jueves, 23 de febrero de 2017

RAFAEL CORREA, RESIDIRÁ EN BÉLGICA

Elecciones en Ecuador










Rafael Correa advirtió este miércoles de que en caso de que gane la oposición en la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador no tendría inconveniente en regresar a la primera línea de la política. El mandatario en funciones asegura que tiene previsto dejar el país e instalarse en Bélgica tras una década en el poder. Pero dejó claro que no descarta volver si los electores no avalan finalmente, en la próxima votación que se celebrará el 2 de abril, el proyecto de su candidato, Lenín Moreno. Lo haría, dijo, para no perder "lo logrado”.

"Si gana la oposición probablemente tendré que regresar más pronto y estar en el momento histórico que se requiere”, afirmó Correa. El padre de la llamada “revolución ciudadana”, que mantuvo un encuentro con corresponsales de prensa extranjera en el palacio presidencial en Quito, admitió que los ecuatorianos tendrán que volver a las urnas. Horas más tarde lo confirmó la autoridad electoral del país. "Con el 99,5% de las actas escrutadas puedo informar al país que el próximo domingo 2 de abril se celebrará la segunda vuelta electoral", declaró Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante ese escenario Correa quiso lanzar algunos mensajes. En primer lugar, se mostró convencido de que su sucesor, que obtuvo el 39,9% de los apoyos, se impondrá finalmente frente al conservador Guillermo Lasso, que con el 28,1% busca ahora capitalizar el voto de los demás líderes de la oposición y ya ha logrado el respaldo de Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. “Nosotros estamos felices de haber ganados con más de un millón [de votos], si ellos están felices por haber logrado una segunda vuelta, allá ellos. Los volveremos a derrotar en abril”, mantuvo.

En segundo lugar, se empleó en descalificar al principal adversario de Moreno, candidato del Movimiento CREO y expresidente del Banco de Guayaquil. “Hoy ha venido una nueva derecha, cavernaria, totalmente entregada al norte”, opinó. En ese contexto, llegó a comparar la próxima contienda electoral con “la batalla de Stalingrado”. “Vamos a pelear contra la derecha del mundo”, prosiguió. “Va a haber centenas de millones de dólares”, lanzó en referencia a los intereses en juego y al respaldo internacional de la oposición, “pero ya nos ha tocado enfrentarnos a esta clase de escenarios y hemos vencido”.

En tercer lugar, concedió que una victoria de la oposición precipitaría su regreso. “En un año me podrían tener de nuevo aquí”, ha contestado al ser preguntado sobre esa hipótesis. También se ha referido Correa una figura jurídica recogida en la Constitución ecuatoriana y conocida como la “muerte cruzada”, que otorga facultades al Ejecutivo de para disolver al legislativo. Si gobierna Lasso, tendría que hacerlo un Parlamento en el que, probablemente, el partido oficialista perdería poder pero conservaría la mayoría absoluta. Esta circunstancia puede abocar a un bloqueo. En caso de elecciones anticipadas, por tanto, dejó la puerta abierta a su vuelta.

¿Por qué dio un paso atrás el líder del Movimiento Alianza PAÍS? Lo hizo tras el desgaste de los últimos años y la recesión que en 2016 golpeó Ecuador, pero el presidente saliente lo negó, enmarcó esa decisión en una reflexión sobre su vida personal y encuadró el frenazo de su formación en una coyuntura histórica. Son tiempos difíciles para los buenos progresistas. Son momentos duros, pero tampoco son momentos terribles”, razonó. “Mi intención después de entregar el mandato es irme a vivir unos años a Bélgica”, el país de origen de su esposa. “Es muy desagradable no tener vida privada, los insultos, las amenazas… a la gente decente nos molesta”, aseguró. Aseguró que le debe a su familia “unos años de paz y tranquilidad”.

"Si hubiera creído que iban a ganar ellos me hubiera presentado", continuó. A pesar de sus advertencias, rechazó estar detrás de las decisiones de su antiguo vicepresidente, una figura con menor popularidad y proyección. “Otra campaña sucia es: ‘Lenín en la Presidencia, Correa en el poder”, afirmó. El mandatario, con un carácter distinto y mucho más explosivo que el del candidato de Alianza PAÍS, vino a reconocer que Ecuador encara un cambio al menos en la forma de hacer política. Eso se notó ya, según los analistas, durante una campaña electoral de perfil bajo, en la que Moreno trató de construir un perfil propio y marcó distancias con el legado de Correa. 

El presidente en funciones afirmó: “También creo que se requiere un cambio de estilo en la conducción, con la revolución ciudadana, pero que no polarice tanto por su forma de ser”. “Yo creo que se necesita una persona que polarice menos y esa persona, la adecuada, es Lenín Moreno”, agregó, antes de agitar el espantajo de una dura confrontación con los partidos de la oposición: “Pero si perdemos continuará la polarización”.

martes, 21 de febrero de 2017

ELECCIONES EN ECUADOR: Habrá segunda vuelta

 CNE Ecuador logo




El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Juan Pablo Pozo confirmó este martes que el 5 % de actas que resta por escrutar para la elección de presidente y vicepresidente de la República, no cambiará la tendencia establecida y que permite una segunda vuelta entre Lenin Moreno (Alianza PAIS) y Guillermo Lasso (CREO-SUMA).

