domingo, 26 de noviembre de 2017

Un proyecto de Agricultura Urbana Participativa en Quito (Ecuador) premiado por la COP23 de la ONU celebrado recientemente en Bonn (Alemania)

eldiario.es

A Fabiola Rosero le dijeron una y otra vez que aquello era una "pérdida de tiempo", que no podía "dejar botado [tirado] al marido". Que su obligación era "atender la casa". También se lo repetían a Rosa y a otras muchas mujeres que forman parte de la red de agricultura urbana de la ciudad de Quito que, desde 2002, permite a muchas personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo mujeres, mejorar su soberanía alimentaria y empezar un negocio sostenible.

El proyecto Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) arrancó con una pequeña huerta a los pies del Panecillo, el monumento turístico a la virgen que vigila la ciudad y que, según dicen muchos quiteños, da la espalda a los barrios más marginales del sur. Ahora, 15 años después, hay 3.500 huertos orgánicos dispersos en varios puntos de la geografía urbana de la capital ecuatoriana.
La iniciativa ha sido premiada con el galardón Impulso para el Cambio concedido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), que se ha celebrado en Bonn (Alemania) hasta este viernes. Este premio reconoce acciones innovadoras y replicables que cumplen con los compromisos sobre cambio climático del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Me he liberado, ya no estoy esclavizada en el hogar"
Fabiola siempre trabajó como ama de casa y, durante algunos años, enfundando caramelos. "Con este proyecto me he liberado. Ya no estoy esclavizada en el hogar", cuenta mientras coloca con mimo el maní [cacahuete] y otros frutos secos que vende en una de las 17 bioferias semanales organizadas por AGRUPAR. Trabaja en equipo con sus dos hermanas. Todo sus productos salen de la huerta de su hermana mayor.
 
Fabiola y Rosa le dan el valor añadido en la cocina de su casa, que es su micro fábrica. Sus familiares, sobre todo sus maridos, han pasado de criticarlas a ayudarlas. "He aprendido a valorarme, a demostrarme que no soy inútil. Ya no estoy esclavizada en el hogar", repite Rosa, de 58 años. "Hemos creado un grupo de apoyo entre mujeres para aprender de la mano", explica.

Alrededor de 4.000 agricultores urbanos, periurbanos y rurales participan en el proyecto. Más del 80% son mujeres. Una de las claves del éxito y la longevidad de esta iniciativa radica, dicen, en cómo se coordinan los propios productores para garantizar que el proyecto sea sostenible. Montan y desmontan las bioferias, transportan su mercancía, idean mecanismos participativos para mantener sus estándares de calidad y buscan soluciones comunitarias a sus necesidades. En las mingas [jornadas de trabajo en comunidad], construyen invernaderos y contactan con las compañeras que tienen plántulas listas para sembrar.

Teresa Ramírez tiene 69 años y trabaja desde los nueve. Ha convertido el patio de su casa, situado en una parroquia rural e indígena de la ciudad, en su sostén económico. Allí cultiva hortalizas orgánicas desde hace ocho años. "Lo que crece en el huerto, va directo a la olla. Ahora somos autosuficientes. También, tengo otro trabajo, preparo comida para la escuela con los propios productos de mi huerto".

El 53% de la producción de AGRUPAR se destina al autoconsumo y el 47% a la comercialización. Esta está coordinada por el ayuntamiento, que también se encarga de la formación y del seguimiento técnico del proyecto.

Huertos urbanos como antídoto contra el hambre
La agricultura urbana y periurbana, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), permite dar respuesta a una gran diversidad de retos que afrontan las ciudades como la participación ciudadana, el ordenamiento del territorio, la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza. Un 30% de los habitantes de Quito viven con sus necesidades básicas insatisfechas, según datos del ayuntamiento. La pobreza extrema afecta al 7% y casi un tercio de los menores de cinco años padece desnutrición crónica.

Debido al aumento de la migración del campo a las ciudades, la demanda urbana de alimentos se incrementará y se podrían generar problemas de suministro, algo a tener muy en cuenta en ciudades como Quito, muy dependiente del abastecimiento exterior y con posibilidades de sufrir una catástrofe ambiental al estar rodeada por volcanes.
"El último año vendimos unos 300.000 dólares. Es chévere (bueno) porque el dinero se queda aquí. Estamos haciendo un estudio sobre la política alimentaria de Quito. El 5% de lo que se consume aquí es local. El otro 95% viene de fuera", explica Pablo Garófalo, uno de los técnicos del ayuntamiento de Quito que trabaja en la comercialización con AGRUPAR.

