CASO CHEVRON: Vacío jurídico en el derecho internacional y abuso corporativo

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Hace más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, (UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional Chevron Corporation, antes Texaco.

Para refrescar la memoria, recordemos que Chevron, en 1964, obtuvo un concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador, para explorar y extraer petróleo. En esa área de selva tropical amazónica, habitaban pueblos indígenas ancestrales, entre ellos: los Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari.

La empresa Texaco realizó una operación defectuosa, diseñada para incrementar su ganancia económica, con la menor inversión posible. Por ejemplo: todas las piscinas, de una dimensión mínima que sobrepasaban en promedio los 300 metros cuadrados, las construyó lo más próximo a las fuentes de agua superficial. Vertió intencionalmente a los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones de galones de agua tóxica (agua mezclada con tóxicos producto de la extracción); provocó cientos de derrames de crudo, que nunca remedio, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o carreteras.

En conclusión, causó de forma intencional y reiterada, la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico. De acuerdo a la ley ecuatoriana, al contrato de concesión y a las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba obligada a utilizar la mejor técnica, para evitar el impacto ambiental y así no afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero, la actitud irresponsable adoptada por Chevron generó uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad, causado por una transnacional.

Según varios estudios de salud, entre ellos los contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”, de Carlos Berinstain y “Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián, realizados en la zona, se determina la existencia de cientos de casos de cáncer, que son plenamente atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados por la petrolera.

Proceso judicial

Con el sueño de lograr una reparación del daño causado por las operaciones de Chevron, más de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana, en el 1993, plantearon una demanda en contra de la petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es decir, ante el sistema judicial norteamericano.

Chevron activó dos argumentos para su defensa:

1. Desestimar la demanda. Para procurar convencer a los jueces norteamericanos que desestimen la demanda, la petrolera logró incidir en el Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un contrato, en el que la petrolera se comprometió a remediar una parte del daño causado.
2. Foro no conveniente. El segundo argumento de la petrolera fue el de que el sistema norteamericano, no era el foro conveniente y que si se debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el sistema judicial ecuatoriano.

Finalmente, luego de nueve años de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron ganó esa batalla y el caso se radicó en el Ecuador, en donde la petrolera argumentó que el sistema judicial ecuatoriano no era competente para procesar este juicio.

En el 2011, la UDAPT logró que Chevron sea condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares, que serán destinados a reparar el daño causado.

Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia que ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el daño. 

 

Hasta este día, la UDAPT, con su esquipo de abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá, Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional. Ha recurrido a varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no logra un pleno acceso a la justicia.

¿Cuáles son los obstáculos que tienen los afectados para lograr un adecuado acceso a la justicia?

Existen múltiples obstáculos que impiden que pueblos y/o comunidades afectadas tengan pleno acceso a la justicia y sean tratadas en igualdad de condiciones que las corporaciones.

Costo económico. Según datos, algunos públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha gastado más de dos mil millones de dólares en su defensa. Ha contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación, de lobby, e incluso empresas de espionaje y persecución como Kroll por ejemplo, que es una de las compañías de espionaje más grandes del mundo. 

Esa corporación (Kroll), a fines de 2013, reveló que en ese año había facturado más de 15.000.000 de dólares a Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT. 

Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a distintos gobiernos del mundo, con el fin de comprar impunidad, por ejemplo, cuando la UDAPT logró activar el embargo en la República de Argentina, Chevron ofreció realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio que los jueces levanten el embargo que la UDAPT había conseguido activar en ese país. Finalmente, el chantaje les funcionó, la Corte Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de julio del mismo año (2013), se suscribió el contrato de inversión entre Chevron y el Gobierno argentino.

Es imposible para los pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación con un sistema que no garantiza la igualdad para las partes.