Tras lo escrutado "se establece esa tendencia pero el CNE informará de manera oficial cuando tengamos el 100 % de actas escrutadas en todo el país", había dicho Pozo.

Pero ante la consulta de un periodista en una conferencia de prensa desarrollada en Quito, el funcionario reconoció que el porcentaje restante no variaría la tendencia de la segunda vuelta. Sin embargo, insistió en que necesita el 100 % para anunciarlo oficialmente.

"Aquí no se le ha quitado ni puesto ningún voto a ningún candidato", expresó Pozo al inicio de una cadena nacional. Dijo que nunca se habían entregado resultados con más del 80 % el mismo día de las elecciones y con una tendencia fija a los dos días.

"La tendencia está establecida", afirmó, a las 14:00 locales, el 95 % de actas escrutadas daban al binomio Lenin Moreno - Jorge Glas el 39.21 % de los votos y al binomio Guillermo Lasso - Andrés Páz el 28.35 %.

jueves, 9 de febrero de 2017

El ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada país de América Latina


 

 elpai.com

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podia guardar el nieto –y ya por entonces presidente- de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE UU, eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía –esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos- a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EE UU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa-un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera- que, sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes", afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

Nada apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario. Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente, “la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10 millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

COLOMBIA

La posibilidad de que el caso Odebrecht, empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año “habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en defensa de Santos.

El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el comunicado matizado después.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018.

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

ARGENTINA

En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según la investigación judicial, aportó a “intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.

El jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente –hasta el punto de que le alquila el departamento de lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial- se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La Nación, el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

El Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.

MÉXICO

Odebrecht reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a “altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado [mexicano]”. Los representantes de la constructora brasileña admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios, dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la petrolera estatal) también se pronunció públicamente en favor de revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.

En el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero, Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero no presentó ningún avance en la investigación.

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, "dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles". Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es "el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos".

ECUADOR

Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016.

En la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

lunes, 6 de febrero de 2017

"El mundo está gobernado por las grandes corporaciones; los derechos humanos importan muy poco"


 Pablo Fajardo, abogado contra Chevron

 El caso Chevron: entrevista a  Pablo Fajardo Mendoza


eldiario.es
Hace casi seis años, el 14 de febrero de 2011, Pablo Fajardo Mendoza consiguió una cosa impensable tiempo antes. Chevron Corporation, la segunda petrolera de EE.UU, fue condenada a pagar nada menos que 9.500 millones de dólares por contaminación masiva a los pueblos indígenas de la amazonía ecuatoriana.

Toda una multinacional derribada en los juzgados de Lago Agrio (Ecuador) por el empeño de este abogado en denunciar un daño medioambiental y personal a la altura del de Chernobil o el más reciente de BP en el Golfo de México. Su lucha viene de mucho tiempo atrás, casi tanto como el que parece que le queda por delante para que la sentencia se ejecute y se repare el perjuicio causado. Una suerte de justicia imposible que dura un cuarto de siglo.

Este David nació hace 43 años en la provincia de Manabí, en la costa de Ecuador, y lleva más de media vida representando legalmente a los pueblos de la amazonía ecuatoriana, agrupados en la Unión de Afectados por las operaciones de la Petrolera Texaco (UDAPT), la Goliat de esta historia. Fajardo ha estado estos días en Sevilla en la jornada 'Crímenes económicos contra la humanidad: cuestiones en torno a su noción, identificación y sanción', organizada por la fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, y atiende a eldiario.es en un hotel de la capital.

El abogado recuerda bajar del autobús en su pueblo, Shushufindi, y pisar sólo petróleo. Hasta la Amazonía ecuatoriana llegó a vivir con sus padres y hermanos. Eran finales de los 80 y aquel chico de unos 14 años empezaba a buscarse la vida. Cada vez que había un problema en su pueblo y un vecino quería presentar una denuncia contra la Texaco por los perjuicios ocasionados se le decía 'busque un abogado que les ayude'. Así fue como decidió su profesión y montó una pequeña oficina de derechos humanos.

El camino no ha sido fácil. Ni mucho menos. Chevron, en 1964, había obtenido una concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador para explorar y extraer petróleo. Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari habitaban la zona. Vertidos de agua tóxica a los ríos, cientos de kilómetros de carretera cubiertas de crudo, deforestación, graves problemas de salud entre los habitantes, más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico destruidas. "Uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad", recuerda el abogado y, con el tiempo, "un caso paradigmático y un referente de la impunidad de las grandes corporaciones ante hechos delictivos", apuntan los organizadores del encuentro.

