. La Iglesia de Amate hace de centro cívico y las asociaciones como Candelaria luchan por cada pequeña cosa que necesitan: ropa para los campamentos de los niños, a los que muchos acuden con una sola muda, ordenadores para poder realizar gestiones a los vecinos, y hasta labores de control y vigilancia para impedir el absentismo escolar, que afecta a un 20% de los niños. 

El estrés de la miseria

Los monitores de Save The Children llevan la asistencia integral de las familias e incluyen ayudas para comprar productos de higiene, contratos para asegurarse el cumplimiento de los compromisos educativos y hasta asistencia psicosocial a los padres para gestionar el estrés de la pobreza. “A los niños se les cuenta que se ha vuelto a ir la luz, no que no se ha pagado el recibo, o que hay otra vez espaguetis porque no se ha podido ir a la compra”, explica Cuenca, quien destaca que, pese a las condiciones compartidas de carestía, la red vecinal funciona. “Una mujer vende en el mercadillo del Charco de la Pava [los aparcamientos de la Expo de hace 25 años] las cosas que le llevan los vecinos porque no tiene ni para comprar lo que ofrece”, comenta.
Los padres son muy jóvenes. En Candelaria, que lleva 35 años trabajando en el barrio, cuentan con parejas de 23 años que tienen ya dos hijos. Las casas más grandes pueden llegar a 60 metros cuadrados y hay algunas que albergan entre siete y ocho personas de una familia. Muchos enganchan el agua o la luz de donde pueden.
Lo peor, según Herranz, es que los padres no asuman la importancia de la educación de sus hijos. Siete de cada diez no tiene formación académica y no creen que vayan a salir del pozo por estudiar. “Casi todo nuestro esfuerzo es para eso, para que los niños se eduquen y encuentren una salida. Pero no para dejar el barrio, sino para que este se transforme. Hay historias de éxito. Soy optimista”, señala Herranz.
Andrés Ceballos es monitor de Save The Children y asegura tajante que sus estudiantes, lejos del entorno de riesgo de exclusión, tendrían un futuro prometedor. Ha estado trabajando con niños de todas las condiciones sociales y afirma que todos tienen los mismos sueños de vida. “La única diferencia, es que los de familias desfavorecidas son 10 veces más cariñosos, una vez que se flanquea la barrera de la confianza, y están poco acostumbrados a una vida ordenada y rutinaria”, comenta.

domingo, 2 de julio de 2017

Arqueología y playa en el norte de Esmeraldas, Ecuador


Playa Africa, Provincia de Esmeraldas, Ecuador.- foto Marcel Bonilla

asoecuador.org

En playa África, en el norte de Esmeraldas, la actividad turística se desarrolla alrededor de la arqueología, en esta zona de la parroquia Montalvo, en el cantón Rioverde, la presencia de restos arqueológicos atrae a los turistas, sobre todo extranjeros. Arquímedes Simisterra, quien es guía turístico de este destino, conserva un museo con cerca de 6 000 piezas, encontradas en la playa, hace más de 30 años. Este coleccionista posee piezas del Período Formativo, como son las de la cultura Chorrera (1 800 a.C. - 300 a.C.); del período de Desarrollo Regional, con las piezas de la cultura Tolita (600 a.C. - 300 d.C.).

Es interesante encontrar un museo en la playa para conocer más de Esmeraldas”, señala Rogelio Sotomayor, un turista colombiano que visita las playas cada año. La cultura Tolita tuvo su asentamiento con mayor fuerza en Pampa de Oro, una zona del cantón Eloy Alfaro, donde hay réplicas de tolas, urnas funerarias y un museo con más de 3 000 piezas. En el museo de playa África están figuras antropomorfas, vasos, ollas, cerámicas, armas y herramientas de piedra y fósiles. Las piezas fueron descubiertas en 1987 en el recinto África.

El museo construido con madera rústica está sobre una loma llamada San Rafael, donde vive Simisterra. En el lugar también hay alojamiento para los turistas y se ofrece el servicio de alimentación típica y hecha con mariscos.

Las historias de las culturas que habitaron en Esmeraldas y la presencia del pueblo afro son contadas por Simisterra, mientras realiza el recorrido. También narra leyendas sobre las cuevas en las playas. África tiene pocos habitantes y casi todos están involucrados en el turismo comunitario cultural; ellos promocionan la actividad en la playa y los manglares.

Hacen recorridos por la playa, desde donde se observan peñones y la actividad pesquera artesanal de los afroesmeraldeños. Hasta este balneario, propicio para el descanso, se llega por un camino lastrado que está antes de ingresar a la población de Montalvo, por la ruta del Spóndylus. Se accede a pie o en carro 4x4, en invierno.

También hay acceso por la población de Bocana de Ostiones, caminando por la playa con la marea baja, y en lancha con marea alta; en ambos casos los turistas pueden disfrutar del paisaje y las historias de la cultura Tolita.

Desde el mar se observa la playa de 1 kilómetro de extensión, con una vegetación caracterizada por varias especies de bromelias y manglar blanco y rojo. Los paseos turísticos cuestan USD 5 por persona. También se aprecia la fauna exótica: gaviotín piquigrueso, gaviotín real, gaviotín elegante, fragatas, pelícanos pardos, playeros y cangrejos azules (sobre el arrecife).

Esta playa se ubica a 4 km de Montalvo y a 30 km de Rio Verde. Marco Riofrío, ex director de Turismo del Municipio de Rio Verde, explica que ese balneario es ideal para el descanso y se desarrollan actividades como fútbol, caminatas, natación y pesca deportiva. El turismo histórico se combina con la cocina ancestral (tapa’o de pescado), pues es un pueblo de pescadores que ofrece platos preparados con mariscos, en pequeñas ramadas, junto a la playa.

En los últimos años se ha registrado un incremento en la cantidad de turistas extranjeros, según Simisterra. En la población de África, el Municipio ha realizado campañas de promoción para que los turistas del país opten por una manera distinta de hacer turismo, conociendo la historia cultural de Esmeraldas.

Servio Toro, relacionista público de ese ayuntamiento, asegura que se trabaja en un plan que implica el diseño de una ruta turística, que combine lo cultural y lo gastronómico de la zona. También se elaboran trípticos con información de la playa África, con textos en inglés y español, para mostrar las bondades a los extranjeros, especialmente.