sábado, 28 de octubre de 2017

Europa del lado de las transnacionales en materia de Derechos Humanos



ipsnoticias.net

GINEBRA (IPS) - Un cuerpo creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvo que superar el lunes 23 el obstruccionismo de la Unión Europea para poder encauzar la discusión de un tratado vinculante sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales.

El grupo de trabajo intergubernamental  de composición abierta para avanzar hacia ese tratado,  fue creado en junio de 2014, a instancias de un conjunto de países que lideraron Ecuador y Sudáfrica, por el Consejo de Derechos Humanos, el máximo organismo de la ONU en esa materia.
La resolución del Consejo especifica que el grupo debe elaborar “un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, dentro del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas de negocios”.

En la tercera sesión del grupo, la disidencia europea focalizó esa descripción de las empresas que son objeto del mandato recibido por el grupo de trabajo sobre sociedades transnacionales y otras empresas que debe promover el tratado.

Un delegado de la Unión Europea (UE) reclamó que el documento de trabajo de esta tercera sesión del cuerpo contenga una nota de pie de página con referencia precisa de “las empresas transnacionales y otras empresas”.

La UE entiende que las discusiones no pueden limitarse  a las empresas transnacionales pues muchos abusos son cometidos por empresas de nivel nacional”, dijo el representante de Bruselas.
La delegación de Sudáfrica replicó que la pretensión europea era inaceptable “pues lo que necesitamos es comenzar a trabajar”. “Todo este tema corresponde a las posiciones nacionales de negociación de nuestros colegas europeas” agregó la diplomática sudafricana.

La cuestión se tratará “cuando lleguemos a los debates sobre la substancia de las negociaciones”, insistió.

Brasil fue también rotundo. “Estamos aquí para discutir cómo y porque necesitamos un nuevo marco para las compañías transnacionales y toda clase de empresas. Y el mismo título del grupo de trabajo ya abarca a todas las compañías”, expresó la delegada brasileña.

El debate del cuestionamiento europeo ocupo gran parte de la sesión matutina del grupo de trabajo. El diferendo se zanjo provisoriamente pasado el mediodía cuando el presidente de la sesión, Guillaume Long, jefe de la misión diplomática ecuatoriana en Ginebra, consiguió que los europeos pospusieran su reclamo.

Lo que observamos hoy ya ocurrió en 2015, durante la primera sesión del grupo de trabajo, recordó a IPS Tom Kucharz, miembro de la secretaria europea de Podemos, la tercera fuerza política de España.

Ponen como excusa un pie de página cuando en realidad lo que reclaman ya está recogido en el título del grupo de trabajo. Pero bien saben que es un detalle que puede hacer explotar el proceso” de elaboración del tratado, interpretó Kucharz.

El político, que asesora a Podemos en el Parlamento Europeo, sostuvo que la UE obra de esa manera porque “no quiere hablar de los impactos y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la destrucción ambiental de las empresas multinacionales de la Unión Europea”.
Por el contrario, “quiere hablar de las empresas estatales de China, de Brasil o de Sudáfrica.  Sabe perfectamente que todo eso puede hacer volar por los aires toda la negociación.  Y eso es lo que quiere conseguir la UE”, completó Kucharz.

Las demandas europeas fueron compartidas por Australia, Noruega y México, que se diferenció del resto de países del grupo latinoamericano y caribeño.

Todas las tentativas por verificar el acatamiento de las transnacionales a las normas globales sobre derechos humanos han tropezado en las últimas décadas con la firme oposición de las naciones industrializadas, con la excepción de efímeros avances durante la década de los 70.

Lo único que han concedido los países sede de las transnacionales ha sido un conjunto de Principios Rectores, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos. Pero esas expresiones carecen de obligatoriedad y son meramente voluntarias.

En junio,, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el acatamiento de las reglas del Pacto Internacional del mismo nombre, aprobó una interpretación que atribuye obligatoriedad a ese cuerpo jurídico y por ende a todo el resto de la arquitectura de los derechos humanos.

El redactor de la interpretación y miembro de ese consejo, el experto belga Olivier De Schutter, aseguró en ese momento a IPS que la interpretación tiene carácter vinculante.
Tal carácter solo quedara confirmado cuando el mismo cuerpo o alguna jurisdicción judicial de un  estado miembro del Pacto lo reconozcan en un dictamen”, explicó.

La principal figura detrás del proyecto de tratado vinculante sobre las transnacionales, la actual ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Maria Fernanda Espinosa, no mostró mayor preocupación por el efecto de la ofensiva europea del lunes 23.

