Pablo Fajardo: “Los gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas en los países del sur”
Durante los últimos 23 años, el
abogado ha encabezado la lucha jurídica contra la multinacional
norteamericana Chevron, causante de un desastre ecológico que sigue
cobrándose vidas hoy en día en Ecuador.
Siendo muy joven Pablo Fajardo Mendoza, abogado y
activista ecuatoriano, trabajó para la empresa petrolera Texaco –hoy
Chevron– donde pudo observar cómo la multinacional norteamericana
contaminaba de manera sistemática la selva amazónica y su región.
Entonces comenzó un periplo judicial de denuncia contra la empresa a
nivel internacional que ha dado la razón en repetidas ocasiones a
los afectados por las prácticas extractivistas de la compañía. Sin
embargo, gracias a la impunidad con la que operan las grandes
multinacionales, la empresa nunca ha pagado por sus crímenes.
Fajardo visita Madrid en una gira por países
europeos que acabará en Ginebra, donde Ecuador preside un proceso
para que se cree un tratado internacional vinculante para acabar con
la impunidad de las empresas frente a la violación de los Derechos
Humanos.
¿Cómo empezó la lucha que encabezas?
La empresa Chevron, antes Texaco, obtuvo un
contrato para buscar y extraer petróleo de una área de la amazonía
ecuatoriana de 1.500.000 hectáreas de selva tropical. Durante 26
años perforó 500.000 hectáreas en una zona donde habitaban
distintos pueblos indígenas originarios. Dos de ellos ya se han
extinguido. El método de la empresa fue realizar la menor inversión
posible para maximizar sus beneficios, a costa del ecosistema y de
los pueblos. La empresa vertió más de 60.000 millones de agua
tóxica a los ríos de la amazonía, cubrió con petróleo más de
1.500 kilómetros de caminos y hubo derrames y vertidos
frecuentemente. Esos vertidos nunca fueron remediados, si tú excavas
ahora mismo en muchos lugares de Ecuador puedes encontrarlos
simplemente tapados. También construyeron más de 1.000 fosas o
piscinas para tirar los vertidos. Hoy, 30 o 40 años más tarde, esa
contaminación se encuentra ahí todavía. Hay quien la compara con
otros accidentes medioambientales, pero esto no fue un accidente. Fue
una operación diseñada por Chevron para obtener el mayor beneficio
con la mínima inversión.
Además de los dos pueblos extinguidos, esa
contaminación ha causado muchas muertes por cáncer y leucemia. Los
índices de cáncer de esa región son los más altos de Ecuador, que
a su vez son los más altos de América latina. El cáncer de pulmón
en la zona es seis veces más alto que el promedio nacional. La
leucemia es ocho veces más. Por todo ello arrancamos esta lucha que,
en noviembre, cumplirá 24 años.
¿Qué trabas os habéis encontrado?
Muchas. Primero llevamos el caso a la Corte de
Nueva York, ya que la empresa es de Estados Unidos. Pero los jueces
dijeron que ellos no eran competentes y que se debería llevar a la
Corte en Ecuador. Pero al llevar al caso a Ecuador los argumentos de
Chevron fueron que los jueces de allí tampoco eran competentes.
Entonces nos encontrábamos en un punto donde no sabíamos dónde
juzgarlos. Finalmente se les juzgó en Ecuador y la empresa soltó
toda una batería de excusas absurdas y argumentos sin sentido, pero
nosotros pudimos demostrar científicamente que esos hidrocarburos
estaban causando cientos de muertes. Por lo que este caso es un
crimen atroz, no solo medioambiental, sino contra los derechos
humanos.
En 2011 hubo una sentencia que la culpaba de
aquellos crímenes. Hubo apelaciones y también las ganamos. Pero
aquí estaba el truco, Chevron en ese momento había sacado todos sus
bienes de Ecuador. No podíamos cobrar la indemnización. Fuimos a
buscar el dinero fuera y aquí empezó el juego de Chevron, empezando
por ataques al Estado ecuatoriano.
¿Qué tipo de ataques?
Por ejemplo en el ámbito económico y comercial.
Chevron ha boicoteado que Estados Unidos haga acuerdos comerciales
con Ecuador como castigo por este caso. También han llevado el caso
a tres arbitrajes internacionales como represalia, campañas
mediáticas de desprestigio... Cuando se quería llevar el caso a
Ecuador, la empresa decía que nuestros jueces eran los mejores del
mundo. Pero cuando fallaron en su contra montaron una campaña de
desprestigio hacia todo nuestro sistema judicial. Y lo más grave,
ataques contra las víctimas: casos de espionaje, chantaje, amenazas
físicas y cientos de demandas. Yo mismo tengo decenas de ellas en
Estados de Ecuador y en EE UU. Persecuciones cibernéticas. No hay
una de nuestras comunicaciones que no sea interceptada por Chevron.