15 abogados frente a 2.000

Más de 30.000 indígenas y campesinos, representados por Fajardo, interpusieron en 1993 ante un tribunal de Nueva York una demanda contra la compañía en busca de una reparación del daño por sus operaciones. El sistema judicial norteamericano, nueve años después, rechazó que fuera competente para ello y el caso volvió a Ecuador donde, finalmente, en 2011, el pueblo venció a la todopoderosa compañía. Chevron, durante el proceso, fue retirando su presencia en el país sudamericano, y alega también que un acuerdo que firmó en 1998 con Ecuador les absuelve de responsabilidad tras una reparación parcial del daño.

Persecuciones, espionajes, lobbys han convivido con Fajardo y su demanda, según relata. Su equipo de defensa cuenta con unos 15 letrados en total, "algo menos" que los 2.000 abogados de Chevron, ironiza Fajardo. Los demandantes, al no poder ejecutarse la sentencia en el país de donde es la corporación (Estados Unidos), siguen tratando de homologar la sentencia en jurisdicciones extranjeras (Canadá, Brasil o Argentina), donde Chevron "procura ocultarse bajo empresas subsidiarias" o filiales.

"El sistema de garantías de acceso a la justicia no existe ante las grandes corporaciones. Los estados sí, pero ellas no. El sistema no puede responder contra los crímenes causados por ellas. Hay un vacío juridico. Las cortes de derechos humanos pueden responder por las personas ante los estados pero no frente a las transnacionales. ¿Qué ocurre entonces cuando el mundo tiene que luchar contra el sistema? Que se ve obligado a actuar fuera del sistema y aparecen los grupos subversivos", explica el abogado.

El pasado agosto, una corte federal de apelaciones en Nueva York confirmó el rechazo de la justicia americana a que la compañía tenga que hacer efectivo el pago de 9.500 millones de dólares en Estados Unidos. "En uno de los juicios, a un abogado de Chevron le preguntó el juez que, si no era en Estados Unidos, en qué jurisdicción creía que debía ejecutarse la sentencia. El abogado dijo que en ninguna. Chevron siempre ha vuelto a su país para buscar protección. Un tribunal estadounidense llegó a prohibir la ejecución de la sentencia. Es terrorismo judicial contra los afectados", lamenta Fajardo. 

"Han llegado a sobornar a gobiernos con déficit energético, como Argentina. El chantaje les funcionó. Compran impunidad con inversiones económicas porque su estructura es gigante y está dispersa en paraísos fiscales, una telaraña para eludir responsabilidades. Es un juicio contra el sistema que se lo permite y lo quieren demorar lo más posible. Es luchar contra un monstruo, respaldadado por su país". Fajardo ejemplifica su argumento recordando lo que una vez dijo un abogado de la multinacional: 'No podemos permitir que un pequeño país dañe así a una gran corporación como Chevron'. "El mundo está gobernado por las grandes corporaciones; los derechos humanos importan muy poco", sentencia.

Fajardo explica que "solos no podemos avanzar" y que su lucha es "la lucha contra un red de corrupciones globales que goza de impunidad corporativa planetaria", por lo que abogan por "hacer fuerza común y colectiva". "Nuestro compromiso sigue siendo con las víctimas y nuestro objetivo es la reparación del daño. También queremos generar una red de conciencia y luchar contra la destrucción de la tierra, creando instrumentos jurídicos que llenen los actuales vacíos jurídicos, para el futuro y para el de nuestros hijos, y dejarles un mundo mejor".

El lugar común no impide que a Fajardo se le vidrien los ojos al nombrar a sus niños. Su mujer falleció hace cuatro años. Sus hijos mayores tienen 19 y 12 años, y una pequeña de 3. Sólo el año pasado contó 73 viajes en autobús entre Qutio y el pequeño pueblo de la Amazonia. Una semana partida en dos partes desiguales y nada menos que siete horas de viaje. Multipliquen. "La vida no tiene precio", repite. "Vamos a conseguirlo, no sé cuándo, nos va a costar mucho todavía, pero el sacrificio tiene que tener esperanza de resultado. Hay que tener confianza en la lucha social de los pueblos".

domingo, 5 de febrero de 2017

Juez canadiense desestima defensa de CHEVRON para evitar reconocimiento de sentencia ecuatoriana








texacotoxico.net

Una decisión emitida por la Corte de Toronto eliminó la mayoría de las defensas con las que Chevron intentaba impedir el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana, en favor de los afectados que forman parte de la UDAPT (Unión de Afectados por Texaco), y por la cual la empresa debe pagar más de 9.500 millones de dólares para la reparación de las zonas que contaminó durante sus actividades extractivas en la Amazonía ecuatoriana.

El Juez que conoce el caso en Canadá, decidió acoger un pedido de los demandantes ecuatorianos en el cual solicitaban que niegue a Chevron la posibilidad de volver a litigar todos los argumentos resueltos por las Cortes ecuatorianas. Con este pronunciamiento las comunidades indígenas y campesinas de Ecuador avanzan con el emblemático caso que lleva más de 23 años.