Ocultamiento tras las empresas subsidiarias. Según el informe publicado en el 2011, PipingProfits, de PublishWhatyouPay de Noruega, Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más de 77 empresas subsidiarias, la mayoría de ellas en los denominados paraísos fiscales. Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña es la ingeniería que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio. La UDAPT, que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del Ecuador, hoy está abocada a realizar distintas acciones de exequátur (homologación de sentencia) en jurisdicciones extranjeras, entre ellas Canadá, Brasil y Argentina. En todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario, tras las subsidiarias.

Uso de la ciencia para torcer la verdad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se generaron más de 80.000 resultados físicos químicos, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los cuales pagados totalmente por Chevron. El legado de tóxicos dejados por Chevron en nuestra Amazonía es inocultable, es evidente, tanto así que, a los propios expertos contratados por Chevron se les hacía imposible no encontrar contaminación. Durante la fase de investigaciones de campo, el multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron debía hacer un gran esfuerzo para no hallar residuos de tóxicos, dejados por la petrolera, en la Amazonía; y cuando daban con ellos, que era siempre, el trabajo de los expertos era ocultarlos o minimizar su impacto.

Sistema de justicia inaccesible para los pueblos afectados. Cuando nuestro caso fue planteado ante el sistema de justicia de los EE.UU., Chevron argumentó que los jueces norteamericanos no tenían competencia para procesar este juicio, que no era el foro conveniente. Cuando el caso vino al Ecuador, Chevron argumentó que los jueces del Ecuador no eran competentes para procesar el juicio. Luego, cuando la UDAPT ganó el litigio en Ecuador e iniciamos las acciones de Exequátur en Canadá, Brasil y Argentina, Chevron arguye, en las tres jurisdicciones, que esos jueces no son competentes para procesar este proceso. Este argumento lo pone Chevron porque sabe que no existe en el mundo un instrumento jurídico que permita juzgar corporaciones, ni una estructura o corte internacional para ese fin. Este es el gran vacío que existe en el planeta.

Protección del país de origen de la corporación. En este caso, es evidente que tanto el sistema judicial de los EE.UU. como la administración pública de ese país, han protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación.

Por ejemplo, en su momento revelaron al menos nueve cables Wikileaks, que evidenciaban los nexos y las presiones que ejercía la embajada estadounidense en Quito, en contra del Gobierno ecuatoriano, y del sistema judicial del Ecuador, para ayudar a Chevron.

Adicionalmente, en los últimos años, el sistema de justicia de los EE.UU., asentado en Nueva York, ha emitido resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar la sentencia nuestra en los EE.UU., todo por un supuesto fraude. Durante el proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y sus defensores hablar de la contaminación ambiental generada por Chevron; los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen el Ecuador, no conocen el daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se generó para que exista la sentencia en el Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene inversiones económicas en Chevron, a través de fondos de inversión. 

Igualmente existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del Gobierno norteamericano, realizando planes para incidir en el Gobierno de Ecuador.

Tratados internacionales. Por último, los tratados bilaterales de protección de inversiones no hacen más que cerrar el círculo para garantizar la impunidad a las corporaciones. En el fondo, en los tratados se incluyen normas que generalmente están por encima de las normas domésticas de los Estados, y que a la postre garantizan a las corporaciones realizar sus operaciones de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a la justicia a comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas generan desastres ambientales y sociales. Chevron ha planteado tres arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima defensa que haga el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.

Los 23 años de lucha de la UDAPT contra Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice impunidad, lo que nos demuestra que el problema que tenemos es sistémico. El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones transnacionales.

Para ilustrar mejor esta complejidad, aquí formulo varias preguntas. ¿Cómo se explica el hecho de que cuando una persona quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o internacional de Derechos Humanos, éste primero debe agotar todos los recursos internos de su país; mas sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados directamente? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente, pueblos indígenas, son declaraciones no vinculantes; mientras que los instrumentos jurídicos para proteger las inversiones, al inversionista, a las corporaciones, son convenios vinculantes?

( Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento)