viernes, 29 de diciembre de 2017

Un inmigrante argelino se suicida en la prisión Málaga II

El centro penitenciario Málaga II, en Archidona. rn


elpais.com

Apenas un mes después de jugarse la vida en el Mediterráneo para llegar a Europa en patera, un inmigrante argelino decidió suicidarse en la cárcel de Archidona, según las primeras pesquisas de la policía. Lo hizo en su celda —rebautizada como “habitación” por Interior en una nota de prensa—. Solo. Tras llevar más de 35 días encerrado en la prisión Málaga II, reconvertida por el Gobierno el pasado noviembre en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) "temporal". Una instalación donde Interior recluyó a más de medio millar de sin papeles y donde este viernes los agentes encontraron el cadáver. El hombre, de 36 años, se ahorcó.

"Debe abrirse una investigación inmediata y paralizarse todas las expulsiones de los internos por si tuvieran algún tipo de información”, ha exigido este viernes José Luis Rodríguez Candela, coordinador legal de Andalucía Acoge, la ONG que ha prestado asistencia jurídica a los inmigrantes encerrados.

"La violencia que ejerce el racismo institucional contra la población migrante ha provocado el suicidio de esta persona", ha denunciado también Rita Bosaho, diputada de Podemos.

El suicidio del inmigrante ha provocado este viernes una respuesta de toda la oposición. Aunque de diferente intensidad, según el partido. Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas en el Congreso donde cuestiona la "idoneidad de emplear este centro penitenciario como CIE". El PSOE ha exigido la comparecencia en el Parlamento de Juan Ignacio Zoido, responsable de Interior. Y Unidos Podemos ha presentado una proposición no de ley para reprobar al ministro. "Esta muerte debería caer sobre la conciencia de quienes dirigen esta política [migratoria]", ha sentenciado este viernes Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida.

Además, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha reclamado directamente la dimisión de Zoido y de toda su cúpula de Interior.

Según los datos facilitados este viernes por el Ejecutivo, un funcionario encontró el cadáver del extranjero, que llegó a las instalaciones por orden de un juzgado de Lorca (Murcia), que en un auto fechado el pasado 20 noviembre autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero. A pesar de las prácticas de reanimación del personal, que alertó a los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar su vida. La policía avisó entonces a la comitiva judicial para el levantamiento del cuerpo y este viernes se encontraba todavía a la espera de los resultados forenses para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Este suicidio marca el primer mes de actividad de una cárcel vacía que iba a abrir sus puertas en 2018 y que, el pasado noviembre, Interior decidió reconvertir en "CIE temporal" tras la llegada de más de medio millar de extranjeros a las costas del sureste español en solo un fin de semana. Una decisión calificada de "ilegal" por la oposición y cuestionada por el Defensor del Pueblo, ya que la Ley de Extranjería insiste reiteradamente en que este tipo de reclusión debe desarrollarse en complejos de “carácter no penitenciario”.

"Pero no solo eso. En solo un mes se han reproducido en Archidona todos los males de los CIE. Se han detectado menores encerrados, pese a que lo prohíbe la legislación; se han cometido irregularidades con los solicitantes de asilo —como evidencia un auto de la Audiencia Nacional— y, por último, se han registrado muertes", sentencia Rodríguez Candela.

Deportaciones
Aunque los abogados que asisten a los extranjeros reconocen que las condiciones de la cárcel han mejorado a lo largo del mes —cuando llegaron no había ni agua potable—, los sin papeles describen un régimen similar a una prisión. Según Interior, unas 300 personas siguen encerradas en un centro penitenciario que llegó a albergar a 572 argelinos. Muchos de los cuales ya fueron deportados a su país de origen.


"Yo, M. B., llevo cinco días en Málaga II", comienza uno de los extranjeros recluidos en Archidona en una carta, a la que tuvo acceso EL PAÍS y donde describe su vida dentro del complejo. "Cuando me registran, me desnudan y me menosprecian", "en cuanto a la ducha, a veces sale fría y a veces caliente" y "es una humillación constante", reza el escrito, donde el chico afirmaba ser menor de edad y pedía protección al juez de vigilancia del centro, que archivó su solicitud. No lo hizo, en cambio, el Comité de Protección de los Derechos del Niño de la ONU, que instó a España a paralizar su expulsión. Pero, según informa Andalucía Acoge, cuando llegó esta reclamación de Naciones Unidas, H. B. ya estaba fuera del país. Interior lo había deportado.

sábado, 23 de diciembre de 2017

El eje bolivariano ¿se resiste a desaparecer?

 
elpais.com

La reciente victoria electoral del ex mandatario conservador Sebastián Piñera en Chile ha apuntalado la corriente derechista que se ha instalado en el poder en Sudamérica desde que Mauricio Macri desbancara al kirchnerismo en Argentina en 2015.  

Pero el denominado 'eje bolivariano', representado hoy en la región por Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, se resiste a desaparecer. Para su supervivencia política, el líder chavista y el mandatario aimara cuentan con una herramienta tan poderosa como controvertida: la reelección indefinida. Pero dependen también de que esa correlación de fuerzas regional se equilibre a medio plazo. 

El chavismo gobierna en Venezuela desde 1999. Morales asumió el poder en Bolivia en 2006. Bajo la bendición de la Cuba de Fidel Castro, Caracas y La Paz fueron los pilares de un modelo que atrajo bajo su órbita, con mayor o menor intensidad, a países como Ecuador y Nicaragua y que trabó fuertes lazos políticos y comerciales con gobiernos progresistas, como el Brasil de Lula da Silva, la Argentina de los Kirchner o el Paraguay de Fernando Lugo. 

Ese ciclo político de signo izquierdista que vivió gran parte de América Latina durante la última década está dando paso a una ola de gobiernos conservadores muy críticos con el eje bolivariano: Macri en Argentina, Piñera en Chile, Michel Temer en Brasil y Horacio Cartes en Paraguay, entre otros. 

En ese pulso ideológico que vive la región, las próximas citas electorales van a ser decisivas para saber cómo se reconfigura la relación de fuerzas.

Venezuela irá a las urnas el año que viene, previsiblemente con Maduro como referente del chavismo, aunque el mandatario de momento sólo ha sugerido su candidatura: "En el año 2018 llueva, truene o relampaguee, vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución, y confío en el voto del pueblo, en su conciencia".

Con la credibilidad bajo mínimos incluso en sus propias filas, el líder chavista estuvo en la cuerda floja durante la primera mitad del año, pero la presión política y policial ejercida contra la oposición en los últimos meses le está allanando el camino para una eventual reelección el año que viene.

La carrera por la reelección indefinida
 
Tras una década en el poder, Morales perdió el año pasado por un estrecho margen un referéndum sobre la reelección indefinida. La Constitución de 2009, impulsada por el propio mandatario y refrendada en una consulta popular, establece un máximo de dos periodos presidenciales consecutivos. Morales, que ya gobernaba desde 2006, puso el contador a cero tras la entrada en vigor de la nueva Carta Magna. Su segundo mandato desde entonces concluye en 2020. 

