jueves, 21 de enero de 2016

España pierde población por la caída del número de extranjeros

elpais.com
La dinámica de pérdida de población que vive España desde 2012 sigue confirmándose con cada nuevo dato. Por tercer año consecutivo el número de residentes en el país ha descendido y a 1 de enero de 2015 se contabilizaron 146.959 habitantes menos que un año atrás: en España viven 46.624.382 millones de personas según los datos del último padrón continuo publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso quiere decir que España perdió 402 habitantes cada día en 2014 debido a la importante caída del número de extranjeros.
Los datos del INE corrigen levemente al alza los que ya avanzó en abril. El descenso del número de extranjeros en casi 300.000 personas es el factor que explica que España pierda población. Es el cuarto año consecutivo que bajan, pero aún representan el 10,14% de la población. Tras esta reducción están la marcha de inmigrantes a su país de origen o a otros países y sobre todo las nacionalizaciones, que también han ayudado a que el número de españoles inscritos en el padrón avance un 0,35% (146.884 españoles más). Los datos provisionales del INE facilitados el pasado junio señalan que 205.870 personas adquirieron la nacionalidad española en 2014.
En España viven 4,7 millones de extranjeros. De ellos, casi 2,6 millones son de fuera de la Unión Europea —377.000 menos— y 2,1 de la UE —82.000 más—. Rumanos y marroquíes son las principales nacionalidades de los extranjeros residentes en España: Uno de cada cuatro inmigrantes que viven en España procede de estos países. Ello ha contribuido a rejuvenecer la población, dado que más de la mitad de ellos tienen menos de 40 años, lo contrario de lo que sucede con los provenientes de Reino Unido, Alemania o Francia.

Menos población en el futuro

Junto a los movimientos migratorios, la población depende de las cifras de natalidad y mortalidad. En 2014 los nacimientos en España aún superaron a las muertes en 31.678 personas, el saldo más bajo desde el año 2000, pero para el año recién concluido se prevé que por primera vez desde la Guerra Civil haya más defunciones que partos.
Ello se ha traducido en 19.268 fallecimientos más que nacimientos, en línea con las predicciones de los expertos, que anuncian el comienzo de una nueva era de más lápidas y menos cunas: el INE espera que España pierda más de un millón de habitantes en los próximos 15 años y que en 2063 los fallecidos superen a los nacidos en 330.423 personas. Al acabar ese año casi cuatro de cada diez habitantes tendrá más de 65 años y la población española será de 40,9 millones, casi seis millones menos que en la actualidad, el equivalente a perder la población de Madrid, Barcelona y Valencia juntas.Mientras una primera estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntaba a que esta línea roja demográfica se rebasaría en 2017, una proyección realizada solo unos meses después la corregía adelantando el momento hasta este 2015. El año ha acabado y a la espera de datos definitivos, en el primer semestre un corazón ha dejado de latir en España cada 69 segundos mientras un niño nacía cada 86 segundos.
"El número de fallecidos no dejará de aumentar. Las generaciones que llegan a edades muy avanzadas son cada vez más amplias y las que llegan a edad reproductiva menos numerosas. De ellas nacerán menos hijos a no ser que aumente su fecundidad para compensar que son menos, algo altamente improbable", explica Pau Miret, investigador del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona.
Más allá del descenso de la población, el principal reto es el envejecimiento. La edad media de la población no deja de subir debido a varios factores: los españoles dejan el hogar familiar más tarde que el resto de europeos, a los 28,9 años de media, lo que contribuye a retrasar la formación de una familia. Las madres dan a luz su primer hijo a los 31,8 años y la fecundidad es de 1,32 hijos por mujer, inferior a la media europea y muy lejos de la tasa de reemplazo generacional, fijada en 2,1 hijos.
“La tasa de dependencia —la proporción de personas mayores de 65 años respecto a las de entre 20 y 65 años— sufrirá una subida persistente por la caída de los nacimientos. Eso complicará la sostenibilidad del sistema de pensiones incluso si se reduce el paro. Todo quedará en manos de una hipotética mejora de la productividad”, sostiene José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. El economista advierte de otras posibles consecuencias: una importante caída de la demanda de primera vivienda o que los políticos centren sus propuestas en el amplio granero de votantes de avanzada edad en detrimento de los jóvenes.

miércoles, 20 de enero de 2016

LA HUELLA DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Los españoles desconfían de las instituciones. Pero ¿es España un país corrupto?