Espinosa, que presidió el grupo de trabajo en su primera sesión de 2015, cuando dirigía la misión ecuatoriana en esta ciudad dijo a IPS que  “yo esperaría que no” perjudique los resultados del proceso.

Creo que es muy importante para nosotros el papel de la Unión Europea pues hay una gran flexibilidad”, apuntó.

Desde el inicio, la UE ha tenido una serie de exigencias para comenzar el proceso. Lo que estamos esperando es que participe de manera constructiva, no obstaculice y aporte con la gran experiencia que tienen los países del bloque en este tema, en los aspectos regulatorios en relación a las transnacionales”, observó Espinosa.

La ministra ecuatoriana se mostró optimista con respectó al resultado de los debates que concluirán el viernes 27.

Esto va a continuar y vamos a entrar ya en los temas que la gente está esperando, que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sociales, miles que apoyan el proceso, que las víctimas de violaciones del pasado están esperando que entremos a discutir y negociar ya lo sustantivo que es el cuerpo del tratado”, describió.
Editado por Estrella Gutiérrez

viernes, 27 de octubre de 2017

Ecuador presenta ante la ONU texto del tratado vinculante para controlar multinacionales

lavanguardia.com 
 
Ginebra (EFE).- Ecuador presentó hoy un texto que sirva como base para la negociación de un tratado vinculante que delimite las acciones de las empresas multinacionales para que éstas respeten los derechos humanos y medioambientales allí donde actúen.

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la creación de un instrumento legal vinculante que regule la actuación de las empresas y se asegure que éstas sean responsables de los eventuales abusos que cometan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente.

Ecuador y Sudáfrica son los copresidentes de este grupo, que hoy se reunió por tercera vez de forma ordinaria para avanzar en la negociación del futuro tratado.
La sesión comenzó con la presentación por parte de la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, del texto denominado "Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos", que ahora deberá ser sometido a debate.

En paralelo, Lola Sánchez Caldentey, eurodiputada por el partido español Podemos, presentó hoy en un acto público en Ginebra la "Llamada de los Parlamentarios", una red de casi 250 diputados de izquierdas que apoyan la creación del tratado.

"Estamos inmersos en un proceso histórico. Queremos que se equilibre un poco esta injusticia de globalización en la que vivimos. Una globalización muy desequilibrada entre los poderes económicos y financieros y las empresas multinacionales, por un lado, y la gente, especialmente la de los países pobres", explicó Sánchez a Efe.

"Es muy importante estar aquí porque muchos países, especialmente los ricos y entre ellos la Unión Europea, pretenden bloquear el proceso al querer incluir en el texto a todas las empresas, y así diluir el contenido del texto", añadió.

Sánchez recordó que la Eurocamara ha aprobado varias declaraciones apoyando la creación del tratado y llamando a la urgencia, y criticó que la Comisión quiera bloquear el proceso "de espaldas a la ciudadanía".

En el mismo acto también participaron miembros de la Alianza para el Tratado, que agrupa a casi doscientas organizaciones de la sociedad civil.

"Represento a una serie de comunidades donde las multinacionales violan diariamente los derechos humanos. Lo que existe actualmente es una arquitectura de la impunidad de las empresas", denunció Tchenna Maso, miembro de La Vía Campesina.

"Hay que recordar que estas transnacionales, en muchos casos, son más poderosas que muchos Estados. Entonces, cuando surgió la iniciativa quisimos apoyarla inmediatamente para que la gente, el pueblo, también haga oír su voz y que la acción de las empresas se regule en base a experiencias concretas", agregó Maso.

Los promotores de este tratado pretenden que la convención establezca un marco regulador que obligue a los Estados a asumir la responsabilidad por abusos cometidos por las transnacionales, y que éstas estén obligadas a cumplir unos estándares mínimos, como que las normas medioambientales o laborales fueran las mismas sin importar el país.

"Uno de los temas esenciales es el acceso a la Justicia; otro es que las empresas no participen de este proceso, porque no son sujetos legítimos porque no fueron elegidas por nadie; y otro es la creación de un tribunal especial que juzgue a estas compañías", dijo Maso.

Todas estas propuestas han sido recogidas en un borrador de texto que ha sido presentado, precisamente, a Ecuador, para que lo incorpore en el suyo propio. EFE

miércoles, 25 de octubre de 2017

Pablo Fajardo: “Los gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas en los países del sur”

 Durante los últimos 23 años, el abogado ha encabezado la lucha jurídica contra la multinacional norteamericana Chevron, causante de un desastre ecológico que sigue cobrándose vidas hoy en día en Ecuador.
 