Pese al rechazo a la reelección indefinida expresado en el referéndum de febrero de 2016, Morales volvió a la carga. Consideró fraudulenta esa consulta por una campaña sucia orquestada en su contra. Pocos días antes de la votación, la prensa opositora reveló la supuesta existencia de un hijo no reconocido del líder indígena. Meses más tarde, la justicia probó que se trataba de una farsa. Pero el escándalo dañó la imagen de Morales en el último tramo de la campaña y provocó su derrota, según el oficialismo. 

Desde entonces, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha barajado distintas fórmulas para revertir ese contratiempo. Morales desestimó la celebración de una nueva consulta que hubiera sido muy cuestionada por la oposición y optó por una fórmula sorprendente y no menos polémica: presentar un recurso judicial contra algunos artículos de la propia Constitución que con tanto ahínco defendió en 2009. Los abogados del MAS alegaron que según el Pacto de San José, suscrito por varios países de la región, la reelección es un derecho fundamental de toda persona que no puede ser limitado por ninguna ley. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia  (TCP), próximo al oficialismo, les dio la razón hace unas semanas. Y Morales vio despejado el camino para postularse como candidato en los comicios de 2019.
 
El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, verso suelto del eje bolivariano, renunció en su día a la posibilidad de reformar la Constitución para presentarse a las elecciones de 2017, en las que se acabaría imponiendo su delfín, Lenín Moreno, vicepresidente del Gobierno entre 2007 y 2013.

Correa se había guardado antes un as bajo la manga: la aprobación en 2015 de una enmienda constitucional que le permitiría volver a postularse en 2021 y de forma indefinida. Pero el delfín se rebeló. Y ahora Moreno, enfrentado con su padrino político, quiere echar abajo esa enmienda en otra consulta popular que se votará en febrero. 

El actual mandatario, que se presentó por el partido  Alianza País fundada por Correa, considera una "aberración" el hecho de que un dirigente pueda permanecer de forma indefinida en el poder. Correa, Maduro y Evo Morales sostienen, al contrario, que son los electores los que deben decidir cuándo dejan de confiar en sus líderes. El mandatario boliviano les arroja a sus críticos el ejemplo europeo de Alemania, donde Angela Merkel acaba de iniciar su cuarto mandato presidencial consecutivo.
Aunque Maduro, Morales y Correa han formado parte de ese 'eje bolivariano' apadrinado por La Habana, su evolución política fue muy dispar. Como subraya Juan Negri, politólogo de la Universidad Di Tella, existen grandes diferencias entre el chavismo y el resto de países sudamericanos que integraron ese eje: "Todo el mundo se quiere despegar hoy de la marca 'Venezuela' porque Maduro no cumple con los mínimos requisitos democráticos. El chavismo ha quedado desprestigiado y nadie quiere pegarse a esa marca, ni siquiera el kirchnerismo en Argentina".
 
En pleno cambio de ciclo político en Sudamérica, Maduro y Morales, las dos principales espadas del eje bolivariano, se resisten a dar por finiquitado el modelo. En los próximos meses tendrán un ojo puesto más allá de sus fronteras. Brasil irá a las urnas en octubre. Su peso regional es determinante. Lula da Silva encabeza las encuestas para volver al Palacio del Planalto tras la polémica presidencia de Temer. Pero el ex líder sindical deberá sortear antes los procesos judiciales por presunta corrupción que ponen en riesgo su candidatura. 

Argentina, el otro gran actor político de Sudamérica, elegirá nuevo presidente en 2019. El aplastante triunfo de Macri en los comicios legislativos de octubre y la fragmentación del peronismo juegan a favor de la reelección del ex empresario, que a día de hoy lidera en la región el bloque antibolivariano.

Pero sea cual sea el devenir político de los principales países de Sudamérica, esa luna de miel entre el progresismo de la región y el chavismo no tiene visos de reeditarse, como apunta Negri: "Me cuesta imaginarme al centroizquierda apoyando al chavismo de nuevo. Incluso Correa, si volviera al poder, evitaría que lo relacionaran con una Venezuela dominada por la hambruna, la pobreza y la alta inflación".

domingo, 26 de noviembre de 2017

Un proyecto de Agricultura Urbana Participativa en Quito (Ecuador) premiado por la COP23 de la ONU celebrado recientemente en Bonn (Alemania)

eldiario.es

A Fabiola Rosero le dijeron una y otra vez que aquello era una "pérdida de tiempo", que no podía "dejar botado [tirado] al marido". Que su obligación era "atender la casa". También se lo repetían a Rosa y a otras muchas mujeres que forman parte de la red de agricultura urbana de la ciudad de Quito que, desde 2002, permite a muchas personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo mujeres, mejorar su soberanía alimentaria y empezar un negocio sostenible.

El proyecto Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) arrancó con una pequeña huerta a los pies del Panecillo, el monumento turístico a la virgen que vigila la ciudad y que, según dicen muchos quiteños, da la espalda a los barrios más marginales del sur. Ahora, 15 años después, hay 3.500 huertos orgánicos dispersos en varios puntos de la geografía urbana de la capital ecuatoriana.
La iniciativa ha sido premiada con el galardón Impulso para el Cambio concedido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), que se ha celebrado en Bonn (Alemania) hasta este viernes. Este premio reconoce acciones innovadoras y replicables que cumplen con los compromisos sobre cambio climático del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Me he liberado, ya no estoy esclavizada en el hogar"
Fabiola siempre trabajó como ama de casa y, durante algunos años, enfundando caramelos. "Con este proyecto me he liberado. Ya no estoy esclavizada en el hogar", cuenta mientras coloca con mimo el maní [cacahuete] y otros frutos secos que vende en una de las 17 bioferias semanales organizadas por AGRUPAR. Trabaja en equipo con sus dos hermanas. Todo sus productos salen de la huerta de su hermana mayor.
 
Fabiola y Rosa le dan el valor añadido en la cocina de su casa, que es su micro fábrica. Sus familiares, sobre todo sus maridos, han pasado de criticarlas a ayudarlas. "He aprendido a valorarme, a demostrarme que no soy inútil. Ya no estoy esclavizada en el hogar", repite Rosa, de 58 años. "Hemos creado un grupo de apoyo entre mujeres para aprender de la mano", explica.

Alrededor de 4.000 agricultores urbanos, periurbanos y rurales participan en el proyecto. Más del 80% son mujeres. Una de las claves del éxito y la longevidad de esta iniciativa radica, dicen, en cómo se coordinan los propios productores para garantizar que el proyecto sea sostenible. Montan y desmontan las bioferias, transportan su mercancía, idean mecanismos participativos para mantener sus estándares de calidad y buscan soluciones comunitarias a sus necesidades. En las mingas [jornadas de trabajo en comunidad], construyen invernaderos y contactan con las compañeras que tienen plántulas listas para sembrar.