Como reconoce el premio de la COP23, estos huertos no son un mero pasatiempo: contribuyen a mejorar la soberanía alimentaria, combatir el cambio climático y fortalecer el tejido social y la economía local, respetando los saberes ancestrales de la población.

Así, técnicos y agricultores intercambian lo aprendido. Normalmente no siembran un día antes del Día de Difuntos, "porque el muerto se lleva la semilla". Muchos siguen moliendo en piedra y secan los productos en hornos de leña. Otros han recuperado productos ancestrales que se estaban perdiendo como la oca, la mashua, la jícama y otros tubérculos que los más jóvenes no conocían.
Según cifras oficiales, durante estos 15 años se ha capacitado a más de 19.300 personas y sus productos han llegado a más de 100.000 consumidores. Y tratan de responder a sus demandas. "Ahora tenemos más de 40 tipos de hortalizas orgánicas y alrededor de 105 productos transformados de panadería, galletas o snacks", señala Garófalo.

"Ya no espero que mi esposo me dé dinero"
Reducir y aprovechar los desperdicios ha sido otra de las bases del proyecto. La sobreproducción se soluciona transformando los excedentes en mermeladas y otros productos derivados. También se autogestionan el abono, como María Esther Pumisach, que regenta su propia granja. "Aprovecho los animales para tener mi propio abono y vendérselo a las compañeras. Yo sé de dónde proviene mi abono. No tiene productos tóxicos", explica.

María Esther es otra veterana de la iniciativa. Empezó con un huerto y luego se lanzó a criar animales. Los primeros pollos los compró junto a otras cinco personas. Su primer cerdo se lo regaló el proyecto. Ahora, 10 años después, María Esther gana unos 200 dólares el mes que menos, pero a veces llega hasta los 700. Como Rosa o Fabiola, ha encontrado en sus cultivos y productos una válvula de escape para ser autosuficiente. "Me gestiono yo misma y ya no espero que mi esposo me dé (dinero). La vida me ha cambiado bastante".



domingo, 19 de noviembre de 2017

Nuevo Plan Estatal de Vivienda en España 2018-2021

Este es el borrador simplificado del Real Decreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 del gobierno español, presentado por el Ministro de Fomento y Vivienda Iñigo de la Sena en mayo pasado y que se pretende que entre en vigencia el próximo 1 de enero de 2018.
Tienen especial atención los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 con nuevas subvenciones creadas tanto para el alquiler como para la compra de vivienda, y en el caso de los mayores de 65 años la subvención de los gastos de consumo mensual de luz, agua, comunidad, etc.

Objetivos
Este Real Decreto tiene por objeto regular el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Las aportaciones previstas en el presente Plan Estatal se destinan al mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos concedidas al amparo de planes estatales anteriores y a la concesión de nuevas subvenciones para la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas y rurales, facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades económicas, ayudar a quienes sean objeto de desahucio de su vivienda habitual así como para el fomento de la promoción o rehabilitación de edificios de viviendas destinadas al alquiler o a personas mayores en la modalidad de viviendas tuteladas.
Se destinan también a la concesión de nuevas subvenciones para ayudar a los jóvenes en su acceso a la vivienda, ya sea en alquiler o mediante adquisición, y a las personas mayores, ya sea también para el alquiler o para contribuir a los gastos de mantenimiento de sus viviendas, en los supuestos de personas con escasos recursos económicos.

Los programas del plan
Las de ayudas contenidos en este Plan son:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2.Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3.Programa de ayuda a los desahuciados de su vivienda habitual.
4.Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
5.Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
6.Programa de fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas.
7.Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
8.Programa de ayuda a los jóvenes.
9.Programa de viviendas para personas mayores
10.Programa de ayuda a personas mayores.

Beneficiarios del plan
Resumiendo podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes.
  1. Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda.
  2. Que la vivienda arrendada, constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario
  3. Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  4. Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior a 600 euros mensuales
No podrán ser beneficiarios de este plan en los siguientes supuestos.
  1. Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España.
  2. Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
  3. Cuando un beneficiario de esta ayuda cambie su domicilio a otro ubicado en la misma Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, quedará obligado a comunicar dicho cambio al órgano concedente en el plazo máximo de cinco días desde la firma del nuevo contrato de arrendamiento. El beneficiario no perderá el derecho a la subvención por el cambio siempre que con el nuevo arrendamiento se cumpla con todos los requisitos, límites y condiciones establecidos en este Real Decreto, y que el nuevo contrato de arrendamiento de vivienda se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En estos casos, se ajustará la cuantía de la ayuda a la del nuevo alquiler, debiendo ser igual o inferior a la que venía percibiendo

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Los papeles secretos del mayor escándalo de América

 

Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica

José María Irujo/Joaquín Gil

Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.