Siendo muy joven Pablo Fajardo Mendoza, abogado y activista ecuatoriano, trabajó para la empresa petrolera Texaco –hoy Chevron– donde pudo observar cómo la multinacional norteamericana contaminaba de manera sistemática la selva amazónica y su región. Entonces comenzó un periplo judicial de denuncia contra la empresa a nivel internacional que ha dado la razón en repetidas ocasiones a los afectados por las prácticas extractivistas de la compañía. Sin embargo, gracias a la impunidad con la que operan las grandes multinacionales, la empresa nunca ha pagado por sus crímenes. 
 
Fajardo visita Madrid en una gira por países europeos que acabará en Ginebra, donde Ecuador preside un proceso para que se cree un tratado internacional vinculante para acabar con la impunidad de las empresas frente a la violación de los Derechos Humanos.  

¿Cómo empezó la lucha que encabezas? 
La empresa Chevron, antes Texaco, obtuvo un contrato para buscar y extraer petróleo de una área de la amazonía ecuatoriana de 1.500.000 hectáreas de selva tropical. Durante 26 años perforó 500.000 hectáreas en una zona donde habitaban distintos pueblos indígenas originarios. Dos de ellos ya se han extinguido. El método de la empresa fue realizar la menor inversión posible para maximizar sus beneficios, a costa del ecosistema y de los pueblos. La empresa vertió más de 60.000 millones de agua tóxica a los ríos de la amazonía, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de caminos y hubo derrames y vertidos frecuentemente. Esos vertidos nunca fueron remediados, si tú excavas ahora mismo en muchos lugares de Ecuador puedes encontrarlos simplemente tapados. También construyeron más de 1.000 fosas o piscinas para tirar los vertidos. Hoy, 30 o 40 años más tarde, esa contaminación se encuentra ahí todavía. Hay quien la compara con otros accidentes medioambientales, pero esto no fue un accidente. Fue una operación diseñada por Chevron para obtener el mayor beneficio con la mínima inversión. 
Además de los dos pueblos extinguidos, esa contaminación ha causado muchas muertes por cáncer y leucemia. Los índices de cáncer de esa región son los más altos de Ecuador, que a su vez son los más altos de América latina. El cáncer de pulmón en la zona es seis veces más alto que el promedio nacional. La leucemia es ocho veces más. Por todo ello arrancamos esta lucha que, en noviembre, cumplirá 24 años. 

¿Qué trabas os habéis encontrado?
Muchas. Primero llevamos el caso a la Corte de Nueva York, ya que la empresa es de Estados Unidos. Pero los jueces dijeron que ellos no eran competentes y que se debería llevar a la Corte en Ecuador. Pero al llevar al caso a Ecuador los argumentos de Chevron fueron que los jueces de allí tampoco eran competentes. Entonces nos encontrábamos en un punto donde no sabíamos dónde juzgarlos. Finalmente se les juzgó en Ecuador y la empresa soltó toda una batería de excusas absurdas y argumentos sin sentido, pero nosotros pudimos demostrar científicamente que esos hidrocarburos estaban causando cientos de muertes. Por lo que este caso es un crimen atroz, no solo medioambiental, sino contra los derechos humanos.
En 2011 hubo una sentencia que la culpaba de aquellos crímenes. Hubo apelaciones y también las ganamos. Pero aquí estaba el truco, Chevron en ese momento había sacado todos sus bienes de Ecuador. No podíamos cobrar la indemnización. Fuimos a buscar el dinero fuera y aquí empezó el juego de Chevron, empezando por ataques al Estado ecuatoriano.
 
¿Qué tipo de ataques?
Por ejemplo en el ámbito económico y comercial. Chevron ha boicoteado que Estados Unidos haga acuerdos comerciales con Ecuador como castigo por este caso. También han llevado el caso a tres arbitrajes internacionales como represalia, campañas mediáticas de desprestigio... Cuando se quería llevar el caso a Ecuador, la empresa decía que nuestros jueces eran los mejores del mundo. Pero cuando fallaron en su contra montaron una campaña de desprestigio hacia todo nuestro sistema judicial. Y lo más grave, ataques contra las víctimas: casos de espionaje, chantaje, amenazas físicas y cientos de demandas. Yo mismo tengo decenas de ellas en Estados de Ecuador y en EE UU. Persecuciones cibernéticas. No hay una de nuestras comunicaciones que no sea interceptada por Chevron.
Pero no contentos con esto, lo que están usando es todo un entramado de empresas para eludir la responsabilidad y están usando los juzgados internacionales sabiendo que no hay un juzgado de los derechos humanos que les pueda juzgar por sus crímenes. Usan empresas subsidiarias para tratar de evitar las responsabilidades. Usan su poder económico para contratar a ejércitos de abogados y usan las cortes norteamericanas que defienden a la corporación. Existen sentencias norteamericanas que invalidan el uso de nuestras sentencias en su país. 
 