Teresa Ramírez tiene 69 años y trabaja desde los nueve. Ha convertido el patio de su casa, situado en una parroquia rural e indígena de la ciudad, en su sostén económico. Allí cultiva hortalizas orgánicas desde hace ocho años. "Lo que crece en el huerto, va directo a la olla. Ahora somos autosuficientes. También, tengo otro trabajo, preparo comida para la escuela con los propios productos de mi huerto".

El 53% de la producción de AGRUPAR se destina al autoconsumo y el 47% a la comercialización. Esta está coordinada por el ayuntamiento, que también se encarga de la formación y del seguimiento técnico del proyecto.

Huertos urbanos como antídoto contra el hambre
La agricultura urbana y periurbana, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), permite dar respuesta a una gran diversidad de retos que afrontan las ciudades como la participación ciudadana, el ordenamiento del territorio, la seguridad alimentaria y el combate a la pobreza. Un 30% de los habitantes de Quito viven con sus necesidades básicas insatisfechas, según datos del ayuntamiento. La pobreza extrema afecta al 7% y casi un tercio de los menores de cinco años padece desnutrición crónica.

Debido al aumento de la migración del campo a las ciudades, la demanda urbana de alimentos se incrementará y se podrían generar problemas de suministro, algo a tener muy en cuenta en ciudades como Quito, muy dependiente del abastecimiento exterior y con posibilidades de sufrir una catástrofe ambiental al estar rodeada por volcanes.
"El último año vendimos unos 300.000 dólares. Es chévere (bueno) porque el dinero se queda aquí. Estamos haciendo un estudio sobre la política alimentaria de Quito. El 5% de lo que se consume aquí es local. El otro 95% viene de fuera", explica Pablo Garófalo, uno de los técnicos del ayuntamiento de Quito que trabaja en la comercialización con AGRUPAR.

Como reconoce el premio de la COP23, estos huertos no son un mero pasatiempo: contribuyen a mejorar la soberanía alimentaria, combatir el cambio climático y fortalecer el tejido social y la economía local, respetando los saberes ancestrales de la población.

Así, técnicos y agricultores intercambian lo aprendido. Normalmente no siembran un día antes del Día de Difuntos, "porque el muerto se lleva la semilla". Muchos siguen moliendo en piedra y secan los productos en hornos de leña. Otros han recuperado productos ancestrales que se estaban perdiendo como la oca, la mashua, la jícama y otros tubérculos que los más jóvenes no conocían.
Según cifras oficiales, durante estos 15 años se ha capacitado a más de 19.300 personas y sus productos han llegado a más de 100.000 consumidores. Y tratan de responder a sus demandas. "Ahora tenemos más de 40 tipos de hortalizas orgánicas y alrededor de 105 productos transformados de panadería, galletas o snacks", señala Garófalo.

"Ya no espero que mi esposo me dé dinero"
Reducir y aprovechar los desperdicios ha sido otra de las bases del proyecto. La sobreproducción se soluciona transformando los excedentes en mermeladas y otros productos derivados. También se autogestionan el abono, como María Esther Pumisach, que regenta su propia granja. "Aprovecho los animales para tener mi propio abono y vendérselo a las compañeras. Yo sé de dónde proviene mi abono. No tiene productos tóxicos", explica.

María Esther es otra veterana de la iniciativa. Empezó con un huerto y luego se lanzó a criar animales. Los primeros pollos los compró junto a otras cinco personas. Su primer cerdo se lo regaló el proyecto. Ahora, 10 años después, María Esther gana unos 200 dólares el mes que menos, pero a veces llega hasta los 700. Como Rosa o Fabiola, ha encontrado en sus cultivos y productos una válvula de escape para ser autosuficiente. "Me gestiono yo misma y ya no espero que mi esposo me dé (dinero). La vida me ha cambiado bastante".



domingo, 19 de noviembre de 2017

Nuevo Plan Estatal de Vivienda en España 2018-2021

Este es el borrador simplificado del Real Decreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 del gobierno español, presentado por el Ministro de Fomento y Vivienda Iñigo de la Sena en mayo pasado y que se pretende que entre en vigencia el próximo 1 de enero de 2018.
Tienen especial atención los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 con nuevas subvenciones creadas tanto para el alquiler como para la compra de vivienda, y en el caso de los mayores de 65 años la subvención de los gastos de consumo mensual de luz, agua, comunidad, etc.

Objetivos
Este Real Decreto tiene por objeto regular el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Las aportaciones previstas en el presente Plan Estatal se destinan al mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos concedidas al amparo de planes estatales anteriores y a la concesión de nuevas subvenciones para la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de zonas urbanas y rurales, facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades económicas, ayudar a quienes sean objeto de desahucio de su vivienda habitual así como para el fomento de la promoción o rehabilitación de edificios de viviendas destinadas al alquiler o a personas mayores en la modalidad de viviendas tuteladas.
Se destinan también a la concesión de nuevas subvenciones para ayudar a los jóvenes en su acceso a la vivienda, ya sea en alquiler o mediante adquisición, y a las personas mayores, ya sea también para el alquiler o para contribuir a los gastos de mantenimiento de sus viviendas, en los supuestos de personas con escasos recursos económicos.

Los programas del plan
Las de ayudas contenidos en este Plan son:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2.Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3.Programa de ayuda a los desahuciados de su vivienda habitual.
4.Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
5.Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
6.Programa de fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas.
7.Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
8.Programa de ayuda a los jóvenes.
9.Programa de viviendas para personas mayores
10.Programa de ayuda a personas mayores.

Beneficiarios del plan
Resumiendo podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes.
  1. Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de arrendamiento de vivienda.
  2. Que la vivienda arrendada, constituya la residencia habitual y permanente del arrendatario
  3. Que las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, tengan, en conjunto, unos ingresos iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  4. Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior a 600 euros mensuales
No podrán ser beneficiarios de este plan en los siguientes supuestos.
  1. Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España.
  2. Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
  3. Cuando un beneficiario de esta ayuda cambie su domicilio a otro ubicado en la misma Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, sobre el que suscriba un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, quedará obligado a comunicar dicho cambio al órgano concedente en el plazo máximo de cinco días desde la firma del nuevo contrato de arrendamiento. El beneficiario no perderá el derecho a la subvención por el cambio siempre que con el nuevo arrendamiento se cumpla con todos los requisitos, límites y condiciones establecidos en este Real Decreto, y que el nuevo contrato de arrendamiento de vivienda se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En estos casos, se ajustará la cuantía de la ayuda a la del nuevo alquiler, debiendo ser igual o inferior a la que venía percibiendo

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Los papeles secretos del mayor escándalo de América

 

Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica

José María Irujo/Joaquín Gil

Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.

Los sabuesos andorranos bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.