Los sabuesos andorranos bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.

El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presión internacional, renunció el pasado año al secreto bancario.

EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó.

La revelación contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo. También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba política que ha aflorado sobornos en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.

La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.

La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de dólares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban después un plan de obras públicas multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de dólares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.

La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.

Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares (173 millones de euros).

La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales.
Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.

Odebrecht abonó 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campaña del presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), según documentos confidenciales.

La constructora recurrió a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del político, María Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Belice.

Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro depósitos que movieron cerca de diez millones de dólares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco podían conocer que, tras códigos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli. 
 
Un alto cargo de Alan García planeó ocultar 10 millones
El exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera planeó ocultar hasta diez millones de dólares (8,5 millones de dólares) en Andorra.
Este exdirectivo designado por el gabinete del elexpresidente Alan García (2006-2011) recibió en la BPA 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.

Los papeles secretos del banco andorrano confirman también que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), planeaba ocultar en el pequeño país de Europa entre 600.000 y un millón de dólares (entre 520.000 y 863.000 euros). Y que solo durante el primer año barajaba transferir 800.000 dólares (690.000 euros) a su depósito andorrano.

Las revelaciones señalan además que el exmiembro del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin Luyo Barrientos, manejó –al menos- dos cuentas en Andorra.

A su depósito en la BPA ya conocido, se sumó otro en el Crèdit Andorrà que el 24 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de dólares (un millón de euros).

Soborno del exministro colombiano García Morales
La Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abonó el exministro de Transporte de Colombia Gabriel García Morales. Un informe confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Canòlic Mingorance acredita esta comisión ilegal.

El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc “fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario”.

El beneficiario del depósito fue el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García Morales, que concedió a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol, Sector II.

El exmandatario, que reconoció su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. También ha admitido su participación en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen libanés Enrique Chisays Manzur.

La Policía de Andorra pone, también, el foco en Paulo César de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que participó en una reunión en las oficinas de este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trató presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utilizó la constructora para abonar sobornos, según la declaración a la Justicia brasileña de dos testigos.

Los agentes examinan una cuenta a nombre de Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas Vírgenes el 25 de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Raúl Barrios Icaza, que después se dio de baja. El depósito llegó a tener en julio de ese año un saldo superior a 12 millones de dólares (10,3 millones de euros).

Un directivo movió 200 millones en Andorra 

El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarrolló un papel “clave” en los pagos de la constructora a través de la BPA, según un informe de la Policía de Andorra dedicado a Brasil.

Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía condenado a 19 años de prisión, Rodrigues fue para los investigadores “el responsable de los pagos de sobornos a políticos, directivos de empresas y corporaciones públicas, a través de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en paraísos fiscales”.

El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y también representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad constituida por la BPA para el pago a políticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues también figuró tras Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron pagos secretos.

Dinero negro en una obra argentina de 3.000 millones
Odebrecht pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares (2.572 millones de euros), según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017.

La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10%, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento.

Uruguay: una casa de cambios bajo sospecha
Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Policía señala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.

Carday Capital tenía abierta una cuenta en la BPA para “recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina”. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad panameña de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abonó a Carday Capital.

Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, “Ricardo Fontana”. Sostienen que se trata de Ricardo José Fontana Allende, empresario implicado en una operación de blanqueo.

Los informes policiales sobre Chile citan a Andrés León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta  un saldo de 400.103 euros. Y recibió tres millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Mozes.

Ecuador exministro e ingeniero mecánico 

Odebrecht también abonó sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Raúl Endara, según la Policía de Andorra.

Las aportaciones realizadas a sus cuentas no están justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestación de servicios y consultoría con escasa o nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”, sentencian los investigadores.
Tres empresas panameñas de Endara movieron un millón de dólares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utilizó la constructora brasileña para el pago de sus comisiones ilegales a través de la BPA.