Poco antes de que el alcalde fuera detenido, me metieron en un despacho y me pusieron delante un informe. Era el mismo que yo había redactado, pero sin los párrafos en los que desaprobaba expresamente la operación urbanística. El alcalde les daba las órdenes por teléfono: ‘Que no se levante hasta que haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarró de la muñeca, me colocó el bolígrafo en la mano y trató de obligarme a firmar.

Todo el mundo callaba”. Lo cuenta Maite Carol, 42 años, economista y entonces interventora municipal en Santa Coloma de Gramenet. Los guardias civiles que tenían pinchados los teléfonos del alcalde registraron este airado comentario: “No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla”. Es lo que hizo el alcalde.

El caso Pretoria, destapado hace seis años, es una muestra reveladora de corrupción multipartidista, un ejemplo de cómo la codicia reú­ne, incluso, a políticos de ideologías contrapuestas en el saqueo de las arcas públicas. En los fraudes urbanísticos del área metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Convergència: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, figuras clave en los Gobiernos de Pujol; el diputado autonómico socialista Luis Andrés García, Luigi, y dirigentes menos notorios del PP. Según la Fiscalía, “formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” a cambio de “cuantiosas comisiones que ocultaban a través de sociedades interpuestas”.

La investigación puso también de relieve que en los ámbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicación de proyectos en una serie de municipios, “había que contar con la autorización mediata de Luis Andrés García”. Dice la Fiscalía que el diputado del PSC mantenía una relación tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartolomé Muñoz, que “de facto, era él quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas”, luego refrendadas por la alcaldía.

Los españoles son los europeos que mayor corrupción perciben

La acusación juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobró dos millones de euros en comisiones por una operación que impidió a su municipio ingresar 14 millones de euros. La pluralidad política de sus integrantes permitía a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideológico diferente. ¿Es posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos “asumidos” por el empresariado?

Este es el testimonio de Itziar González, arquitecta y urbanista que ejerció de concejal independiente en el distrito barcelonés de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. “Detecté la existencia de una red de corrupción en los servicios técnicos y jurídicos que actuaba en complicidad con agentes privados del sector turístico. Recibí todo tipo de presiones. Me dejaban cartas con amenazas de muerte en el buzón y una vez entraron en mi casa. Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi ordenador y se llevaron algún material. Pero, sobre todo, fue un aviso. Querían decirme que si yo seguía obstaculizando su proyecto, ellos estaban dispuestos a ir más lejos”. Algunas de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupción, el organismo nocivo, producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al conjunto de España. Entre los ciudadanos más conscientes del fenómeno y entre los profesionales que lo combaten ha ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado un cariz manifiestamente violento, mafioso, en nuestro país es porque la Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetración de las tramas corruptas.

Hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción pese a que contamos con la asombrosa cifra de 17.621 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como “complejos” por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Los jueces no dan abasto. Llevan años reclamando sin resultado más medios y refuerzos. “El último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada”, asegura un antiguo fiscal que abandonó su carrera, desalentado, por la politización de las altas instancias judiciales. No es una opinión aislada, como no lo es el temor a que la reducción a 18 meses del plazo de instrucción, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el envío de comisiones rogatorias a otros países.

Los partidos han blindado a los suyos frente a la justicia

El Eurobarómetro de 2013 mostró que los españoles son los europeos que más corrupción perciben en su esfera política. El 84% de ellos cree que los partidos son corruptos y el 72% dice lo mismo de sus políticos. Es un récord que deja muy por detrás a Italia. Más aún: según la encuesta de Metroscopia de enero de 2013, el 95% de los preguntados cree que el sistema favorece la impunidad de los corruptos. En la España de nuestros días se cruzan apuestas del tipo: “¿Pagará realmente la cúpula del PP por el caso Gürtel?”; “¿llegará a ingresar la infanta en la cárcel?”. Por cambiantes que pueden llegar a ser los juicios morales y los estados de opinión en estos asuntos altamente expuestos a la efervescencia mediática, estamos ante un problema mayor que devora el crédito de partidos e instituciones y ataca los cimientos mismos de la democracia. Y es que, de un tiempo a esta parte, la mirada de la opinión pública busca y no halla en el firmamento de las élites colectivas intachables, libres de toda sospecha. No lo están los políticos profesionales, pero tampoco las organizaciones empresariales, que tienen a parte de sus antiguos dirigentes procesados, los altos directivos financieros, las organizaciones sindicales…