¿Cómo sería ese juzgado internacional que podría acabar con esa impunidad?
Es un tema complejo, porque cualquier sistema judicial podría ser cooptado por lo poderes corporativos. Debemos dar pasos. El primero es que los pueblos tengamos acceso a esa justicia. Lo segundo es que esa declaración de que los derechos humanos están por encima de los derechos económicos debe ser real. Ahora mismo es al contrario. Queremos un sistema de justicia que permita juzgar a las corporaciones y que, en la medida de lo posible, vaya acotando el poder corporativo. Que no permita que las empresas abusen de los Estados pequeños. Un sistema judicial al que podamos acceder todos y de una manera práctica y real.

La semana del 23 de octubre se celebran unas reuniones en Ginebra para avanzar en un tratado vinculante que se presentará a las Naciones Unidas sobre las multinacionales. ¿Qué confianza tienes en este tratado?
Va a ser complicado. Tenemos la oposición de Estados Unidos por un lado. Pero también tenemos la de la Unión Europea con su doble moral. Que presume de ser el continente donde se cometen menos delitos contra los derechos humanos pero permite que sus empresas los violen en otras partes del planeta. Algo avanzaremos, aunque la correlación de fuerzas es adversa. Son más los países que están en contra, o mejor dicho, los gobernantes, porque estoy seguro que la ciudadanía estaría a favor de este tratado. Por lo que necesitamos una sociedad civil fuerte, aquí en Europa, que exija que sus gobernantes persigan y juzguen los delitos que cumplen sus propias empresas en otros países.

¿Solo afecta a los países del sur?
Para nada, es un problema global. Lo primero es que las empresas que operan allí son de aquí. Y si se traen los beneficios, también se deberían de traer los problemas. Los gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas en los países del sur.
Por otro lado, aquí también se cometen crímenes como estos por parte de las multinacionales. Me viene a la cabeza el vertido en Andalucía de la empresa sueca Boliden hace 19 años y por el que todavía no ha pagado nada. O el caso del Prestige. Pero hay otro tipos. España tiene una tasa de suicidios muy elevada. Un gran porcentaje lo hace por motivos económicos. Deudas con sus bancos que les asfixian. ¿Y qué son los bancos?, multinacionales. 

"Los medios ponen en el centro la información que conviene a las corporaciones"

¿Qué pasos crees que debe dar la sociedad civil para que progresen estos tratados contra esa impunidad?
Hay varios frentes donde hay que trabajar. Lo primero es la comunicación. La ciudadanía tiene que enterarse de que esos crímenes ocurren cada día y que todos somos víctimas globales. Lo segundo es crear una masa intelectual, porque ahora mismo los medios y gran parte de las universidades están creando una masa intelectual que favorece el sistema de las corporaciones.
Por otro lado, en el plano político, debemos exigir y practicar una democracia real. Que no se limite al día que vas a depositar el voto. La gente debe participar en aquellos procesos políticos que afecten a sus vidas. Trabajando estos tres frentes podremos encaminarnos hacia un cambio político y social real. 
 
¿Está la democracia y la soberanía amenazadas por las multinacionales?
No están amenazadas, están cooptadas completamente. Los medios ponen en el centro la información que conviene a las corporaciones. La gente es víctima de ello. Con la democracia pasa exactamente lo mismo. La democracia, las administraciones, las empresas públicas, las privadas, la academia, todo está cooptado y eso hay que romperlo.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Los papeles de Hicham: La odisea de los sin papeles en España



 Hicham trabaja en un puesto de kebab en la feria de una ciudad andaluza este verano. JUAN CARLOS TORO

elpais.com
 
Por solo 41 euros, en poco más de una hora, cualquier español puede volar de Madrid a Rabat. Jamás viajar fue tan barato en un mundo más pequeño que nunca. Pero no para todos. El viaje de norte a sur es un suspiro. De sur a norte, una odisea. 
 
El marroquí Hicham Aidami, futbolista del equipo amateur de inmigrantes Alma de África, de Jerez, hubiera venido encantado en Ryanair. Pero entró en Algeciras agarrado a los bajos de un camión. Tenía 17 años y cuatro meses. Como para tantos, Europa era su Eldorado. Pero sin una ventanilla donde pedir permiso para entrar, se buscó la vida. 
 