Para lograr la apertura de su depósito en la entidad andorrana, Mosquera se presentó ante el banco como un ingeniero mecánico al rellenar el 18 de enero de 2011 el cuestionario confidencial de cliente.

En la BPA recibió de Odebrecht un presunto soborno de un millón dólares (860.000 euros). A la pregunta de si era o no una Persona Políticamente Expuesta (PEP), el exministro de Rafael Correa marcó ambas casillas: la del sí y la del no.

Betingo’, el actor clave 

La conexión de la BPA con Odebrecht pasa –según los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.

La Policía del Principado califica el papel de este exfinanciero de “clave” y le sitúa como partícipe de la alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. “Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes.

Betingo fue además la “persona de contacto” –según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones.  “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, concluye la Policía de Andorra. investigacion@elpais.es


domingo, 5 de noviembre de 2017

China acapara la obra pública de Ecuador desde hace siete años

elpais.com

Seis de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban con una sucursal en el país hace ocho años. Son seis empresas chinas que abrieron oficina entre 2009 y 2012. En ese plazo, han crecido a punta de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de la autodenominada Revolución Ciudadana.

Un centenar de compañías chinas se han instalado desde entonces en Ecuador pero solo 15 de ellas han protagonizado silenciosamente la obra pública ecuatoriana. Han sido responsables de siete de las ocho grandes hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo, de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo, ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino préstamos atados a licitaciones.

Las estadísticas oficiales del Servicio de Contratación Pública cifran en casi 2.350 millones de dólares el monto de los proyectos adjudicados a las contratistas de Beijing. Pero solo miden entre 2014 y 2017 y esa cifra se eleva al contabilizar una por una las obras asignadas. Hasta 11.300 millones de dólares se destinaron a las empresas asiáticas desde 2010 para levantar infraestructura, según publica el diario El Universo en colaboración con las plataformas de investigación periodística de International Center for Journalist y Connectas. El 60 % de esos contratos se destinaron al sector energético y solo en los 48 contratos principales, de 197 totales, estaban ligados a préstamos por 7.300 millones de dólares.

El embajador de China en Ecuador, Wang Yulin, reclamó pruebas antes de que se emborronase con acusaciones de corrupción el legado que las cuatro empresas -Sinohydro, China International Water and Electric Corporation, Harbin, Gezhouba y el consorcio China Communications Construction Company- han construido en Ecuador en los últimos años. Recordó que su Gobierno educa a las empresas para que cumplan las leyes del territorio en el que se instalan. 

Como con Odebrecht, el Gobierno ecuatoriano asignó a dedo la mayoría de los contratos con las empresas de Beijing. Únicamente en ocho de los 48 proyectos más onerosos se siguió el proceso de concurso ya que la legislación permite aplicar un régimen especial cuando se trata de empresas públicas de otro país. Y en 31 de ellos, el Gobierno ecuatoriano ofreció beneficios tributarios y fórmulas de pago beneficiosas para sortear el régimen de impuestos. Se les aplicaba una reducción en el impuesto a la Renta y el Estado pagaba las facturas directamente en cuentas en China para que las compañías no tuvieran que asumir el Impuesto a la Salida de Divisas al enviar sus ganancias de vuelta a su país.

La Contraloría General del Estado tiene en su archivo informes pasados sobre contratos firmados con compañías chinas, contra las que, además, se han interpuesto desde 2010 un centenar de denuncias laborales y ambientales. El mismo Estado ha rescindido el contrato con la responsable asiática de dos de las hidroeléctricas por incumplimientos que han retrasado su construcción. De las ocho megaobras, solo tres estaban en operación a inicios de año pese a que debían estar generando energía eléctrica para exportar desde 2016. Tras el cambio de Gobierno en Ecuador, el nuevo ministro de Electricidad y Energía Renovable, Medardo Cadena aseguró que dos de las pendientes estarían listas a finales de 2017 y una más en 2018.

Otra de las obras emblemáticas del régimen correísta encargada y con financiamiento del socio asiático, es la universidad de Yachay que estaba llamada a convertirse en la Ciudad del Conocimiento. El nuevo régimen detectó irregularidades y problemas de construcción irreversibles que han justificado la apertura en la Contraloria de siete auditorías sobre las obras, pero también sobre las inversiones y los créditos internacionales.