El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presión internacional, renunció el pasado año al secreto bancario.

EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó.

La revelación contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo. También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba política que ha aflorado sobornos en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.

La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.

La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de dólares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban después un plan de obras públicas multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de dólares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.

La Policía de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.

Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares (173 millones de euros).

La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales.
Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.

Odebrecht abonó 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campaña del presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), según documentos confidenciales.

La constructora recurrió a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del político, María Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Belice.

Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro depósitos que movieron cerca de diez millones de dólares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco podían conocer que, tras códigos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli. 
 
Un alto cargo de Alan García planeó ocultar 10 millones
El exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera planeó ocultar hasta diez millones de dólares (8,5 millones de dólares) en Andorra.
Este exdirectivo designado por el gabinete del elexpresidente Alan García (2006-2011) recibió en la BPA 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.

Los papeles secretos del banco andorrano confirman también que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), planeaba ocultar en el pequeño país de Europa entre 600.000 y un millón de dólares (entre 520.000 y 863.000 euros). Y que solo durante el primer año barajaba transferir 800.000 dólares (690.000 euros) a su depósito andorrano.

Las revelaciones señalan además que el exmiembro del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin Luyo Barrientos, manejó –al menos- dos cuentas en Andorra.

A su depósito en la BPA ya conocido, se sumó otro en el Crèdit Andorrà que el 24 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de dólares (un millón de euros).

Soborno del exministro colombiano García Morales
La Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abonó el exministro de Transporte de Colombia Gabriel García Morales. Un informe confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Canòlic Mingorance acredita esta comisión ilegal.

El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc “fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario”.

El beneficiario del depósito fue el exministro del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García Morales, que concedió a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol, Sector II.

El exmandatario, que reconoció su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. También ha admitido su participación en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen libanés Enrique Chisays Manzur.

La Policía de Andorra pone, también, el foco en Paulo César de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que participó en una reunión en las oficinas de este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trató presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utilizó la constructora para abonar sobornos, según la declaración a la Justicia brasileña de dos testigos.

Los agentes examinan una cuenta a nombre de Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas Vírgenes el 25 de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Raúl Barrios Icaza, que después se dio de baja. El depósito llegó a tener en julio de ese año un saldo superior a 12 millones de dólares (10,3 millones de euros).

Un directivo movió 200 millones en Andorra 

El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarrolló un papel “clave” en los pagos de la constructora a través de la BPA, según un informe de la Policía de Andorra dedicado a Brasil.

Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía condenado a 19 años de prisión, Rodrigues fue para los investigadores “el responsable de los pagos de sobornos a políticos, directivos de empresas y corporaciones públicas, a través de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en paraísos fiscales”.

El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y también representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad constituida por la BPA para el pago a políticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues también figuró tras Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron pagos secretos.

Dinero negro en una obra argentina de 3.000 millones
Odebrecht pagó con fondos opacos a una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de dólares (2.572 millones de euros), según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017.

La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10%, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento.

Uruguay: una casa de cambios bajo sospecha
Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Policía señala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.

Carday Capital tenía abierta una cuenta en la BPA para “recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina”. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad panameña de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abonó a Carday Capital.

Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, “Ricardo Fontana”. Sostienen que se trata de Ricardo José Fontana Allende, empresario implicado en una operación de blanqueo.

Los informes policiales sobre Chile citan a Andrés León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta  un saldo de 400.103 euros. Y recibió tres millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Mozes.

Ecuador exministro e ingeniero mecánico 

Odebrecht también abonó sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Raúl Endara, según la Policía de Andorra.

Las aportaciones realizadas a sus cuentas no están justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestación de servicios y consultoría con escasa o nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”, sentencian los investigadores.
Tres empresas panameñas de Endara movieron un millón de dólares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utilizó la constructora brasileña para el pago de sus comisiones ilegales a través de la BPA.

Para lograr la apertura de su depósito en la entidad andorrana, Mosquera se presentó ante el banco como un ingeniero mecánico al rellenar el 18 de enero de 2011 el cuestionario confidencial de cliente.

En la BPA recibió de Odebrecht un presunto soborno de un millón dólares (860.000 euros). A la pregunta de si era o no una Persona Políticamente Expuesta (PEP), el exministro de Rafael Correa marcó ambas casillas: la del sí y la del no.

Betingo’, el actor clave 

La conexión de la BPA con Odebrecht pasa –según los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.

La Policía del Principado califica el papel de este exfinanciero de “clave” y le sitúa como partícipe de la alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. “Construyó entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht”, concluyen los agentes.

Betingo fue además la “persona de contacto” –según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones.  “Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”, concluye la Policía de Andorra. investigacion@elpais.es


domingo, 5 de noviembre de 2017

China acapara la obra pública de Ecuador desde hace siete años

elpais.com

Seis de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban con una sucursal en el país hace ocho años. Son seis empresas chinas que abrieron oficina entre 2009 y 2012. En ese plazo, han crecido a punta de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de la autodenominada Revolución Ciudadana.

Un centenar de compañías chinas se han instalado desde entonces en Ecuador pero solo 15 de ellas han protagonizado silenciosamente la obra pública ecuatoriana. Han sido responsables de siete de las ocho grandes hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo, de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo, ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino préstamos atados a licitaciones.

Las estadísticas oficiales del Servicio de Contratación Pública cifran en casi 2.350 millones de dólares el monto de los proyectos adjudicados a las contratistas de Beijing. Pero solo miden entre 2014 y 2017 y esa cifra se eleva al contabilizar una por una las obras asignadas. Hasta 11.300 millones de dólares se destinaron a las empresas asiáticas desde 2010 para levantar infraestructura, según publica el diario El Universo en colaboración con las plataformas de investigación periodística de International Center for Journalist y Connectas. El 60 % de esos contratos se destinaron al sector energético y solo en los 48 contratos principales, de 197 totales, estaban ligados a préstamos por 7.300 millones de dólares.

El embajador de China en Ecuador, Wang Yulin, reclamó pruebas antes de que se emborronase con acusaciones de corrupción el legado que las cuatro empresas -Sinohydro, China International Water and Electric Corporation, Harbin, Gezhouba y el consorcio China Communications Construction Company- han construido en Ecuador en los últimos años. Recordó que su Gobierno educa a las empresas para que cumplan las leyes del territorio en el que se instalan. 

Como con Odebrecht, el Gobierno ecuatoriano asignó a dedo la mayoría de los contratos con las empresas de Beijing. Únicamente en ocho de los 48 proyectos más onerosos se siguió el proceso de concurso ya que la legislación permite aplicar un régimen especial cuando se trata de empresas públicas de otro país. Y en 31 de ellos, el Gobierno ecuatoriano ofreció beneficios tributarios y fórmulas de pago beneficiosas para sortear el régimen de impuestos. Se les aplicaba una reducción en el impuesto a la Renta y el Estado pagaba las facturas directamente en cuentas en China para que las compañías no tuvieran que asumir el Impuesto a la Salida de Divisas al enviar sus ganancias de vuelta a su país.