¿España es un país corrupto? El largo rosario de escándalos que como minas de efecto retardado han ido estallando en los últimos años ha desenterrado el viejo estigma del país condenado fatalmente a repetir sus desvergüenzas y a renovar el género literario de la picaresca que inventó, con propiedad, en su Siglo de Oro. Repasar esta faceta de la historia española es un ejercicio tan desconcertante como equívoco en la medida en que puede hacernos creer que nos contemplamos en el mismo espejo del pasado y que este es un problema que forma parte del ADN nacional.

martes, 19 de enero de 2016

Ada Colau expulsa a una Concejal pakistaní, ¿Incompetencia o Racismo?

"Hemos tenido que tomar una decisión difícil". Así explica Barcelona En Comú el despido de la concejala Huma Jashed, argumentando que "no estaba cumpliendo adecuadamente con su trabajo", perdiendo "la confianza política" de sus compañeros de partido.

Nacida en Pakistán hace 50 años y presidenta de la Asociación Cultural y Social de Mujeres Pakistaníes, Jashed era concejala del distrito barcelonés de Ciutat Vella, el mismo que a través de una asamblea ha dado luz verde a su cese la semana pasada.

"Lo explicamos aquí por una cuestión de transparencia", ha escrito la formación liderada por Ada Colau en su página de Facebook, donde han explicado que, al estar en minoría tras las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, los cargos electos "deben asumir más trabajo de lo habitual". En este sentido, Barcelona En Comú recuerda que el eje central de su gestión está "en los barrios", y en especial de Ciutat Vella, "un distrito enorme que requiere muchísima dedicación".

Sin embargo, y aunque Huma Jashed tenía "teóricamente una dedicación completa", el partido cree que no ha sido así y que no ha cumplido "adecuadamente con sus funciones", lo que dificultaba llevar adelante la actividad institucional y la "gobernabilidad" del distrito. Aunque tomó posesión de su cargo en junio, Barcelona En Comú desvela que esta situación ocurre desde el verano, momento en el cual "se han estado buscando soluciones para reconducir la situación", aunque no se ha logrado "llegar a un acuerdo", provocando que el resto de concejales y trabajadores de Ciutat Vella se hayan visto obligados a aumentar su carga de trabajo, algo que "no es sostenible".

Ante esto, la formación de Colau justifica una "pérdida de confianza" así como "falta de entendimiento" entre las dos partes, acusando a la ex concejala Huma Jashed de no priorizar el proyecto colectivo y ejercer una "práctica política que no se ajusta al ideario de Barcelona En Comú". De esta manera, y tras valorar las distintas opiniones, la asamblea ratificó su despido haciendo llegar la decisión "a los espacios decisorios ejecutivos de la organización", donde se encuentra la alcaldesa de Barcelona.

Subvenciones a su ONG a cambio de renunciar

Al término de la explicación, Barcelona En Comú asegura que les "entristece mucho" tomar esta decisión y alegan "transparencia" y "ética" a la hora de explicar el cese de Huma Jashed a través de las redes sociales. A pesar de ello, su perfil continúa activo en la web del partido. En ella, argumentaba que su motivación para entrar en política era "dar voz a todo el colectivo inmigrante de Barcelona, a sus hombres y mujeres, normalmente invisibilizados/as en la esfera política".

Sin embargo, la opinión de la ya ex concejala de Ciutat Vella es muy distinta. Tal y como publica este martes 'Crónica Global Política', Jashed denuncia "puro racismo" y afirma que la formación de Colau nunca aceptó que fuera la más votada en las primarias. "Desde verano querían convencerme de que dejara el cargo", apunta, señalando que Barcelona En Comú le ofrecía subvenciones a la ONG que dirige a cambio de renunciar a su puesto.