Esta decisión de la Corte de Canadá establece límites a las defensas que puede presentar Chevron, lo cual podría ser interpretado, según informa Pablo Fajardo, procurador común de los afectados ecuatorianos, como “una aceptación por parte del Juez sobre la validez de lo sentenciado por las Cortes ecuatorianas”. 
 
Chevron había argumentado en su defensa, por ejemplo, que las Cortes ecuatorianas carecen de competencia para juzgarla, o que fue liberada de responsabilidades por el Gobierno de Jamil Mahuad. Estos argumentos ya fueron rechazados por justicia ecuatoriana, en todas sus instancias, y no podrán ser presentados nuevamente ante los tribunales canadienses.

Con este pronunciamiento el proceso de homologación de la sentencia continúa y cierra las puertas a la pretensión de la transnacional de provocar demoras innecesarias.
El abogado ecuatoriano también reconoció que el juez acogió el argumento presentado por los abogados de la petrolera, acerca de que Chevron Canada y Chevron Corporation son empresas distintas. Sin embargo, Fajardo afirmó que esta decisión será apelada, y se mostró confiado al decir que “con seguridad será revertida”.

Como es de conocimiento público, los afectados por Texaco (ahora Chevron), luego de un largo proceso judicial en Estados Unidos y Ecuador, lograron una sentencia que condena a la petrolera a pagar más de 9.500 millones de dólares, que deben ser invertidos en la reparación de las zonas contaminadas, que se estiman en más de 450 mil hectáreas.


Esta decisión de las dos instancias judiciales de Ecuador y la Corte Nacional de Justicia, no ha sido cumplida por la compañía, que retiró todos sus bienes y activos en Ecuador y ha ejecutado de manera sistemática y permanente acciones para evitar el pago, abusando de recursos judiciales en todos los países a los que han recurrido los afectados. Chevron se ha amparado en la estructura de impunidad que protege los delitos cometidos por las transnacionales.

Este hecho obligó a los indígenas y campesinos ecuatorianos a solicitar a la justicia canadiense se proceda a la homologación de la sentencia ecuatoriana para cobrar, en esa jurisdicción, el monto requerido a la transnacional.


A pesar de los varios intentos de Chevron de evitar el juicio en Canadá, aduciendo que la justicia de ese país no es competente para conocer el caso, el Tribunal Supremo, asumió la competencia y se inició el juicio de exequatur, que aún está en sus primeras fases.

Se estima que el próximo mes, el tribunal canadiense establecerá un cronograma para comparecencias de miembros y testigos de las comunidades, así como de la petrolera para continuar con el proceso.

Rechazada la apelación de EEUU contra la anulación de la orden migratoria de Trump

 Foto: El presidente de Estados Unidos firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (EFE)



Apenas un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos recurriese ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno la decisión del juez federal de Seattle James Robart de suspender de forma inmediata la orden ejecutiva, ha informado la cadena CNN, un tribunal federal de apelaciones ha rechazado su petición.

El rechazo de la apelación permitirá que la prohibición de entrada a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana vetados se mantendrá, al menos, a lo largo del fin de semana, según el diario BuzzFeed News. La cuenta de Twitter de la Fiscalía General de Washington muestra el documento en el que se deniega el recurso presentado por la Casa Blanca. 

Estados Unidos permitirá así la entrada de ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana vetados por la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la semana pasada, si estos tienen un visado válido. "Hemos revertido la revocación provisional de visados bajo la orden ejecutiva [mencionada]. Aquellos individuos con visados que no hayan sido cancelados físicamente pueden viajar ahora si la visa es válida en cualquier otro caso", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado.

El propio presidente Donald Trump había iniciado este sábado el proceso de apelación de la decisión del juez federal de Seattle (estado de Washington) James Robart de cancelar el veto al ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. En un corto documento presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), Trump y su gabinete apelan formalmente el fallo que ha bloqueado temporalmente la polémica orden ejecutiva y ha abierto así de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.

Robart indicó que la justificación de aplicar la orden ejecutiva del presidente para proteger a Estados Unidos "no tiene sustento". La medida adoptada por el magistrado tiene efecto inmediato sobre todo el país y carácter temporal hasta la toma de una decisión definitiva. Tras esta decisión, numerosas aerolíneas de todo el mundo han vuelto a permitir el embarque de los viajeros afectados por el anterior veto. El fallo de Robart respondió a una demanda que habían interpuesto los estados de Washington y Minesota, ambos con fiscales demócratas.

Sin embargo, el presidente Trump ha tachado de "ridícula" la decisión del juez Robart, y aseguró que acabará "anulado" y que no aplicarlo causará "grandes problemas" en el país. En tres mensajes en la red social Twitter, el presidente reaccionó contra el magistrado: "La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada", dijo Trump en uno de sus mensajes. El republicano escribió en su cuenta (@realDonaldTrump) que hay un "gran problema", cuando un país "ya no es capaz de decidir quién puede y quién no puede entrar y salir".