La Contraloría General del Estado tiene en su archivo informes pasados sobre contratos firmados con compañías chinas, contra las que, además, se han interpuesto desde 2010 un centenar de denuncias laborales y ambientales. El mismo Estado ha rescindido el contrato con la responsable asiática de dos de las hidroeléctricas por incumplimientos que han retrasado su construcción. De las ocho megaobras, solo tres estaban en operación a inicios de año pese a que debían estar generando energía eléctrica para exportar desde 2016. Tras el cambio de Gobierno en Ecuador, el nuevo ministro de Electricidad y Energía Renovable, Medardo Cadena aseguró que dos de las pendientes estarían listas a finales de 2017 y una más en 2018.

Otra de las obras emblemáticas del régimen correísta encargada y con financiamiento del socio asiático, es la universidad de Yachay que estaba llamada a convertirse en la Ciudad del Conocimiento. El nuevo régimen detectó irregularidades y problemas de construcción irreversibles que han justificado la apertura en la Contraloria de siete auditorías sobre las obras, pero también sobre las inversiones y los créditos internacionales.

Siete años después de que se firmara el primer convenio de financiación con China, Ecuador acumula decenas de obras de infraestructura con sello asiático pero también ha ido aumentando la deuda con el país. Al final del mandato de Correa, había un pendiente de 8.000 millones de dólares que equivale un 85 % de la deuda externa bilateral total. De las cinco líneas de crédito abiertas con entidades financieras chinas, 7.000 millones de dólares se pagarán con venta anticipada de petróleo, a través de la petrolera estatal Petroecuador y de las asiáticas Petrochina y Unipec. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno está buscando ahora renegociar los compromisos de preventa de crudo porque, según los términos acordados, están ocasionando perjuicios al Estado ecuatoriano.

Campaña navideña "Un juguete, un niño feliz 2017" de Asoecuador


La Asociación Sudamericana Ecuador de Córdoba (Asoecuador), ong sin ánimo de lucro, con la colaboración de R&J Promociones y Eventos y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Córdoba (Fedaic), organizarán el próximo día 22 de diciembre/17 en la sede social de la asociación ubicada en la calle Goya nº40 de esta capital, la Gran Gala de agasajo y entrega de juguetes a los niños hijos de ecuatorianos residentes en la ciudad de Córdoba.

Con este propósito Asoecuador ha puesto en marcha la campaña de crowdfunding “Un juguete, un niño feliz 2017” dentro de la plataforma generosity.com donde se podrá realizar donativos a partir de $5 menos de cinco euros, que serán destinados exclusivamente a la compra de juguetes y que estará vigente hasta siete días antes de la gala.

Existen actualmente más de 100 niños/as hijos de inmigrantes ecuatorianos, de hasta 11 años de edad, que residen en la capital cordobesa y serán beneficiados con esta campaña navideña.

Esperamos contar con la colaboración desinteresada de todas   aquellas personas o instituciones que quieran realizar su donativo  para lograr que esta iniciativa tenga el éxito deseado.

viernes, 3 de noviembre de 2017

SOS Racismo ante las declaraciones racistas de la Concejal Silvia Saavedra del Ayuntamiento de Madrid


sosracismomadrid.es

El pasado 20 de octubre, Silvia Saavedra, concejala del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, aludió durante su intervención en la Comisión de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Transparencia, en la que criticaba la cesión de la Nave de Terneras, en Matadero, para el acto ‘Nada que celebrar’, el pasado 12 de octubre, a la obtención de la nacionalidad española por parte de la edil-presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, en los siguientes términos: “parece que cuando adquirió la nacionalidad española, y cuando juraba la Constitución, lo que en realidad estaba haciendo era prometer cargarse España”.

Desde Sos Racismo Madrid queremos denunciar la gravedad de las palabras de la edil de Ciudadanos por cuanto inciden en señalar y diferenciar a los ciudadanos españoles en función de su origen o del modo de obtención de la nacionalidad.

Silvia Saavedra está en su derecho de criticar, si así lo considera oportuno, la decisión adoptada por Rommy Arce en el ejercicio de su cargo, pero no es admisible que dicha crítica se haga en términos personales, llegando a poner en duda el compromiso cívico de personas que, como es el caso de Rommy Arce, no han adquirido la nacionalidad española al nacer.

El comentario de la edil de Ciudadanos parece poner en duda la legitimidad de Rommy Arce en el ejercicio de su cargo por el mero hecho de su origen, hecho que nos parece preocupante, ya que subyace un cuestionamiento de la incorporación en la vida política municipal de madrileños y madrileñas de origen migrante, a los que, en lugar de considerarse como miembros de pleno derecho de la misma comunidad política, se les sigue categorizando en términos de “otredad”.

Las declaraciones de Silvia Saavedra contribuyen a promover la desconfianza hacia la persona que proviene de otro país. Forman parte de un discurso de racismo social, también arraigado en nuestras instituciones, que sitúa a estas personas en un plano de diferencia y pretende obligarles erróneamente a justificar su sentir como ciudadanos de este país, en contraste con aquellos ciudadanos “desde la cuna”.

Madrid es una ciudad diversa lo que es parte de su riqueza y fortaleza. Las instituciones públicas y los representantes políticos deben estar a la altura de la sociedad a la que sirven y representan. A este respecto, no conviene olvidar que, según datos de la Comunidad de Madrid, residen en la actualidad en la misma 1.219.273 millones de personas de origen extranjero, 354.788 de ellos (un 23%) nacionalizadas españolas, y por tanto con plenos derechos políticos, siendo electores y elegibles en todos los procesos electorales*. No podemos dejar que estos derechos se queden en el papel, en un mero reconocimiento formal: es fundamental el pleno empoderamiento político de las personas migrantes nacionalizadas españolas, y que las opiniones vertidas o las acciones realizadas en el ejercicio de estos derechos (sean estas la participación en manifestaciones, el ejercicio del derecho a voto activo o pasivo o la toma de decisiones como cargo público) sea juzgada en los mismos términos que la del resto de sus conciudadanos. En caso contrario, la combinación de inclusión política formal y exclusión política de facto acabará generando no sólo la infrarrepresentación del sentir y de las necesidades de una proporción muy relevante de la población de Madrid (más del 13%), sino tensiones y problemas de convivencia.

Por eso, desde Sos Racismo Madrid hacemos un llamamiento al grupo municipal de Ciudadanos y en particular a la edil Silvia Saavedra para que rectifiquen en sus declaraciones y a todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid para que manifiesten expresamente su compromiso con la sociedad diversa que conforma la ciudad de Madrid y el derecho que tienen todos los nacionales españoles, sea cual sea su origen, de actuar en el ejercicio de sus derechos de nacionalidad como consideren oportuno, y con plena libertad de pensamiento y opinión.