Además de denunciar que no la avisaban de las reuniones y que sufría 'mobbing', Huma Jashed niega las acusaciones, dejando claro que llegaba a trabajar hasta "14 horas al día de lunes a sábado".

jueves, 14 de enero de 2016

Algo está cambiando en España: La primera Diputada negra en el Congreso


Rita Bosaho se ha convertido en la primera mujer negra en conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados. Número 1 de la lista de  Podemos-Compromís-Es el momento por Alicante, Bosaho se coloca también como la primera mujer que obtiene un escaño en el Congreso siendo cabeza de lista por esta provincia.

Bosaho, con nacionalidad española, nació en Guinea Ecuatorial. Aunque durante la etapa de colonialismo hubo guineanos con representación en las Cortes franquistas (Guinea Ecuatorial tenía el tratamiento de provincia), Bosaho (1965) será la primera diputada nacida en ese territorio de la democracia.

Nacida en la antigua colonia española tres años antes de su independencia, Bosaho lleva más de 30 años residiendo en España y unos 20 en la capital de la provincia.

Los resultados del barómetro pre electoral del CIS ya avecinaban la entrada de Rita Bosaho en el parlamento, pero no acertaron en el apoyo de la candidatura de confluencia de Podemos en la región, que se ha alzado como la segunda lista más votada, con  200.885 votos y tres escaños.

La candidatura conjunta de Podemos solo queda por detrás del PP, que ha perdido la mitad de los escaños alcanzados en 2011, de ocho a cuatro.

En una entrevista concedida a Efe Bosaho afirmó que entiende que su candidatura "llame la atención", pero que intenta llevarlo "con mucha naturalidad".

Conocida en Alicante por su activismo social en la Plataforma Feminista de la ciudad o en la ONG Proyecto Cultura y Solidaridad, Bosaho se defendió de, según sus palabras, algunos "ataques por ser radical".

Ha resaltado que "el feminismo es un tema de responsabilidad y seriedad", una afirmación que ha justificado, entre otras cosas, en la lacra de la violencia machista en el país y, especialmente, en la Comunidad Valenciana.

"Las luchas quizá sean radicales para lograr la igualdad en la política y la sociedad, pero hay que conseguirlo, aunque me gustaría que no fuese con radicalidad sino con seriedad de las políticas", ha abogado.

Por ello, se ha mostrado a favor de las cuotas que promuevan la igualdad representativa de mujeres y hombres en las instituciones y ha tildado de "bueno" el papel que ha supuesto tras las elecciones municipales y autonómicas la victoria de Ada Colau, Manuela Carmena o Mónica Oltra.

Falta de representación de inmigrantes

Bosaho habló también de la falta de representación política e institucional de personas inmigrantes o españolas de origen extranjero. Es "un problema estructural que se debe poner en contexto, observando el panorama social" de nuestro país, afirmó.

En este sentido, añadió que esta situación "tiene que ver con la cultura, con cómo se nos educa en valores" pero también "en el paternalismo integral y el sistema patriarcal", además de "cómo se plantean los prejuicios".


"España es eso, España es diversa, no podemos ser iguales, nunca; iguales en derechos sí, pero distintos en formas de ver la vida, de pensar, eso es lo que nos enriquece. Nuestras varias identidades nos hacen tener una perspectiva del mundo amplia y transversal", incidió.

viernes, 8 de enero de 2016

Ecuador: Las ciudades del petróleo se apagan


Las ciudades más grandes de la amazonía ecuatoriana, Nueva Loja y Francisco de Orellana, con 100.000 y 40.000 habitantes, respectivamente, están al borde la quiebra tras el parón de las operaciones petroleras que no han podido esperar que la petrolera ecuatoriana Petroamazonas cumpla con sus compromisos, debido a la crisis internacional. La deuda que la empresa estatal mantiene con sus proveedores está en torno a los 1.400 millones de dólares.

Esto incide en la economía de las ciudades amazónicas, que no son otra cosa que los caseríos agrandados que en los años sesenta y setenta estaban cercanos a los pozos petroleros y que desde el principio se dedicaron a ofrecer los servicios que demandaba la explotación petrolera. Sin el flujo acostumbrado de petrodólares, los comercios han dejado de vender, los hoteles tienen una ocupación mínima, los vehículos de carga pesada están aparcado.

Los representantes de los sectores productivos de Nueva Loja y Francisco de Orellana han formado comités de crisis, pero la única solución que ven es que el Estado pague sus deudas para que ellos puedan ponerse al día con sus obligaciones y quizás reorientar sus inversiones y esfuerzos al turismo. Los turistas que llegan al oriente ecuatoriano apenas pisan las ciudades del petróleo, pues contratan los paquetes turísticos en Quito o Guayaquil y van directo a los lodges en las riberas de los ríos amazónicos.

Los hoteles en estos primeros días de enero amanecen prácticamente vacíos. El Hotel Río Napo en Orellana apenas tuvo esta semana cinco huéspedes. “He tenido que despedir prácticamente a todo el personal, me quedé con una persona para limpiar las pocas habitaciones que se ocupan y he puesto a mi esposa en la recepción durante el día”, cuenta Carlos Zavala, dueño del hotel y representante del comité de crisis en su ciudad. “Esta ciudad está quebrada, no se ha sabido sembrar el petróleo”, explica.

Hay hoteleros más golpeados por el bajón económico, como Wilson Barrionuevo, dueño de un hotel en Orellana, que se endeudó hace un año en medio millón de dólares para construir un edificio con 30 habitaciones más para satisfacer la demanda de las empresas petroleras. “Tuve una petición de las petroleras porque no había suficientes habitaciones en la ciudad; una compañía me pidió 60 habitaciones y otra 40”, cuenta el hotelero, y asegura que una de las empresas le hizo la solicitud por escrito. “La intención era construir una torre de 10 pisos, con 10 habitaciones por cada piso. Lamentablemente, aunque ahora digo por suerte, la Aviación Civil me puso impedimento por la proximidad del aeropuerto y me dejó llegar a planta baja y tres pisos, y el préstamo que iba a ser de un millón de dólares quedó en la mitad”.

Adiós a los años de bonanza

Los últimos años de bonanza del petróleo, cuando el precio del barril de crudo superó los 100 dólares, dejaron una riqueza sin igual en Ecuador. 

Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, señala que entre 2007 y 2014 la riqueza obtenida por el petróleo fue el equivalente a la generada en los 27 años previos, entre 1979 y 2006. Albornoz habla de 126.000 millones de dólares, resultado de ver el número de barriles producidos y su precio y de ajustar todo por la inflación.

 A partir de 2011 se ingresaron casi 13.000 millones de dólares. Cuánto de esto llegó a las ciudades aledañas a los pozos petroleros es imposible de saber, pero el Gobierno se jacta de obras millonarias como los puentes sobre los ríos amazónicos, las escuelas y las ciudades del milenio. La deuda histórica, sin embargo, se mantiene. 

En Nueva Loja y Orellana todavía se reclama por la construcción de una universidad para los jóvenes nativos y colonos que hasta ahora solo han pensado en trabajar para las compañías petroleras. También es necesario mejorar los servicios públicos, que se colapsan cada vez que se desata la lluvia. Esta semana, una tormenta de tres horas dejó a la ciudad inundada y sin energía eléctrica.

A los problemas con los bancos se suman los problemas con las entidades del mismo Estado, como el Servicio de Rentas Internas. Cecibel Paz, presidenta de la Cámara de Transporte Pesado de Nueva Loja y gerente de la empresa de transporte Herrera y Ordoñez, tenía de plazo hasta este pasado martes para pagar 3.700 dólares por concepto del anticipo al impuesto a la renta. “¿Cómo hago si es el Estado el que no paga?”, se pregunta, y explica que aunque las pequeñas empresas que representa no trabajan directamente para Petroamazonas, sí lo hacen los grandes contratistas que le deben dinero. “A nosotros nos dicen que Petroamazonas no paga y que ellos no pueden pagar”, cuenta.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y todos sus ministros visitaron Nueva Loja en noviembre y escucharon las demandas de su comité de crisis, sobre todo la petición de moratoria y una reducción de las obligaciones tributarias hasta que la petrolera nacional pague a sus contratistas. Entonces, el presidente dijo que ya había 10 millones de dólares para que Petroamazonas cancelara parte de su deuda y dijo que en enero se pagaría todo.

Sin embargo, los reclamos de ambas ciudades no han tenido ningún eco y siguen sumidas en un apagón económico. En Nueva Loja la única concesión que se hizo fue la autorización para que los 5.000 comerciantes registrados aprovechen su cercanía con Colombia (20 kilómetros la separan del poblado de La Hormiga) e importen un cupo determinado de mercadería, pero la medida aún no se ha concretado.