El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, tachó de "indignante" la suspensión temporal dictada por un juez federal del veto migratorio del presidente Donald Trump, y adelantó que sus abogados apelarán esa decisión. "El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente", apuntó la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca recordó en su texto que el presidente "tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses" y que la orden que aprobó hace una semana "tiene como objetivo proteger al país". Trump reaccionó a la decisión judicial con este mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Tenemos que mantener al 'mal' alejado de nuestro país!".

El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo por su parte que la decisión judicial demuestra que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. "La ley es algo poderoso. Tiene la capacidad de pedir cuentas a todo el mundo, y eso incluye al presidente de los Estados Unidos", dijo Ferguson, que había calificado el veto de Trump de inconstitucional e ilegal al interponer la demanda.

Trump suspendió durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de los países mencionados y durante otros 120 días el programa de acogida de refugiados. El Departamento de Estado aseguró el viernes que se han cancelado cerca de 60.000 visas de extranjeros provenientes de los siete países mencionados en la orden ejecutiva, Irak, Irán, Libia, Somalia, Yemen, Sudán y Siria.

jueves, 2 de febrero de 2017

CASO CHEVRON: Vacío jurídico en el derecho internacional y abuso corporativo

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www.rebelion.org

Hace más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, (UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional Chevron Corporation, antes Texaco.

Para refrescar la memoria, recordemos que Chevron, en 1964, obtuvo un concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador, para explorar y extraer petróleo. En esa área de selva tropical amazónica, habitaban pueblos indígenas ancestrales, entre ellos: los Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari.

La empresa Texaco realizó una operación defectuosa, diseñada para incrementar su ganancia económica, con la menor inversión posible. Por ejemplo: todas las piscinas, de una dimensión mínima que sobrepasaban en promedio los 300 metros cuadrados, las construyó lo más próximo a las fuentes de agua superficial. Vertió intencionalmente a los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones de galones de agua tóxica (agua mezclada con tóxicos producto de la extracción); provocó cientos de derrames de crudo, que nunca remedio, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o carreteras.

En conclusión, causó de forma intencional y reiterada, la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico. De acuerdo a la ley ecuatoriana, al contrato de concesión y a las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba obligada a utilizar la mejor técnica, para evitar el impacto ambiental y así no afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero, la actitud irresponsable adoptada por Chevron generó uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad, causado por una transnacional.

Según varios estudios de salud, entre ellos los contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”, de Carlos Berinstain y “Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián, realizados en la zona, se determina la existencia de cientos de casos de cáncer, que son plenamente atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados por la petrolera.

Proceso judicial
Con el sueño de lograr una reparación del daño causado por las operaciones de Chevron, más de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana, en el 1993, plantearon una demanda en contra de la petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es decir, ante el sistema judicial norteamericano.
Chevron activó dos argumentos para su defensa:
  1. Desestimar la demanda. Para procurar convencer a los jueces norteamericanos que desestimen la demanda, la petrolera logró incidir en el Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un contrato, en el que la petrolera se comprometió a remediar una parte del daño causado.
  2. Foro no conveniente. El segundo argumento de la petrolera fue el de que el sistema norteamericano, no era el foro conveniente y que si se debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el sistema judicial ecuatoriano.
Finalmente, luego de nueve años de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron ganó esa batalla y el caso se radicó en el Ecuador, en donde la petrolera argumentó que el sistema judicial ecuatoriano no era competente para procesar este juicio.
En el 2011, la UDAPT logró que Chevron sea condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares, que serán destinados a reparar el daño causado.

Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia que ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el daño. 
 
Hasta este día, la UDAPT, con su esquipo de abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá, Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional. Ha recurrido a varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no logra un pleno acceso a la justicia.

¿Cuáles son los obstáculos que tienen los afectados para lograr un adecuado acceso a la justicia?
Existen múltiples obstáculos que impiden que pueblos y/o comunidades afectadas tengan pleno acceso a la justicia y sean tratadas en igualdad de condiciones que las corporaciones.

Costo económico. Según datos, algunos públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha gastado más de dos mil millones de dólares en su defensa. Ha contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación, de lobby, e incluso empresas de espionaje y persecución como Kroll por ejemplo, que es una de las compañías de espionaje más grandes del mundo. 

Esa corporación (Kroll), a fines de 2013, reveló que en ese año había facturado más de 15.000.000 de dólares a Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT. 

Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a distintos gobiernos del mundo, con el fin de comprar impunidad, por ejemplo, cuando la UDAPT logró activar el embargo en la República de Argentina, Chevron ofreció realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio que los jueces levanten el embargo que la UDAPT había conseguido activar en ese país. Finalmente, el chantaje les funcionó, la Corte Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de julio del mismo año (2013), se suscribió el contrato de inversión entre Chevron y el Gobierno argentino.

Es imposible para los pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación con un sistema que no garantiza la igualdad para las partes.