Tras varios años sin papeles, en la clandestinidad, acaba de conseguir la preciada tarjeta que le permite vivir y trabajar legalmente en España. Es probablemente la mejor noticia que ha recibido en su vida. Tiene 23 años. Es cocinero. 
 
Le dio la noticia Alejandro Benítez, el presidente de Alma de África, el club de fútbol que sirve de hilo conductor a esta serie The New Arrivals sobre los inmigrantes y refugiados en España. 
 
Era finales de mayo. Fue a buscarle a la feria de una ciudad andaluza donde el lateral derecho había encontrado unos días de trabajo. Hicham sabía que tendría visita porque Victoria Guillamondegui, de 48 años, su orientadora en la ONG Accem, le había advertido por teléfono de que el presi iba para allá para darle una sorpresa. 
 
"Me he puesto contento y tó", recuerda al recordar aquel instante este joven serio que no acabó la secundaria y siempre habla en presente. "Y cuando se ha ido, me he puesto a llorar y tó, de verdad". Hicham salía por fin del limbo.

Para quienes vienen de países con problemas, o simplemente pobres, cruzar fronteras legalmente es un laberinto burocrático infernal. O misión imposible. Para Hicham, como para cualquier inmigrante o refugiado, los papeles eran la obsesión.

Sin el apoyo inicial del Estado y de las varias ONG que le han amparado desde que es mayor de edad, este marroquí estaba abocado a la marginación. Porque la ley española requiere a quien entra ilegalmente desde África que esté tres años en la clandestinidad antes de poder siquiera presentar la solicitud para regularizar su situación.

Los papeles son el bien más preciado entre las escasas posesiones de los migrantes. Todos atesoran documentos, órdenes de expulsión, escritos, sellos, certificados, recetas médicas en raídas carpetas. Cualquier trazo —oficial o no— que documente sus vidas, que demuestre cuándo llegaron y qué han estado haciendo desde entonces, es valioso. 
 
Manejarse por el laberinto de la burocracia y la ley de Extranjería es un arte que domina Michel Bustillo, una celebridad entre los sin papeles de Jerez. Lo adoran. Ha ayudado a muchísimos. También a Hicham, que los perdió porque se metió en una pelea que acabó en un juzgado. Los ha recuperado al ser archivado el caso.

"No soy abogado, pero conozco muy muy bien los entresijos de la ley de Extranjería. Conozco perfectamente bien a cada chico y qué vía es la que mejor le puede venir", explica Bustillo, de 48 años, de la ONG Voluntarios por Otro Mundo, al que su empleo de administrativo en una atunera que pesca en el Índico le deja mucho tiempo libre. 
 
Con el paso de los años se ha especializado en documentar a los chavales que llegan en patera, por la valla... o, últimamente, en tabla de surf. No es raro toparse con él por las calles de Jerez con jóvenes africanos que van a comisaría o al Ayuntamiento a hacer gestiones para legalizar su situación.

Hicham lleva dos meses trabajando legalmente. De doce a cuatro y de ocho a medianoche cocina hamburguesas y pizzas. Por primera vez paga impuestos. Para que las autoridades le dieran permiso de trabajo su jefa ha tenido que hacerle un contrato de un año, demostrar que no tenía deudas con la Seguridad Social, ir a la oficina de Extranjería y pagar una tasa de 198 euros.

Lograr un jefe así es casi una hazaña. El NIE (el DNI de los extranjeros) que lleva en la cartera es para un año. Cuando venza, debe cumplir esos mismos requisitos para que se lo renueven.

Guillamondegui ha visto muy de cerca el cambio que ha supuesto para el marroquí, al que ha orientado durante los últimos dos años. "Nosotros teníamos primero un Hicham que sabía que en cualquier momento podría venirle una orden de expulsión y que se terminase su proyecto migratorio en España. Y el otro Hicham es el que se permite tener otros objetivos aquí. 
 
En ese stand by estuvo estudiando, ganándose la vida, iba al rastro a vender cosas y con eso tenía unos mínimos ingresos". Ella sabe bien de qué habla. Vino a España tras el corralito de 2001 desde su Argentina natal con su esposo y tres hijos. También fue una sin papeles.

Las fronteras de los países más ricos y desarrollados han ido cerrándose en paralelo a la globalización. No solo para quien busca prosperar. También para quien huye de la guerra. 
 
Los primeros sirios que escapaban en avión al empezar los combates en 2011 descubrieron pronto que países europeos les pedían visado incluso para hacer escala en sus aeropuertos. Imposible huir en avión. Casi nadie aboga hoy por la política de fronteras abiertas a cualquier inmigrante de cualquier lugar. 
 
Pero los expertos en movimientos migratorios insisten en que la única manera eficaz de frenar la inmigración ilegal (que la creciente desigualdad y el abaratamiento de los viajes han disparado) es abrir canales legales. Para dentro de 30 años la población migrante se duplicará hasta 405 millones de personas (algo menos que la población europea) y "Europa seguirá siendo un destino prioritario para los migrantes, haya o no un sistema de inmigración legal. Por tanto, es en el propio interés de Europa gestionar ese flujo de entrada y enraizarlo en la economía formal", afirma una nota estratégica publicada en 2015 por European Political Strategy Center, un think tank de la Comisión Europea.

El documento recuerda que países como Canadá, Australia o Singapur han florecido gracias a la inmigración regulada, que destaca como una fuente inmejorable de emprendedores y gente innovadora. Cita al fundador de WhatsApp (la aplicación que ha revolucionado cómo nos comunicamos) Jan Koum: llegó a California a los 16 tras huir del antisemitismo en Ucrania. Él y su madre vivieron de ayudas públicas y hace tres años (a los 38) vendió su empresa por 16.000 millones de euros. 
 
EE UU tiene fama de atraer a los más brillantes y cada año sortea miles de permisos de residencia en la Green Card Lottery. La UE, en cambio, tiene un programa para atraer empleados super cualificados, la Tarjeta Azul, pero es casi testimonial (Alemania con 17.000 permisos en 2016 lo copa; España dio 21).

Las más de 140.000 personas llegadas ilegalmente por el Mediterráneo en lo que va de 2017 y las 2.665 que se han ahogado en el intento, según el recuento de Acnur, evidencian que el sistema vigente no funciona. Ni la UE recibe el talento y la mano de obra que su envejecida población requiere para que la economía siga creciendo y garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar, ni los millones de necesitados en los países vecinos que aspiran a prosperar tienen más opción que tentar a la suerte y a la muerte

"Ahora no protegemos las fronteras ni a los que están en movimiento", afirma por teléfono desde Londres Mattia Toaldo, italiano, experto en Libia, investigador del European Council on Foreign Relations. Él tiene una propuesta detallada que no requiere "reinventar la rueda": "Que la UE dé visados para inmigrar legalmente a los países que acepten a los [inmigrantes irregulares] deportados. Aceptar a los expulsados no sería así un favor que nos hacen. Sería en interés mutuo".
Además, recalca, se desbarataría el lucrativo negocio de los traficantes de personas y la UE sabría quién entra. Ahora hay, según la Comisión Europea, al menos un millón de personas sin papeles en la clandestinidad.

Toaldo sostiene que, en paralelo, la UE debería tener un sistema eficaz y rápido para resolver las peticiones de asilo, ahora atascado por el desembarco de solicitantes genuinos y de otros que han visto en ello la única oportunidad de quedarse legalmente en Europa.

La llegada de un millón de personas por mar cortó en 2015 la respiración a Europa pero conviene ponerla en perspectiva. Son sólo el doble de los rohingyas llegados en un solo mes de 2017 desde Myanmar a la vecina Bangladesh. Con una diferencia: unos llegan a un bloque de 500 millones de habitantes en economías consolidadas y otros, a uno de los países más pobres y superpoblados del mundo.

No obstante, el impacto en Europa ha sido fulminante. El mayor desembarco de migrantes en el continente desde la Segunda Guerra Mundial (incluidos dos millones de refugiados acogiéndose a una ley internacional aprobada en 1951 por europeos para europeos) ha derivado en triunfos electorales de partidos antiinmigración en casi todo el continente: de Alemania a Grecia, Polonia o Suecia. 
 
Con ese discurso de fondo y tras los atentados perpetrados por el ISIS (en un puñado de casos con participación de inmigrantes y refugiados), los dirigentes de Europa han renunciado parcial y temporalmente a una de las grandes señas de identidad de la Unión, la libertad de circulación de personas. Algo que la generación Erasmus y Ryanair da por supuesto, al tiempo que sus mayores no olvidan lo que era vivir atrapado en las fronteras nacionales y tener que pedir visado para viajar a buena parte del mundo.

Sin embargo, el especialista Toaldo recalca que la percepción de la ciudadanía sobre la inmigración varía notablemente si es ilegal o no. Las encuestas muestran de manera consistente tanto en Europa como en Estados Unidos o Australia, según un estudio de Chatham House, que los llegados ilegalmente preocupan muchísimo más. La inquietud en Europa ante los llegados ilegalmente es hasta 40 puntos más que ante los que lo hicieron por las escasas vías legales.  