Justicia argentina rechaza aplicar un fallo contra Chevron dictado en Ecuador




yucatan.com

Buenos Aires, 2 nov (EFE).- Un juzgado de Argentina rechazó el intento de ejecutar en el país una sentencia dictada en 2011 en Ecuador contra Chevron, por la que la petrolera estadounidense tendría que pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, por daños ambientales en la Amazonía.

El pago de esa cantidad por parte de Chevron en Argentina había sido solicitado por abogados que representan a un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana, que demandaron a la petrolera estadounidense por contaminación.

La jueza María Viano, del Juzgado Nacional Civil Nº 61 en Buenos Aires, dispuso en su resolución que no se puede aplicar esa sentencia en Argentina y dio dos razones: la causa es cosa juzgada y la falta de conexión de Chevron Corporation con personas jurídicas en el país.

La misma millonaria indemnización también fue solicitada a la Justicia de Estados Unidos, donde Chevron tiene su sede, para saber cuáles son sus bienes, y de ahí se obtuvo la información de una filial en Argentina.

El término legal que define el pedido ecuatoriano es exequátur, que se basa en el reconocimiento y aplicación de un fallo en un país dictado en otro país.

La jueza argentina, sin embargo, declaró "improcedente" ese recurso jurídico. La magistrada argumentó que tal pedido "es cosa juzgada", ya que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ya se había expresado en junio de 2013 desestimando el exequátur.

Además, planteó que "las sociedades apelantes no han tenido participación en el pleito" ya que Chevron Corporation y Chevron Argentina SRL (la filial en el país) "son personas jurídicas distintas".

Viano afirmó que "no existe la conexión directa del caso con el foro local" y que la decisión final de aplicar la sentencia es responsabilidad de "los jueces del país en cuyo territorio se hallen bienes ejecutables" de la persona jurídica Chevron Corporation.

Este mismo pedido de la Justicia ecuatoriana también fue rechazado en países como Estados Unidos, Brasil y Canadá.

Chevron asevera que nunca ha operado en Ecuador y explica que Texaco Petroleum (TexPet), subsidiaria de Chevron desde 2001, fue socia minoritaria en un consorcio de producción de petróleo en Ecuador junto con la estatal Petroecuador desde 1964 hasta 1992.

Después de que Petroecuador asumiera en 1992 la totalidad del consorcio y de las operaciones petroleras, TexPet se comprometió, según la petrolera estadounidense, a remediar "ciertos sitios de producción acordados", mientras que Petroecuador se hizo responsable del arreglo ambiental restante.

En una nota de prensa, Chevron señala que el Gobierno de Ecuador supervisó y certificó la "exitosa remediación" hecha por TexPet y liberó a esa empresa de cualquier otra responsabilidad medioambiental.

Sin embargo, remarca que "Petroecuador no realizó la limpieza a la que se comprometió y ha continuado operando y expandiendo sus operaciones petroleras en la antigua área de concesión durante los últimos 20 años".

"Una vez más, los intentos de lucrarse de esta fraudulenta sentencia han sido rechazados", dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente jurídico y gerente legal de Chevron, quien se mostró seguro de que "cualquier jurisdicción que respete el estado de derecho y examine los hechos también concluirá que la sentencia ecuatoriana es ilegítima e inejecutable". EFE

sábado, 28 de octubre de 2017

Europa del lado de las transnacionales en materia de Derechos Humanos



ipsnoticias.net

GINEBRA (IPS) - Un cuerpo creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvo que superar el lunes 23 el obstruccionismo de la Unión Europea para poder encauzar la discusión de un tratado vinculante sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales.

El grupo de trabajo intergubernamental  de composición abierta para avanzar hacia ese tratado,  fue creado en junio de 2014, a instancias de un conjunto de países que lideraron Ecuador y Sudáfrica, por el Consejo de Derechos Humanos, el máximo organismo de la ONU en esa materia.
La resolución del Consejo especifica que el grupo debe elaborar “un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, dentro del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas de negocios”.

En la tercera sesión del grupo, la disidencia europea focalizó esa descripción de las empresas que son objeto del mandato recibido por el grupo de trabajo sobre sociedades transnacionales y otras empresas que debe promover el tratado.

Un delegado de la Unión Europea (UE) reclamó que el documento de trabajo de esta tercera sesión del cuerpo contenga una nota de pie de página con referencia precisa de “las empresas transnacionales y otras empresas”.

La UE entiende que las discusiones no pueden limitarse  a las empresas transnacionales pues muchos abusos son cometidos por empresas de nivel nacional”, dijo el representante de Bruselas.
La delegación de Sudáfrica replicó que la pretensión europea era inaceptable “pues lo que necesitamos es comenzar a trabajar”. “Todo este tema corresponde a las posiciones nacionales de negociación de nuestros colegas europeas” agregó la diplomática sudafricana.

La cuestión se tratará “cuando lleguemos a los debates sobre la substancia de las negociaciones”, insistió.

Brasil fue también rotundo. “Estamos aquí para discutir cómo y porque necesitamos un nuevo marco para las compañías transnacionales y toda clase de empresas. Y el mismo título del grupo de trabajo ya abarca a todas las compañías”, expresó la delegada brasileña.

El debate del cuestionamiento europeo ocupo gran parte de la sesión matutina del grupo de trabajo. El diferendo se zanjo provisoriamente pasado el mediodía cuando el presidente de la sesión, Guillaume Long, jefe de la misión diplomática ecuatoriana en Ginebra, consiguió que los europeos pospusieran su reclamo.

Lo que observamos hoy ya ocurrió en 2015, durante la primera sesión del grupo de trabajo, recordó a IPS Tom Kucharz, miembro de la secretaria europea de Podemos, la tercera fuerza política de España.

Ponen como excusa un pie de página cuando en realidad lo que reclaman ya está recogido en el título del grupo de trabajo. Pero bien saben que es un detalle que puede hacer explotar el proceso” de elaboración del tratado, interpretó Kucharz.

El político, que asesora a Podemos en el Parlamento Europeo, sostuvo que la UE obra de esa manera porque “no quiere hablar de los impactos y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la destrucción ambiental de las empresas multinacionales de la Unión Europea”.
Por el contrario, “quiere hablar de las empresas estatales de China, de Brasil o de Sudáfrica.  Sabe perfectamente que todo eso puede hacer volar por los aires toda la negociación.  Y eso es lo que quiere conseguir la UE”, completó Kucharz.

Las demandas europeas fueron compartidas por Australia, Noruega y México, que se diferenció del resto de países del grupo latinoamericano y caribeño.

Todas las tentativas por verificar el acatamiento de las transnacionales a las normas globales sobre derechos humanos han tropezado en las últimas décadas con la firme oposición de las naciones industrializadas, con la excepción de efímeros avances durante la década de los 70.