Ocultamiento tras las empresas subsidiarias. Según el informe publicado en el 2011, PipingProfits, de PublishWhatyouPay de Noruega, Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más de 77 empresas subsidiarias, la mayoría de ellas en los denominados paraísos fiscales. Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña es la ingeniería que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio. La UDAPT, que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del Ecuador, hoy está abocada a realizar distintas acciones de exequátur (homologación de sentencia) en jurisdicciones extranjeras, entre ellas Canadá, Brasil y Argentina. En todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario, tras las subsidiarias.

Uso de la ciencia para torcer la verdad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se generaron más de 80.000 resultados físicos químicos, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los cuales pagados totalmente por Chevron. El legado de tóxicos dejados por Chevron en nuestra Amazonía es inocultable, es evidente, tanto así que, a los propios expertos contratados por Chevron se les hacía imposible no encontrar contaminación. Durante la fase de investigaciones de campo, el multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron debía hacer un gran esfuerzo para no hallar residuos de tóxicos, dejados por la petrolera, en la Amazonía; y cuando daban con ellos, que era siempre, el trabajo de los expertos era ocultarlos o minimizar su impacto.

Sistema de justicia inaccesible para los pueblos afectados. Cuando nuestro caso fue planteado ante el sistema de justicia de los EE.UU., Chevron argumentó que los jueces norteamericanos no tenían competencia para procesar este juicio, que no era el foro conveniente. Cuando el caso vino al Ecuador, Chevron argumentó que los jueces del Ecuador no eran competentes para procesar el juicio. Luego, cuando la UDAPT ganó el litigio en Ecuador e iniciamos las acciones de Exequátur en Canadá, Brasil y Argentina, Chevron arguye, en las tres jurisdicciones, que esos jueces no son competentes para procesar este proceso. Este argumento lo pone Chevron porque sabe que no existe en el mundo un instrumento jurídico que permita juzgar corporaciones, ni una estructura o corte internacional para ese fin. Este es el gran vacío que existe en el planeta.

Protección del país de origen de la corporación. En este caso, es evidente que tanto el sistema judicial de los EE.UU. como la administración pública de ese país, han protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación.

Por ejemplo, en su momento revelaron al menos nueve cables Wikileaks, que evidenciaban los nexos y las presiones que ejercía la embajada estadounidense en Quito, en contra del Gobierno ecuatoriano, y del sistema judicial del Ecuador, para ayudar a Chevron.

Adicionalmente, en los últimos años, el sistema de justicia de los EE.UU., asentado en Nueva York, ha emitido resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar la sentencia nuestra en los EE.UU., todo por un supuesto fraude. Durante el proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y sus defensores hablar de la contaminación ambiental generada por Chevron; los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen el Ecuador, no conocen el daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se generó para que exista la sentencia en el Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene inversiones económicas en Chevron, a través de fondos de inversión. 

Igualmente existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del Gobierno norteamericano, realizando planes para incidir en el Gobierno de Ecuador.

Tratados internacionales. Por último, los tratados bilaterales de protección de inversiones no hacen más que cerrar el círculo para garantizar la impunidad a las corporaciones. En el fondo, en los tratados se incluyen normas que generalmente están por encima de las normas domésticas de los Estados, y que a la postre garantizan a las corporaciones realizar sus operaciones de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a la justicia a comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas generan desastres ambientales y sociales. Chevron ha planteado tres arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima defensa que haga el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.

Los 23 años de lucha de la UDAPT contra Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice impunidad, lo que nos demuestra que el problema que tenemos es sistémico. El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones transnacionales.

Para ilustrar mejor esta complejidad, aquí formulo varias preguntas. ¿Cómo se explica el hecho de que cuando una persona quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o internacional de Derechos Humanos, éste primero debe agotar todos los recursos internos de su país; mas sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados directamente? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente, pueblos indígenas, son declaraciones no vinculantes; mientras que los instrumentos jurídicos para proteger las inversiones, al inversionista, a las corporaciones, son convenios vinculantes?
( Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento)

Pablo Fajardo: 23 años de lucha contra Chevron-Texaco


 Pablo Fajardo Chevron


Tengo 41 años. Nací en la costa de Ecuador y vivo en Lago Agrio, en la Amazonia. Soy abogado. Estoy viudo desde hace un año, y tengo cuatro hijos (17, 10, 8 y 6 años). ¿Política? Amante de la vida. Creo en Dios, soy católico. Fundé el Frente de Defensa de la Amazonia


¿Qué ha conseguido?
La primera sentencia de la historia contra una compañía petrolera por agresión medioambiental.
¿Qué compañía?
Chevron, antes Texaco. ¡La mayor compañía petrolera del mundo!

¿Qué hizo mal Chevron?
Destruir parte de la selva amazónica de Ecuador, intoxicar tierra, agua y aire, causar cánceres, violar mujeres, secuestrar niños, alcoholizar y desplazar pobladores, humillar la dignidad de 30.000 indígenas...