Hicham lleva ahora lo que define como una vida normal. Una normalidad que para él es extraordinaria. Apuntarse al gimnasio, comprarse una bici (de segunda mano) que te cambia la vida en una ciudad tan extensa como Jerez, un móvil (nuevo), trabajar ocho horas, cobrar a fin de mes.... Y salir a la calle con la tranquilidad de saber que si un policía te para le puedes enseñar tu DNI de residente. Lo próximo, aprender a conducir. Y ojalá, un coche.

Pero tener ingresos implicó también que debía dejar su piso, gestionado por una ONG. Fueron días duros. No encontraba nada asequible, temía quedarse en la calle. En el último minuto, Guillamondegui, su orientadora, le consiguió hueco en un piso que gestiona otra ONG jerezana, Todos con Casa. Una vez más el trabajo en red funcionó.

La única pega de tener papeles es que Hicham ha tenido que dejar Alma de África. Los horarios son incompatibles con su trabajo. "Cuando tenga tiempo para volver a jugar, vuelvo". Bustillo, el señor de los papeles, va a plantear ahora un caso en Extranjería con la ficha que la federación andaluza de fútbol ha dado a un sin papeles y otros informes favorables. "Lo voy a intentar, a ver si lo conseguimos". Destaca que "con la oficina de Extranjería de Cádiz, siempre dentro de la ley, todo son facilidades".

Hicham quiere ahorrar para visitar a su familia en Marruecos e ir cargado de obsequios. Con papeles, puede volar por 41 euros en poco más de una hora y regresar a España en otra hora.


viernes, 13 de octubre de 2017

El 12 de octubre en América Latina: Día de la Resistencia Indígena

 

Día de la Raza.  este era el nombre del 12 de octubre, que surgió de forma extraoficial, de boca a boca, sin decretos. No fue hasta 1931 que Ramiro de Maeztu escribió: «El 12 de octubre, mal titulado Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad». Fiesta nacional desde 1987 y ya modificado a Día de la Hispanidad, el 12 de octubre recuerda el momento en el que Cristóbal Colón llegó a América.

Y no es celebración única en España. Toda América lo ha celebrado a lo largo de la historia, también bajo el nombre de Día de la Raza. Pero el concepto de 'descubrimiento' de América ha sido eliminado de la celebración. En Estados Unidos, el segundo lunes de octubre se celebraba el Columbus Day, ya no es lo que era: en muchos estados ha dejado de ser fiesta; en otros, lo han convertido en el Día de la Resistencia Indígena

Colombia, México, Honduras, Uruguay, Ecuador, Perú y muchos otros países latinoamericanos mantenían hasta hace algunos años esta celebración como el “Día de la Raza” pero nunca se lo había celebrado como “Día de la Hispanidad”, nombre que solo lo ha mantenido en España.

Actualmente en casi todos los países latinoamericanos se lo celebra como “Dia de la Resistencia Indígena” con el añadido ya muy corroborado “Nada que celebrar”.

Los colectivos de migrantes de Barcelona se activan para abolir la celebración de la Hispanidad



Los colectivos ya preparan las pancartas de la concentración bajo el lema "Nada que celebrar" Cedida
eldiario.es

Natalia jamás ha vivido el 12-O como una celebración. Más bien al contrario. Desde que llegara de su Colombia natal hace quince años, esta profesora de universidad ha vislumbrado la necesidad de revisar la idiosincrasia de la fiesta nacional española. Por primera vez, y tras años de militancia en colectivos por los derechos migrantes, Natalia marchará por las calles de Barcelona el día de la Hispanidad. Pero lo hará como una "reivindicación migrante".

No estará sola. La joven de 37 años forma parte de Afectados por el Colonialismo, una nueva plataforma que agrupa una docena de colectivos que trabajan en favor de los derechos de los migrantes, y que pretende acabar con la celebración de lo que consideran –responde una miembro de la misma– un "símbolo franquista más que tiene reminiscencias en la actualidad", pues "preserva las relaciones neocoloniales".

Para ello, la nueva plataforma publicará el día de la Hispanidad un manifiesto –al que ha tenido acceso este medio– bajo el nombre Muchas razones para no celebrar el día de la Hispanidad, que buscará adaptar la festividad en Barcelona teniendo en cuenta los cerca de 270.000 migrantes que viven en la capital catalana. Otras ciudades como Los Ángeles, Seattle o Minneapolis ya lo han hecho antes.

