El ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada país de América Latina
elpai.com
En
junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la
macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en
su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos
de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó
a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde
entonces de hacerlo. Los secretos que podia guardar el nieto –y ya
por entonces presidente- de la mayor constructora de América Latina,
con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre
otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE UU, eran de tal calibre y
de tal potencia que podían, por si solos, derribar presidencias o
hacer caer gobiernos en toda la región.
Durante
muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter
fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía
brasileña: confesar lo que sabía –esto es: a quién había
sobornado para conseguir contratos golosos- a cambio de rebajar la
condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la
que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más
las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de
una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los
políticos sistemáticamente sobornado constituyó una de las más
concluyentes) le hicieron doblegarse.
Aceptó
cantar
y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años).
Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a
dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de
libertad.
Además
de pedir perdón públicamente, la empresa, asimismo, se avino a
pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción:
3.500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil,
EEUU y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus
prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía
a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.
Pero
una vez que las investigaciones se habían puesto en marcha, nada iba
a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo.
Desde EE UU y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de
Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y al expresidente
peruano Alejandro Toledo. “Odebrecht empleó una secreta, pero
totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa-un
departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera- que,
sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para
corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres
continentes", afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal
general asistente de la División Criminal del Departamento de
Justicia norteamericano.
Nada
apunta a que la tormenta vaya a parar. Al contrario. Las confesiones
de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht)
están hoy por hoy en Brasil protegidas por el secreto de sumario.
Pero no lo estarán por mucho tiempo y, más pronto o más tarde, se
harán públicas. La prensa brasileña las denomina, acertadamente,
“la confesión del fin del mundo”. Hace un mes se filtró la
declaración de uno de esos altos cargos. Solo uno. Se llamaba
Cláudio Melo Filho y su trabajo consistía, según afirmó ante la
policía, en presionar (y sobornar) a políticos brasileños a cambio
de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder
contratos o modificar leyes. Aseguró también que el actual
presidente, Michel Temer, aceptó en la terraza de su palacio 10
millones de reales (más de 3 millones de euros) para su campaña
electoral. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que
trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita
pura a punto de estallar.
Esto
es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:
COLOMBIA
La
posibilidad de que el caso
Odebrecht,
empresa que confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares
en sobornos, salpicase al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
ha desatado un tsunami político desde el martes por la noche en el
país sudamericano. La Fiscalía aseguró que parte del dinero
recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año
“habría” terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel
Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a matizar ese
condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del
exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello
ocurriese, por lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha
hecho el propio presidente. Mientras, el Gobierno en pleno salió en
defensa de Santos.
El
pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal
Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de
dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.
A partir de la declaración de Bula, la Fiscalía emitió el
comunicado matizado después.
BRASIL
Las
tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de
Brasil se entremezclan y el caso
Odebrecht
no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa
abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se
calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de
dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a
parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente
de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de
dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos,
generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.
Hasta
el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que
una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de
sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de
enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la
prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave,
entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus
antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula
da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de
Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre
fuerte para las generales de 2018.
PERÚ
La
Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión
preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y
2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane
Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en
sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera
Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa
ofreció una entrevista al programa Cuarto
Poder,
donde negó haber recibido los sobornos denunciados.
Toledo
no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la
trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del
expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del
diario brasileño Folha
de Sao Paulo
de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su
campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana
ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el
financiamiento de sus campañas.
Además,
el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su
llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de
Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan
García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener
dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la
licitación de unas obras de metro.
Pero
no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los
peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato
para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000
millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la
historia de este país. El
consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó
con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido
multado.
ARGENTINA
En
Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso
Odebrecht
era un problema del kirchnerismo. Durante los 13 años en el poder de
Néstor y Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes
negocios y, según la investigación judicial, aportó a
“intermediarios” en Buenos Aires 35 millones de dólares que le
permitieron acceder a contratos por unos 278 millones de dólares.
Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco inesperado y ha tocado
de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio Macri.
El
jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, íntimo amigo del
presidente –hasta el punto de que le alquila el departamento de
lujo en el que vivía antes de trasladarse a la residencia oficial-
se ha visto obligado a declarar ante la justicia argentina por unas
transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo
Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para
pagar sus sobornos. La hipótesis que manejó La
Nación,
el diario que publicó la noticia, es que se trataba de una coima por
la obra del tren Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri,
Ángelo Calcaterra.
El
Gobierno argentino desmintió indignado esta hipótesis y Macri
defendió a su amigo: “No entiendo de dónde sacan la vinculación
con Odebrecht, es un cuento”, llegó a decir.
MÉXICO
Odebrecht
reconoció haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a
“altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado
[mexicano]”. Los representantes de la constructora brasileña
admitieron en diciembre a las autoridades judiciales de Estados
Unidos que el pago de coimas se hizo entre octubre de 2013 y finales
de 2014 para ganar contratos con una compañía de la que no
revelaron el nombre.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de
investigar las acusaciones de corrupción en contra de funcionarios,
dijo que investigaría el caso. Petróleos Mexicanos (Pemex, la
petrolera estatal) también se pronunció públicamente en favor de
revisar tres grandes contratos que otorgó a Odebrecht y por los que
obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos la
construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450
kilómetros de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde
se levantará la refinería de Tula, Hidalgo.
En
el tiempo en que se pagaron los sobornos, Pemex era un actor central
en la apertura del sector energético mexicano. A finales de enero,
Arely Gómez, la titular de la SFP, dijo que el caso de los sobornos
de Odebrecht a funcionarios mexicanos es una de sus prioridades, pero
no presentó ningún avance en la investigación.
VENEZUELA
Según
el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el
caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a
varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías
públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información
confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.
REPÚBLICA DOMINICANA
Odebrecht
pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de
dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en
concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió
haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.
La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe,
detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el
pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha
cantidad.
Según
el acuerdo, "dicho monto será desembolsado paulatinamente en un
plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del
año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares,
desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles".
Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es "el
único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una
compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos".
ECUADOR
Ecuador
también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron
pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016.
En
la actualidad, la Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España
para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido
en suelo español que puede aportar información sobre el caso
Odebrecht
en Ecuador, según informa EFE. Durán es investigado por presunto
lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una
organización criminal.
PANAMÁ
Así
como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha
cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en
primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el
periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación
si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el
pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como
reparación 59 millones de dólares.
Comentarios
Publicar un comentario