Pero no contentos con esto, lo que están usando
es todo un entramado de empresas para eludir la responsabilidad y
están usando los juzgados internacionales sabiendo que no hay un
juzgado de los derechos humanos que les pueda juzgar por sus
crímenes. Usan empresas subsidiarias para tratar de evitar las
responsabilidades. Usan su poder económico para contratar a
ejércitos de abogados y usan las cortes norteamericanas que
defienden a la corporación. Existen sentencias norteamericanas que
invalidan el uso de nuestras sentencias en su país.
¿Cómo sería ese juzgado internacional que
podría acabar con esa impunidad?
Es un tema complejo, porque cualquier sistema
judicial podría ser cooptado por lo poderes corporativos. Debemos
dar pasos. El primero es que los pueblos tengamos acceso a esa
justicia. Lo segundo es que esa declaración de que los derechos
humanos están por encima de los derechos económicos debe ser real.
Ahora mismo es al contrario. Queremos un sistema de justicia que
permita juzgar a las corporaciones y que, en la medida de lo posible,
vaya acotando el poder corporativo. Que no permita que las empresas
abusen de los Estados pequeños. Un sistema judicial al que podamos
acceder todos y de una manera práctica y real.
La semana del 23 de octubre se celebran unas
reuniones en Ginebra para avanzar en un tratado vinculante que se
presentará a las Naciones Unidas sobre las multinacionales. ¿Qué
confianza tienes en este tratado?
Va a ser complicado. Tenemos la oposición de
Estados Unidos por un lado. Pero también tenemos la de la Unión
Europea con su doble moral. Que presume de ser el continente donde se
cometen menos delitos contra los derechos humanos pero permite que
sus empresas los violen en otras partes del planeta. Algo
avanzaremos, aunque la correlación de fuerzas es adversa. Son más
los países que están en contra, o mejor dicho, los gobernantes,
porque estoy seguro que la ciudadanía estaría a favor de este
tratado. Por lo que necesitamos una sociedad civil fuerte, aquí en
Europa, que exija que sus gobernantes persigan y juzguen los delitos
que cumplen sus propias empresas en otros países.
¿Solo afecta a los países del sur?
Para nada, es un problema global. Lo primero es
que las empresas que operan allí son de aquí. Y si se traen los
beneficios, también se deberían de traer los problemas. Los
gobiernos europeos son corresponsables de lo que hacen sus empresas
en los países del sur.
Por otro lado, aquí también se cometen crímenes
como estos por parte de las multinacionales. Me viene a la cabeza el
vertido en Andalucía de la empresa sueca Boliden hace 19 años y por
el que todavía no ha pagado nada. O el caso del Prestige. Pero hay
otro tipos. España tiene una tasa de suicidios muy elevada. Un gran
porcentaje lo hace por motivos económicos. Deudas con sus bancos que
les asfixian. ¿Y qué son los bancos?, multinacionales.
"Los medios ponen en
el centro la información que conviene a las corporaciones"
¿Qué pasos crees que debe dar la sociedad
civil para que progresen estos tratados contra esa impunidad?
Hay varios frentes donde hay que trabajar. Lo
primero es la comunicación. La ciudadanía tiene que enterarse de
que esos crímenes ocurren cada día y que todos somos víctimas
globales. Lo segundo es crear una masa intelectual, porque ahora
mismo los medios y gran parte de las universidades están creando una
masa intelectual que favorece el sistema de las corporaciones.
Por otro lado, en el plano político, debemos
exigir y practicar una democracia real. Que no se limite al día que
vas a depositar el voto. La gente debe participar en aquellos
procesos políticos que afecten a sus vidas. Trabajando estos tres
frentes podremos encaminarnos hacia un cambio político y social
real.
¿Está la democracia y la soberanía
amenazadas por las multinacionales?
No están amenazadas, están cooptadas
completamente. Los medios ponen en el centro la información que
conviene a las corporaciones. La gente es víctima de ello. Con la
democracia pasa exactamente lo mismo. La democracia, las
administraciones, las empresas públicas, las privadas, la academia,
todo está cooptado y eso hay que romperlo.
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