Para Milton Noboa, presidente de la Cámara de Comercio de Orellana, “la ciudad está en silencio”. Noboa llegó con su familia a finales de los sesenta, cuando ni siquiera había carreteras. Llegaron para hacerse cargo de un almacén de los misioneros capuchinos, que se convirtió en el único punto de avituallamiento en la era petrolera.
Las ventas hasta hace unos meses sobrepasaban los 100.000 dólares mensuales, pero ahora no suben de 30.000. Y “ese silencio” amenaza con expulsar a los colonos que llegaron atraídos por la fiebre del oro negro. Para muchos es el fin de la aventura económica. Los letreros de venta o alquiler de negocios aparecen por doquier. Pero son solo eso, intentos, porque ahora mismo es imposible vender, ni siquiera a precio de crisis, como se lee en algunos avisos. El brillo de las ciudades ecuatorianas del petróleo se ha apagado.

miércoles, 6 de enero de 2016

Mayoría de Asamblea venezolana, una coalición de fuerzas políticas con amenazas ‘dentro’ y ‘fuera’

www.asoecuador.org

La mayoría que legislará en la Asamblea de Venezuela por el periodo 2016-2021 es una coalición de fuerzas políticas que pondrá a prueba su unidad.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que desde ayer ocupa 109 de los 167 escaños del Parlamento (otros tres fueron suspendidos), está conformada por más de diez agrupaciones, todas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro.

Cada una se adjudicó determinado número de curules, tiene su propia trayectoria política y, en ciertos casos, prioriza más unos puntos de la agenda legislativa acordada, antes que otros.

Por eso varios analistas advierten que la MUD deberá sortear las amenazas ‘internas’, provenientes de esta diversidad de criterios; para luego poder superar las ‘externas’, como la crisis económica en Venezuela y la gestión del Ejecutivo.

El ‘peso’ en la MUD radica en cuatro partidos, pues son los que ganaron más diputados en las elecciones de diciembre pasado: Primero Justicia (33), Acción Democrática (25), Un Nuevo Tiempo (21) y Voluntad Popular (14).

Primero Justicia fue fundado por uno de los líderes opositores, Henrique Capriles.
Acción Democrática gobernó Venezuela entre 1958 y 1998, y su secretario, Henry Ramos, es el titular de la Asamblea.

Un Nuevo Tiempo es del ex aspirante presidencial, Manuel Rosales, quien está detenido. Y Voluntad Popular, de Leopoldo López, quien ha sido considerado como un preso político.

Entre estos grupos hay divergencias en cuanto a la prioridad en la agenda legislativa.

Por ejemplo, Primero Justicia (Capriles) sostiene que la Asamblea debe aprobar una Ley de Amnistía para los presos políticos. Pero Voluntad Popular (López) pide remover del poder al presidente Maduro.

El politólogo venezolano Luis Salamanca opinó que el reto de la MUD es “pasar de la unidad electoral hacia la política”, según una publicación del diario caraqueño El Nacional.
Salamanca comentó que ponerse de acuerdo para la campaña electoral no es lo mismo que para una administración.

El nuevo presidente de la Asamblea así también lo admitió antes de asumir el cargo, según un reportaje de la BBC.

Ramos dijo: “Más allá de lo electoral, se pondrá a prueba la misma fortaleza de la unidad, el tino de su conducción y su capacidad para asumir responsable y eficazmente el encargo de la soberanía popular”.

El consultor ecuatoriano Oswaldo Ramírez advirtió que la conciliación será difícil porque implicará ‘ceder’ en “intereses particulares”, según el periódico El Nacional.

La fuente citó que el politólogo John Magdaleno observó que el “deterioro económico” en Venezuela se presenta como otro reto para la oposición.