Lo único que han concedido los países sede de las transnacionales ha sido un conjunto de Principios Rectores, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos. Pero esas expresiones carecen de obligatoriedad y son meramente voluntarias.

En junio,, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el acatamiento de las reglas del Pacto Internacional del mismo nombre, aprobó una interpretación que atribuye obligatoriedad a ese cuerpo jurídico y por ende a todo el resto de la arquitectura de los derechos humanos.

El redactor de la interpretación y miembro de ese consejo, el experto belga Olivier De Schutter, aseguró en ese momento a IPS que la interpretación tiene carácter vinculante.
Tal carácter solo quedara confirmado cuando el mismo cuerpo o alguna jurisdicción judicial de un  estado miembro del Pacto lo reconozcan en un dictamen”, explicó.

La principal figura detrás del proyecto de tratado vinculante sobre las transnacionales, la actual ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Maria Fernanda Espinosa, no mostró mayor preocupación por el efecto de la ofensiva europea del lunes 23.

Espinosa, que presidió el grupo de trabajo en su primera sesión de 2015, cuando dirigía la misión ecuatoriana en esta ciudad dijo a IPS que  “yo esperaría que no” perjudique los resultados del proceso.

Creo que es muy importante para nosotros el papel de la Unión Europea pues hay una gran flexibilidad”, apuntó.

Desde el inicio, la UE ha tenido una serie de exigencias para comenzar el proceso. Lo que estamos esperando es que participe de manera constructiva, no obstaculice y aporte con la gran experiencia que tienen los países del bloque en este tema, en los aspectos regulatorios en relación a las transnacionales”, observó Espinosa.

La ministra ecuatoriana se mostró optimista con respectó al resultado de los debates que concluirán el viernes 27.

Esto va a continuar y vamos a entrar ya en los temas que la gente está esperando, que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sociales, miles que apoyan el proceso, que las víctimas de violaciones del pasado están esperando que entremos a discutir y negociar ya lo sustantivo que es el cuerpo del tratado”, describió.
Editado por Estrella Gutiérrez

viernes, 27 de octubre de 2017

Ecuador presenta ante la ONU texto del tratado vinculante para controlar multinacionales

lavanguardia.com 
 
Ginebra (EFE).- Ecuador presentó hoy un texto que sirva como base para la negociación de un tratado vinculante que delimite las acciones de las empresas multinacionales para que éstas respeten los derechos humanos y medioambientales allí donde actúen.

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la creación de un instrumento legal vinculante que regule la actuación de las empresas y se asegure que éstas sean responsables de los eventuales abusos que cometan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente.

Ecuador y Sudáfrica son los copresidentes de este grupo, que hoy se reunió por tercera vez de forma ordinaria para avanzar en la negociación del futuro tratado.
La sesión comenzó con la presentación por parte de la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, del texto denominado "Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos", que ahora deberá ser sometido a debate.

En paralelo, Lola Sánchez Caldentey, eurodiputada por el partido español Podemos, presentó hoy en un acto público en Ginebra la "Llamada de los Parlamentarios", una red de casi 250 diputados de izquierdas que apoyan la creación del tratado.

"Estamos inmersos en un proceso histórico. Queremos que se equilibre un poco esta injusticia de globalización en la que vivimos. Una globalización muy desequilibrada entre los poderes económicos y financieros y las empresas multinacionales, por un lado, y la gente, especialmente la de los países pobres", explicó Sánchez a Efe.

"Es muy importante estar aquí porque muchos países, especialmente los ricos y entre ellos la Unión Europea, pretenden bloquear el proceso al querer incluir en el texto a todas las empresas, y así diluir el contenido del texto", añadió.

Sánchez recordó que la Eurocamara ha aprobado varias declaraciones apoyando la creación del tratado y llamando a la urgencia, y criticó que la Comisión quiera bloquear el proceso "de espaldas a la ciudadanía".

En el mismo acto también participaron miembros de la Alianza para el Tratado, que agrupa a casi doscientas organizaciones de la sociedad civil.

"Represento a una serie de comunidades donde las multinacionales violan diariamente los derechos humanos. Lo que existe actualmente es una arquitectura de la impunidad de las empresas", denunció Tchenna Maso, miembro de La Vía Campesina.

"Hay que recordar que estas transnacionales, en muchos casos, son más poderosas que muchos Estados. Entonces, cuando surgió la iniciativa quisimos apoyarla inmediatamente para que la gente, el pueblo, también haga oír su voz y que la acción de las empresas se regule en base a experiencias concretas", agregó Maso.

Los promotores de este tratado pretenden que la convención establezca un marco regulador que obligue a los Estados a asumir la responsabilidad por abusos cometidos por las transnacionales, y que éstas estén obligadas a cumplir unos estándares mínimos, como que las normas medioambientales o laborales fueran las mismas sin importar el país.

"Uno de los temas esenciales es el acceso a la Justicia; otro es que las empresas no participen de este proceso, porque no son sujetos legítimos porque no fueron elegidas por nadie; y otro es la creación de un tribunal especial que juzgue a estas compañías", dijo Maso.

Todas estas propuestas han sido recogidas en un borrador de texto que ha sido presentado, precisamente, a Ecuador, para que lo incorpore en el suyo propio. EFE

miércoles, 25 de octubre de 2017

Pablo Fajardo: “Los gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas en los países del sur”

 Durante los últimos 23 años, el abogado ha encabezado la lucha jurídica contra la multinacional norteamericana Chevron, causante de un desastre ecológico que sigue cobrándose vidas hoy en día en Ecuador.
 
Siendo muy joven Pablo Fajardo Mendoza, abogado y activista ecuatoriano, trabajó para la empresa petrolera Texaco –hoy Chevron– donde pudo observar cómo la multinacional norteamericana contaminaba de manera sistemática la selva amazónica y su región. Entonces comenzó un periplo judicial de denuncia contra la empresa a nivel internacional que ha dado la razón en repetidas ocasiones a los afectados por las prácticas extractivistas de la compañía. Sin embargo, gracias a la impunidad con la que operan las grandes multinacionales, la empresa nunca ha pagado por sus crímenes. 
 
Fajardo visita Madrid en una gira por países europeos que acabará en Ginebra, donde Ecuador preside un proceso para que se cree un tratado internacional vinculante para acabar con la impunidad de las empresas frente a la violación de los Derechos Humanos.  