Siete años después de que se firmara el primer convenio de financiación con China, Ecuador acumula decenas de obras de infraestructura con sello asiático pero también ha ido aumentando la deuda con el país. Al final del mandato de Correa, había un pendiente de 8.000 millones de dólares que equivale un 85 % de la deuda externa bilateral total. De las cinco líneas de crédito abiertas con entidades financieras chinas, 7.000 millones de dólares se pagarán con venta anticipada de petróleo, a través de la petrolera estatal Petroecuador y de las asiáticas Petrochina y Unipec. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno está buscando ahora renegociar los compromisos de preventa de crudo porque, según los términos acordados, están ocasionando perjuicios al Estado ecuatoriano.

Campaña navideña "Un juguete, un niño feliz 2017" de Asoecuador


La Asociación Sudamericana Ecuador de Córdoba (Asoecuador), ong sin ánimo de lucro, con la colaboración de R&J Promociones y Eventos y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Córdoba (Fedaic), organizarán el próximo día 22 de diciembre/17 en la sede social de la asociación ubicada en la calle Goya nº40 de esta capital, la Gran Gala de agasajo y entrega de juguetes a los niños hijos de ecuatorianos residentes en la ciudad de Córdoba.

Con este propósito Asoecuador ha puesto en marcha la campaña de crowdfunding “Un juguete, un niño feliz 2017” dentro de la plataforma generosity.com donde se podrá realizar donativos a partir de $5 menos de cinco euros, que serán destinados exclusivamente a la compra de juguetes y que estará vigente hasta siete días antes de la gala.

Existen actualmente más de 100 niños/as hijos de inmigrantes ecuatorianos, de hasta 11 años de edad, que residen en la capital cordobesa y serán beneficiados con esta campaña navideña.

Esperamos contar con la colaboración desinteresada de todas   aquellas personas o instituciones que quieran realizar su donativo  para lograr que esta iniciativa tenga el éxito deseado.

viernes, 3 de noviembre de 2017

SOS Racismo ante las declaraciones racistas de la Concejal Silvia Saavedra del Ayuntamiento de Madrid


sosracismomadrid.es

El pasado 20 de octubre, Silvia Saavedra, concejala del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, aludió durante su intervención en la Comisión de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Transparencia, en la que criticaba la cesión de la Nave de Terneras, en Matadero, para el acto ‘Nada que celebrar’, el pasado 12 de octubre, a la obtención de la nacionalidad española por parte de la edil-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, en los siguientes términos: “parece que cuando adquirió la nacionalidad española, y cuando juraba la Constitución, lo que en realidad estaba haciendo era prometer cargarse España”.

Desde Sos Racismo Madrid queremos denunciar la gravedad de las palabras de la edil de Ciudadanos por cuanto inciden en señalar y diferenciar a los ciudadanos españoles en función de su origen o del modo de obtención de la nacionalidad.

Silvia Saavedra está en su derecho de criticar, si así lo considera oportuno, la decisión adoptada por Rommy Arce en el ejercicio de su cargo, pero no es admisible que dicha crítica se haga en términos personales, llegando a poner en duda el compromiso cívico de personas que, como es el caso de Rommy Arce, no han adquirido la nacionalidad española al nacer.

El comentario de la edil de Ciudadanos parece poner en duda la legitimidad de Rommy Arce en el ejercicio de su cargo por el mero hecho de su origen, hecho que nos parece preocupante, ya que subyace un cuestionamiento de la incorporación en la vida política municipal de madrileños y madrileñas de origen migrante, a los que, en lugar de considerarse como miembros de pleno derecho de la misma comunidad política, se les sigue categorizando en términos de “otredad”.

Las declaraciones de Silvia Saavedra contribuyen a promover la desconfianza hacia la persona que proviene de otro país. Forman parte de un discurso de racismo social, también arraigado en nuestras instituciones, que sitúa a estas personas en un plano de diferencia y pretende obligarles erróneamente a justificar su sentir como ciudadanos de este país, en contraste con aquellos ciudadanos “desde la cuna”.