El Comité por la libertad de Milagro Sala; la Federación de entidades culturales bolivianas; el colectivo de jóvenes saharauis de Catalunya; el Espacio del Inmigrante; el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona; Musulmanes contra la islamofobia; o Cornellá Sense Fronteras se movilizarán juntos por primera vez. Podrían ser más, pues otras entidades y asociaciones debaten su adhesión, que a partir del 12-O quedará abierto a todo tipo de colectivos, trabajen o no en cuestiones relacionadas con la migración.

La reivindicación de la plataforma parte de la Ley de Memoria Histórica, por la cual los poderes públicos están –recuerdan desde Afectados por el Colonialismo– "obligados a eliminar los símbolos de la dictadura franquista". Los firmantes consideran que la Hispanidad es uno de esos símbolos, pues en 1958 un decreto de la Presidencia del Gobierno franquista estableció como fiesta nacional el 12-O, bajo el nombre de Día de la Hispanidad. No fue hasta 1981, tras la restauración democrática, cuando un real decreto sumó a la fecha el añadido de fiesta nacional. Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad, concretamente. En 1987, la ley 18/1987 ratifica como festividad nacional española el día asociado al "descubrimiento" pero prescinde de la denominación de 'Día de la Hispanidad'.

Sea como sea, la plataforma considera la celebración una manera de perpetuar la "cultura colonial", por lo que proponen como nuevo nombre el 'Día de la resistencia de los pueblos indígenas negros y populares'. También equiparan la festividad con los monumentos franquistas y los de homenaje al colonialismo. Es el caso de la estatua A López y López. O el de Colón, que el Ayuntamiento de Barcelona rechazó substituir hace unas semanas.

Precisamente ambas estatuas de Barcelona se conectarán este jueves en una marcha a las 17h que la plataforma ha organizado y que también reivindicará el derecho a la autodeterminación de los pueblos o la abolición de la ley de extranjería. La manifestación no coincidirá con la organizada por Sociedad Civil Catalana, anunciada para las 12h.

Natalia –así como otros miembros de la plataforma– evita relacionar el debate sobre la Hispanidad sólo con "con algo antiguo como el franquismo". Según consideran, la idea tras la Hispanidad "tiene impacto ahora, ya que fomenta las relaciones norte-sur". "El colonialismo es el espíritu de la Europa actual, racista y que negocia con la muerte y la precariedad de las personas", acompaña Ulises, también activista de la plataforma y del Espacio del Inmigrante.

De 'día de Colón' a 'día por las víctimas de Colón'

Hasta hace unos años la festividad del 12-O se denominaba en casi todos los países de América del Sur como 'Día de la Raza'. Con el paso del tiempo, muchos han ido modificando el significado de la fiesta para resaltar la importancia de la diversidad cultural y el papel de los pueblos aborígenes ante la conquista española.

En Venezuela, por ejemplo, se celebra el 'Día de la Resistencia Indígena' y en Bolivia el 'Día de la Descolonización'; en la mayoría de lugares ha dejado de hacerse referencia al 'descubrimiento' de Cristóbal Colón. Pero no sólo los países han movido ficha por el reconocimiento de las luchas y resistencias contra el colonialismo.

Ciudades como Los Ángeles (EEUU) han pasado de 'día de Colón' a 'día para la memoria de las víctimas del colonialismo'. También se han cambiado los nombres en lugares como Oklahoma (tras consulta popular el año 2017), Portland o Olympia.

Algunas ciudades también lo han hecho, por ello la plataforma pretende presionar al Ayuntamiento de Barcelona, que no dispone de competencias directas para cambiar la denominación vigente (vía real decreto), para que medie en un cambio de nombre e idiosincrasia del día de la Hispanidad. El Gobierno de la alcaldesa Ada Colau ya ha hecho gestos en esa dirección: bautizó la plaza de la Hispanidad como la de Neruda.

martes, 3 de octubre de 2017

CONSULTA POPULAR ECUADOR 2018




Estas son las 7 preguntas que los ecuatorianos deberán votar (SI/NO) en la "Consulta Popular Ecuador 2018" impulsada por el Presidente Lenin Moreno y que deberá realizarse dentro de los próximos cuatro meses, mismas que ya  han sido publicadas por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador en su pagina web.

Pregunta nº1
¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?

Pregunta nº2
Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la
Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?

Pregunta nº3
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para
reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por
terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?

Pregunta nº4
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes?

Pregunta nº5
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

Pregunta nº6
¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como “Ley de plusvalía”, según el anexo 1? El presidente constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley orgánica y evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos (Ley de plusvalía), en un plazo no mayor a 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial.

Pregunta nº7
¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?