El Parlamento asumió en momentos en que el país atraviesa una crisis económica y divisiones sociales. Sin embargo, revirtió la hegemonía que durante 17 años tuvo el ‘chavismo’ en el Legislativo. (I)

sábado, 2 de enero de 2016

Roquetas de Mar: Tierra de nadie

Todo crimen tiene al menos dos historias, la de la víctima y la del verdugo. En este caso, tiene al menos tres. El cuerpo de 41 años de Amisao Nadjabarar yace desde la madrugada del día de Navidad en el Instituto Anatómico Forense de Almería. Presenta "varias puñaladas, tres o cuatro", según los investigadores, "en costado y estómago". Hasta allí fue a buscarlo su hermano Tomás el sábado pasado, recién llegado de celebrar la Nochebuena en Albacete con su familia y acompañado de un jefe de la comandancia de la Guardia Civil. "Solo le vi la cara y el torso, con profundas heridas circulares, entiendo que por motivo del análisis del forense", cuenta.
Aunque aún no se conocen los resultados de la autopsia, parece que murió "desangrado como un perro", en palabras de Julio Costa, primo del fallecido y presidente de la Asociación Guineanos Unidos de Almería.
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, también presidente del PP almeriense, de la Diputación y un experto en esquivar a la justicia en los muchos casos de corrupción que le atenazan, ya se ha apresurado a hablar de "incidente aislado" y a ofrecer ayuda para sufragar los gastos de la repatriación del cadáver hasta Canchungo, un pueblecito al noroeste de Guinea Bissau, desde donde vino a España Amisao hace casi nueve años.
"Nos ha costado mucho lograr la convivencia en un pueblo con 30.000 inmigrantes de 110 nacionalidades, ahora está todo tranquilo, hay que dejar que la Guardia Civil termine de trabajar y también a los jueces, pero nadie puede tomarse la justicia por su mano", dice Amat al hilo de los disturbios que se sucedieron tras la muerte de Amisao, cuando un grupo de sus compatriotas tomó las calles y prendieron fuego a varios contenedores. Cuatro fueron detenidos tras los altercados y después puestos en libertad". Y tres jóvenes de etnia gitana eran detenidos este jueves como "presuntos implicados en el crimen". Pero lo cierto es que la calma es aún tensa y que los guineanos se reúnen y hablan de "conflicto interracial" y anuncian movilizaciones hasta que no se sepa quién es el culpable.
"Amisao llegó en un pesquero hasta Canarias", relata su hermano Tomás. "Después se fue a Madrid a buscar trabajo y estuvo allí con un primo hasta que en 2008 se acabó el trabajo en la construcción por la crisis y se vino a La Mojonera, al lado de Roquetas, donde ha vivido en el cortijo del agricultor para el que trabajaba hasta ahora".
Todo el mundo sabe que ha muerto, menos Dominga, su madre, su mujer y sus cinco hijos de entre 14 y dos años, a los que mandaba dinero mensualmente. "Llaman y no les cogemos el teléfono", confiesa Tomás con los ojos henchidos de lágrimas. Y hasta ahí la historia de la víctima.
La del asesino o los asesinos, en cambio, está aún llena de incógnitas, pese a los tres últimos arrestados. Se sabe, por los testigos, que el criminal es "un joven de raza blanca". Que no conocía a Amisao". Que presumiblemente vivía en "el bloque de la Shell", como se conoce al edificio colindante con la gasolinera de esa marca, donde realojaron a una treintena de familias gitanas hace cinco años, tras demoler las casas que ocupaban en el centro de Roquetas.