¿Cuáles son los poderes de Chevron?
Yacimientos de petróleo, refinerías, buques petroleros... Es una las cinco empresas con mayor caudal monetario del mundo y sus activos valen 233.000 millones de dólares.

¿Y usted pleitea contra ese gigante?
Sí. Y he vencido.

¿Usted y cuántos mas?
Yo y otros cuatro colegas. Y la corte ecuatoriana confirmó en noviembre la condena.

¿A qué se condena a Chevron?
A pagar 9.500 millones de dólares. Irán destinados a descontaminar la selva y regenerar el ecosistema de los indígenas.

¡9.500 millones de dólares!
Sentencia histórica, sí: ahora hemos de conseguir que se ejecute para que sea ejemplar.

¿Hay problemas?
¡Chevron paga a dos mil abogados para combatirnos! Chevron ha retirado sus activos de Ecuador: para poder cobrar, nos toca ir a pleitear ahora en países en los que sí tenga activos, como Canadá, Brasil...

Uff... ¿Y es usted optimista?
Confío en que paguen en un par de años.

¿Cinco abogados... contra dos mil?
Llevo en esta lucha 20 años, tres meses y 23 días: ¡no tiraré la toalla ahora!

¡20 años!
Un proceso largo, largo. Y muy duro para mí, para mi familia...

¿Por qué?
Unos sicarios intentaron tirotearme un par de veces, al principio. Cada noche cambiaba de domicilio...

¿Acusa a Chevron?
No tengo pruebas de quién pagó a esos sicarios... o a los que secuestraron, torturaron y asesinaron a mi hermano...

No me diga...
Sí: ocho días antes de la primera vista jurídica con Chevron.., lo mataron.

Y aun así, usted siguió...
Mi madre ha sufrido mucho. Pero ella ya sabe que no pararé: ¡hoy me anima a seguir!

¿Cómo se metió usted en este lío?
Nací en una choza, quinto de diez hermanos. Mis padres se empeñaron en que estudiase, además de trabajar en el campo. Con catorce años, nos mudamos a la Amazonia...

¿Para qué?
Por trabajo. Me empleé en una factoría de palmicultura, de transformación de hoja de palma... Y me sublevó presenciar la explotación de los obreros, expuestos a tóxicos y a sueldos miserables... Me rebelé.

¿Con catorce años?
A los quince años fundé un comité de defensa de los derechos humanos de obreros y campesinos locales. Pero las autoridades de mi país me decían siempre: "Búsquese un abogado". ¡Y por eso me hice abogado!

¿Quién le metió en el cuerpo ese anhelo de justicia?
Quizá la influencia de capuchinos navarros con los que estudié e hice trabajo social... Con otros chicos, fundamos una escuela: aún funciona, tras 18 años: me enorgullece.

Se preparaba para su gran lucha...
Me horrorizó ver como los yacimientos petrolíferos destruían el modo de vida tradicional de la gente: se quedaban sin sustento.

¿Por qué?
Los vertidos contaminaban el río, los peces morían, y también los animales de la selva..., y la gente empobrecida se empleó en la petrolera para cobrar un sueldo... con el que comprar pescado que antes tenía gratis.

¿Lesionó esa industria la salud de la gente?
Abortos, leucemias infantiles, cánceres: unas 2.000 muertes directas por cáncer. Y lesionó algo peor: la dignidad. Dos amigos me cuentan que de niños un helicóptero de Chevron los secuestró para abandonarlos muy muy lejos: ¡tardaron ocho días en volver caminando, ellos solitos, por la selva!

¡Cerdos!
Un 10% de las mujeres fueron violadas... El Estado no hacía nada: todos comprados por Chevron. Me indigna la historia de los desplazados ambientales de Cofán, entre otros.

Cuénteme lo de Cofán...
La tierra se encharcó de crudo y ya nada germinaba, nada podía vivir... El chamán Guillermo Quenamá se llevó a la gente a otro sitio y plantó cara a Chevron. ¡Y le mataron!

¿Cómo?
Le alcoholizaron hasta que murió. A su viuda, Marina, se la llevaron a sus campamentos y la prostituyeron durante veinte años. Marina vive: ella misma podría contárselo.

¿A qué ha venido usted aquí?
Chevron lanza una campaña: me acusa de mafioso extorsionador: ¡el verdugo se finge víctima! Vengo a explicarlo. Debo lograr que pague: ¡sólo así no repetirá su crimen!

LA ABERRACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CHEVRON EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

 chevron derrame amazonia



Balsa de petróleo cubierta de tierra, salvaje ataque a la amazonía ecuatoriana por parte de Chevron-Texaco


Las y los afectados por las operaciones petrolera de Texaco, llevan 23 años de una batalla legal por conseguir que la compañía pague por las aberraciones  ambientales provocadas en más de 450 mil hectáreas de las provincias de Orellana y Sucumbíos de la amazonía ecuatoriana,  para iniciar la inmediata reparación de la zona.