¿Cómo empezó la lucha que encabezas? 
La empresa Chevron, antes Texaco, obtuvo un contrato para buscar y extraer petróleo de una área de la amazonía ecuatoriana de 1.500.000 hectáreas de selva tropical. Durante 26 años perforó 500.000 hectáreas en una zona donde habitaban distintos pueblos indígenas originarios. Dos de ellos ya se han extinguido. El método de la empresa fue realizar la menor inversión posible para maximizar sus beneficios, a costa del ecosistema y de los pueblos. La empresa vertió más de 60.000 millones de agua tóxica a los ríos de la amazonía, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de caminos y hubo derrames y vertidos frecuentemente. Esos vertidos nunca fueron remediados, si tú excavas ahora mismo en muchos lugares de Ecuador puedes encontrarlos simplemente tapados. También construyeron más de 1.000 fosas o piscinas para tirar los vertidos. Hoy, 30 o 40 años más tarde, esa contaminación se encuentra ahí todavía. Hay quien la compara con otros accidentes medioambientales, pero esto no fue un accidente. Fue una operación diseñada por Chevron para obtener el mayor beneficio con la mínima inversión. 
Además de los dos pueblos extinguidos, esa contaminación ha causado muchas muertes por cáncer y leucemia. Los índices de cáncer de esa región son los más altos de Ecuador, que a su vez son los más altos de América latina. El cáncer de pulmón en la zona es seis veces más alto que el promedio nacional. La leucemia es ocho veces más. Por todo ello arrancamos esta lucha que, en noviembre, cumplirá 24 años. 

¿Qué trabas os habéis encontrado?
Muchas. Primero llevamos el caso a la Corte de Nueva York, ya que la empresa es de Estados Unidos. Pero los jueces dijeron que ellos no eran competentes y que se debería llevar a la Corte en Ecuador. Pero al llevar al caso a Ecuador los argumentos de Chevron fueron que los jueces de allí tampoco eran competentes. Entonces nos encontrábamos en un punto donde no sabíamos dónde juzgarlos. Finalmente se les juzgó en Ecuador y la empresa soltó toda una batería de excusas absurdas y argumentos sin sentido, pero nosotros pudimos demostrar científicamente que esos hidrocarburos estaban causando cientos de muertes. Por lo que este caso es un crimen atroz, no solo medioambiental, sino contra los derechos humanos.
En 2011 hubo una sentencia que la culpaba de aquellos crímenes. Hubo apelaciones y también las ganamos. Pero aquí estaba el truco, Chevron en ese momento había sacado todos sus bienes de Ecuador. No podíamos cobrar la indemnización. Fuimos a buscar el dinero fuera y aquí empezó el juego de Chevron, empezando por ataques al Estado ecuatoriano.
 
¿Qué tipo de ataques?
Por ejemplo en el ámbito económico y comercial. Chevron ha boicoteado que Estados Unidos haga acuerdos comerciales con Ecuador como castigo por este caso. También han llevado el caso a tres arbitrajes internacionales como represalia, campañas mediáticas de desprestigio... Cuando se quería llevar el caso a Ecuador, la empresa decía que nuestros jueces eran los mejores del mundo. Pero cuando fallaron en su contra montaron una campaña de desprestigio hacia todo nuestro sistema judicial. Y lo más grave, ataques contra las víctimas: casos de espionaje, chantaje, amenazas físicas y cientos de demandas. Yo mismo tengo decenas de ellas en Estados de Ecuador y en EE UU. Persecuciones cibernéticas. No hay una de nuestras comunicaciones que no sea interceptada por Chevron.
Pero no contentos con esto, lo que están usando es todo un entramado de empresas para eludir la responsabilidad y están usando los juzgados internacionales sabiendo que no hay un juzgado de los derechos humanos que les pueda juzgar por sus crímenes. Usan empresas subsidiarias para tratar de evitar las responsabilidades. Usan su poder económico para contratar a ejércitos de abogados y usan las cortes norteamericanas que defienden a la corporación. Existen sentencias norteamericanas que invalidan el uso de nuestras sentencias en su país. 
 
¿Cómo sería ese juzgado internacional que podría acabar con esa impunidad?
Es un tema complejo, porque cualquier sistema judicial podría ser cooptado por lo poderes corporativos. Debemos dar pasos. El primero es que los pueblos tengamos acceso a esa justicia. Lo segundo es que esa declaración de que los derechos humanos están por encima de los derechos económicos debe ser real. Ahora mismo es al contrario. Queremos un sistema de justicia que permita juzgar a las corporaciones y que, en la medida de lo posible, vaya acotando el poder corporativo. Que no permita que las empresas abusen de los Estados pequeños. Un sistema judicial al que podamos acceder todos y de una manera práctica y real.

La semana del 23 de octubre se celebran unas reuniones en Ginebra para avanzar en un tratado vinculante que se presentará a las Naciones Unidas sobre las multinacionales. ¿Qué confianza tienes en este tratado?
Va a ser complicado. Tenemos la oposición de Estados Unidos por un lado. Pero también tenemos la de la Unión Europea con su doble moral. Que presume de ser el continente donde se cometen menos delitos contra los derechos humanos pero permite que sus empresas los violen en otras partes del planeta. Algo avanzaremos, aunque la correlación de fuerzas es adversa. Son más los países que están en contra, o mejor dicho, los gobernantes, porque estoy seguro que la ciudadanía estaría a favor de este tratado. Por lo que necesitamos una sociedad civil fuerte, aquí en Europa, que exija que sus gobernantes persigan y juzguen los delitos que cumplen sus propias empresas en otros países.

¿Solo afecta a los países del sur?
Para nada, es un problema global. Lo primero es que las empresas que operan allí son de aquí. Y si se traen los beneficios, también se deberían de traer los problemas. Los gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas en los países del sur.
Por otro lado, aquí también se cometen crímenes como estos por parte de las multinacionales. Me viene a la cabeza el vertido en Andalucía de la empresa sueca Boliden hace 19 años y por el que todavía no ha pagado nada. O el caso del Prestige. Pero hay otro tipos. España tiene una tasa de suicidios muy elevada. Un gran porcentaje lo hace por motivos económicos. Deudas con sus bancos que les asfixian. ¿Y qué son los bancos?, multinacionales. 

"Los medios ponen en el centro la información que conviene a las corporaciones"

¿Qué pasos crees que debe dar la sociedad civil para que progresen estos tratados contra esa impunidad?
Hay varios frentes donde hay que trabajar. Lo primero es la comunicación. La ciudadanía tiene que enterarse de que esos crímenes ocurren cada día y que todos somos víctimas globales. Lo segundo es crear una masa intelectual, porque ahora mismo los medios y gran parte de las universidades están creando una masa intelectual que favorece el sistema de las corporaciones.
Por otro lado, en el plano político, debemos exigir y practicar una democracia real. Que no se limite al día que vas a depositar el voto. La gente debe participar en aquellos procesos políticos que afecten a sus vidas. Trabajando estos tres frentes podremos encaminarnos hacia un cambio político y social real. 
 
¿Está la democracia y la soberanía amenazadas por las multinacionales?
No están amenazadas, están cooptadas completamente. Los medios ponen en el centro la información que conviene a las corporaciones. La gente es víctima de ello. Con la democracia pasa exactamente lo mismo. La democracia, las administraciones, las empresas públicas, las privadas, la academia, todo está cooptado y eso hay que romperlo.