Allí, a escasos metros de donde tuvo lugar la reyerta, detuvieron los agentes a los presuntos culpables, horas después de que los investigadores asegurasen: "Lo tenemos centrado pero pertenece a un clan muy extenso y está escondido con algún familiar o familiares que le encubren", comentaba uno de los guardias movilizados para esclarecer el caso desde Sevilla, Madrid y Zaragoza hasta este pueblo del poniente almeriense flanqueado por dos mares: el Mediterráneo y el de plásticos de los invernaderos. "Esta fuera de la provincia", aseguraban.
La operación sigue abierta y bajo secreto de sumario. No se descartan nuevas detenciones. El delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, tras anunciar los arrestos, mantenía las reservas sobre los tres presuntos culpables: "El grado de implicación deberá determinarlo el juez".
El llamado "bloque de la Shell" está a las afueras del pueblo y desde la madrugada del día de Navidad era una especie de fortín levantado a base de cordones de seguridad y coches patrulla de la Guardia Civil que limitaban todos los accesos. Nadie entraba ni salía sin que se le controlase la documentación. "No nos dejan salir, esto es un gueto", se quejaba Manuel, vecino del edificio, un vendedor ambulante que cambió una casa de alquiler en Córdoba por tres pisos de protección oficial para toda la familia. Nadie señalaba a nadie. Muchos estaban en la calle pero nadie vio nada. Y en el pueblo todo quedaba a reducido a que "un gitano ha matado a un moreno". Pero no es la primera vez. Ya en 2008 murió de modo muy parecido un senegalés, y en la memoria colectiva de unos y otros, resucitan de forma difusa otros tres casos.
Tierra de nadie
El bloque de la discordia esta en tierra de nadie. No pertenece ni al barrio Joaquinico, donde se concentran otras familias gitanas; ni a la zona de las 200 viviendas, donde vive la mayor parte de los ciudadanos subsaharianos que encontraron trabajo hace años bajo los invernaderos sobre los que ha crecido esta población del poniente almeriense económica y demográficamente. Hoy Roquetas cuenta con entre 90.000 y 95.000 almas --en función de si se cuentan los inmigrantes irregulares--, de las que un 30% son extranjeras. Y aquí viene la tercera historia de este crimen.
La comunidad inmigrante mayoritaria es la rumana, seguida de la marroquí y la subsahariana. Muchos de los primeros se dedicaron durante años a trabajar en cuadrillas en la construcción, pero llegó la crisis del ladrillo y miraron hacia la vega, donde ya se habían ido asentando de uno en uno senegaleses, guineanos, nigerianos... La competitividad laboral no ha ayudado a mejorar las relaciones entre dos etnias.
"Los morenos vienen aquí buscando a las putas de los cortijos de al lado, esto es un ir y venir de gente y tenemos niños", se queja Juan, vecino del bloque. Otros hablan de "una familia conflictiva" y de que "cobraban por pasar por sus dominios". Al final ocurrió lo que muchos esperaban. Unos se encontraron en el lugar de paso de los otros. "Todos sabíamos que ese era un punto caliente, a nadie le ha extrañado lo sucedido", apunta Juan Pablo Yakubiuk, concejal de Izquierda Unida del municipio.
La calle del Valle de La Orotava flanquea uno de los laterales del edificio. Es paralela a la carretera que va de Roquetas a La Mojonera, y se pierde en un camino entre cortijos e invernaderos. A escasos 500 metros del bloque ocupado por las familias gitanas, hay dos viviendas de campo de planta baja reconvertidas en prostíbulos, donde principalmente trabajan prostitutas nigerianas. Las noches son un trasiego de hombres que acuden en busca de los favores sexuales de esas mujeres. "Yo no lo he visto", dice el alcalde Amat, "pero mandaré a Sanidad a que haga una inspección", agrega.
En la madrugada del 25 de diciembre, Amisao venía con otros tres amigos por ese camino. Iban en dos coches. Al llegar a la altura del edificio de los gitanos, se encontraron con que otros dos vehículos les cortaban el paso. Él iba de copiloto y, "al ver que no se apartaban se bajó para ver que pasaba", según la versión de sus acompañantes. La osadía le costó la vida. La respuesta de uno de los aludidos, en plena celebración callejera de la Nochebuena, fue un rosario de puñaladas.
Los compatriotas guineanos huyeron del lugar asustados, aunque a uno le dio tiempo a tomar la matrícula de uno de los coches que les impedía el paso. El asesino y sus acompañantes se esfumaron. Amisao quedó tendido en el suelo, mientras llegaban la ambulancia y la policía, alertadas desde la gasolinera cercana por sus amigos. Lo encontraron aun con vida, pero murió antes de que pudieran llevárselo, dejando un reguero de sangre en aquella esquina, aun visible.
Los incidentes posteriores abrieron los telediarios el día de Navidad y ocuparon las primeras páginas de los periódicos. Los compañeros de Amisao apedrearon el bloque de viviendas de los gitanos y quisieron comprar gasolina para prenderle fuego. La Guardia Civil, para templar los ánimos en lo que ya era un polvorín, les prometió apresar al culpable en las horas siguientes. Pero no fue así. Y entonces, a los amigos de la víctima se unieron muchos de los subsaharianos de las 200 viviendas que volvieron a tomar las calles de forma violenta, rompiendo escaparates y mobiliario urbano en el centro de la ciudad a modo de protesta. Una semana después, hay tres detenidos pero la tensión persiste. Los guineanos advierten: "No habrá paz hasta que no haya justicia".