La sentencia obtenida en el “Caso Texaco” como se conoce a este juicio, ha sido la victoria más grande en un enfrentamiento entre indígenas y colonos contra una transnacional.  Luego de 18 años de iniciado el proceso se obtuvo la sentencia en primera instancia en la Corte de Lago Agrio. Este dictamen fue ratificado en apelación, así como por la Corte Nacional. La justicia ecuatoriana sancionó a Chevron al pago de 9.500 millones de dólares. A pesar de ello, el proceso no concluye para los demandantes, quienes iniciaron acciones para homologar la sentencia en Brasil, Canadá y Argentina, para de ese modo, empezar con las labores de reparación.

"Estos 23 años han sido de mucho aprendizaje para nosotros y también ha dejado lecciones en el mundo. Este caso ha servido para evidenciar la estructura de impunidad, a escala mundial, que blinda a las transnacionales, frente a las demandas de los ciudadanos”, señaló Humberto Piaguaje, Coordinador Ejecutivo de la Unión de Afectados por Texaco, organización que representa a los afectados.  Esto, al referirse a las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la petrolera, la denegación de justicia, las evidentes interferencias políticas y económicas a los sistemas jurídicos del Ecuador y de los otros países donde se llevan las acciones judiciales.

Otro de los logros conseguidos durante estos 23 años, comenta Piaguaje es que el caso  se ha convertido en un ejemplo de lucha y es por eso que ha estado, por tres años consecutivos en la Asamblea de las Naciones Unidas, lugar donde ha expuesto sobre las malas prácticas ambientales de Chevron. Además,  forma parte de la campaña global que llevan adelante las redes ambientales internacionales, que ahora buscan la aprobación de un Tratado Vinculante, que obligue a las corporaciones a someterse al cumplimiento de los derechos humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los afectados, destaca el avance del caso en Canadá, en donde, en septiembre de este año,  los ecuatorianos lograron un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que reconoce tener jurisdicción para tramitar la homologación del dictamen. El Juez de la Corte de Ontario rechazó los pedidos de Chevron y decidió que el juicio será tramitado hasta que se dicte sentencia.

Para el Coordinador de la UDAPT, el mensaje de las cortes canadienses es muy fuerte, pues ha demostrado que todas las acciones realizadas por la empresa, que incluye un juicio viciado en los Estados Unidos, no han dado resultado y Canadá está demostrando su imparcialidad, dijo Piaguaje.
Resaltó el dirigente que todos estos años, los afectados han resistido a las presiones de Chevron para dividirlos y amedrentarlos, incluso utilizando a personas de la zona que se han prestado a sus intereses.  A pesar de ello la organización está más sólida que nunca amparada en la UDAPT, que es la derivación de la organización de hecho creada a la par de las acciones en Ecuador ( 2003) y que tenía el nombre de Asamblea de Afectados por Texaco.  Dio a conocer que por conseguir estatus jurídico (2012), con el nombre de Unión de Afectados por Texaco, por lo que no se puede hablar de una organización nueva.  Como asociaciones, asamblea o unión, esta organización ha sido protagonista del caso los 23 años.

En el momento, los afectados han firmado varios convenios con ONG´s, Institutos Académicos y Universidades ecuatorianas y de otros países, especialmente europeos que están interviniendo en proyectos, que en conjunto lograrán la elaboración de los planes de reparación, lo cual ha sido resaltado como un acierto, por Ramiro Ortiz, indígena Cofán, responsable de coordinar los proyectos de la UDAPT.

Donald Moncayo, representante colono, sostiene que lejos de enfriarse la lucha y el compromiso, la UDAPT ha logrado un espacio a escala mundial, pero también en las bases, cuya cohesión ha permitido poner en práctica iniciativas para llevar algún alivio a los pobladores que impactados por la contaminación. “Si Chevron creía que íbamos a desistir por cansancio y falta de fondos, se equivocó. Lo que logró es que aprendamos a resistir y buscar alternativas colectivas que nos unen más”, dijo.

Finalmente, Humberto Piaguaje a nombre de la organización, demanda a la Corte Constitucional que resuelva, en justicia, la acción extraordinaria de protección solicitada por Chevron.   “No es posible que por dos años y nueve meses la Corte Constitucional no se haya pronunciado y de ese modo, permita a la compañía de seguir alargando el proceso y no cumplir con la sentencia ecuatoriana”.

Pablo Fajardo, sostuvo que lo que Chevron intenta colocar a la Corte Constitucional como una cuarta instancia, lo que resulta aberrante y violatorio al sistema judicial. “Chevron intenta que se vuelvan a discutir argumentos que ya fueron desechados en otras instancias, por lo que la petición de la empresa debería ser negada, si la Corte Constitucional es garantista de los derechos constitucionales y humanos.

Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT)
Quito Ecuador
Teléfonos: (+593) 2 273533
Correo electrónico:  casotexaco@gmail.com
Web: www.chevrontoxico.net