Madrid es una ciudad diversa lo que es parte de su riqueza y fortaleza. Las instituciones públicas y los representantes políticos deben estar a la altura de la sociedad a la que sirven y representan. A este respecto, no conviene olvidar que, según datos de la Comunidad de Madrid, residen en la actualidad en la misma 1.219.273 millones de personas de origen extranjero, 354.788 de ellos (un 23%) nacionalizadas españolas, y por tanto con plenos derechos políticos, siendo electores y elegibles en todos los procesos electorales*. No podemos dejar que estos derechos se queden en el papel, en un mero reconocimiento formal: es fundamental el pleno empoderamiento político de las personas migrantes nacionalizadas españolas, y que las opiniones vertidas o las acciones realizadas en el ejercicio de estos derechos (sean estas la participación en manifestaciones, el ejercicio del derecho a voto activo o pasivo o la toma de decisiones como cargo público) sea juzgada en los mismos términos que la del resto de sus conciudadanos. En caso contrario, la combinación de inclusión política formal y exclusión política de facto acabará generando no sólo la infrarrepresentación del sentir y de las necesidades de una proporción muy relevante de la población de Madrid (más del 13%), sino tensiones y problemas de convivencia.

Por eso, desde Sos Racismo Madrid hacemos un llamamiento al grupo municipal de Ciudadanos y en particular a la edil Silvia Saavedra para que rectifiquen en sus declaraciones y a todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid para que manifiesten expresamente su compromiso con la sociedad diversa que conforma la ciudad de Madrid y el derecho que tienen todos los nacionales españoles, sea cual sea su origen, de actuar en el ejercicio de sus derechos de nacionalidad como consideren oportuno, y con plena libertad de pensamiento y opinión.

Justicia argentina rechaza aplicar un fallo contra Chevron dictado en Ecuador




yucatan.com

Buenos Aires, 2 nov (EFE).- Un juzgado de Argentina rechazó el intento de ejecutar en el país una sentencia dictada en 2011 en Ecuador contra Chevron, por la que la petrolera estadounidense tendría que pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, por daños ambientales en la Amazonía.

El pago de esa cantidad por parte de Chevron en Argentina había sido solicitado por abogados que representan a un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana, que demandaron a la petrolera estadounidense por contaminación.

La jueza María Viano, del Juzgado Nacional Civil Nº 61 en Buenos Aires, dispuso en su resolución que no se puede aplicar esa sentencia en Argentina y dio dos razones: la causa es cosa juzgada y la falta de conexión de Chevron Corporation con personas jurídicas en el país.

La misma millonaria indemnización también fue solicitada a la Justicia de Estados Unidos, donde Chevron tiene su sede, para saber cuáles son sus bienes, y de ahí se obtuvo la información de una filial en Argentina.

El término legal que define el pedido ecuatoriano es exequátur, que se basa en el reconocimiento y aplicación de un fallo en un país dictado en otro país.

La jueza argentina, sin embargo, declaró "improcedente" ese recurso jurídico. La magistrada argumentó que tal pedido "es cosa juzgada", ya que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ya se había expresado en junio de 2013 desestimando el exequátur.

Además, planteó que "las sociedades apelantes no han tenido participación en el pleito" ya que Chevron Corporation y Chevron Argentina SRL (la filial en el país) "son personas jurídicas distintas".

Viano afirmó que "no existe la conexión directa del caso con el foro local" y que la decisión final de aplicar la sentencia es responsabilidad de "los jueces del país en cuyo territorio se hallen bienes ejecutables" de la persona jurídica Chevron Corporation.

Este mismo pedido de la Justicia ecuatoriana también fue rechazado en países como Estados Unidos, Brasil y Canadá.

Chevron asevera que nunca ha operado en Ecuador y explica que Texaco Petroleum (TexPet), subsidiaria de Chevron desde 2001, fue socia minoritaria en un consorcio de producción de petróleo en Ecuador junto con la estatal Petroecuador desde 1964 hasta 1992.

Después de que Petroecuador asumiera en 1992 la totalidad del consorcio y de las operaciones petroleras, TexPet se comprometió, según la petrolera estadounidense, a remediar "ciertos sitios de producción acordados", mientras que Petroecuador se hizo responsable del arreglo ambiental restante.

En una nota de prensa, Chevron señala que el Gobierno de Ecuador supervisó y certificó la "exitosa remediación" hecha por TexPet y liberó a esa empresa de cualquier otra responsabilidad medioambiental.

Sin embargo, remarca que "Petroecuador no realizó la limpieza a la que se comprometió y ha continuado operando y expandiendo sus operaciones petroleras en la antigua área de concesión durante los últimos 20 años".

"Una vez más, los intentos de lucrarse de esta fraudulenta sentencia han sido rechazados", dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente jurídico y gerente legal de Chevron, quien se mostró seguro de que "cualquier jurisdicción que respete el estado de derecho y examine los hechos también concluirá que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable". EFE