Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
José María Irujo/Joaquín Gil
Odebrecht, el gigante
brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor
escándalo de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares
(172 millones de euros) en comisiones ilegales a políticos,
funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de
Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según
informes confidenciales de la Policía de este Principado.
Los sabuesos
andorranos bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorance barajan
esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al
banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoamérica.
Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28 países.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015
la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El
Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta
institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Andorra,
atenazada por la presión internacional, renunció el pasado año al
secreto bancario.
EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación
confidencial que políticos, altos cargos de la Administración,
funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá,
Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA
para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfirió a estos
depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que
nunca prestó.
La revelación contempla centenares de documentos
como pasaportes, cartas de presentación, cuestionarios
confidenciales de clientes e informes sobre la evaluación de riesgo.
También incluye las actas de las sociedades de Panamá, Islas
Vírgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas
de la trama Odebrecht. Una bomba política que ha aflorado sobornos
en 12 países de Latinoamérica y cuya metralla ha impactado ya
contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos
(Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana). La ola también
alcanza a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y
Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.
La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y
Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de
Marcelo Odebrecht, que también está en prisión, para pagar los
sobornos a actores clave en la adjudicación de obra pública.
La constructora ha reconocido ante la Justicia de
Brasil que costeó campañas electorales de presidentes y candidatos
de América. Y que pagó sobornos por, al menos, 788 millones de
dólares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la
contratista ejecutaban después un plan de obras públicas
multimillonario. Odebrecht abonó una multa de 3.500 millones de
dólares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE.
UU. y Suiza.
La Policía de Andorra ha elaborado un detallado
informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en
la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas
y compañías que mantuvieron una operativa bancaria con esta
estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron
traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha.
Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son
parte de esta alambicada red de compra de voluntades.
Las pesquisas policiales y judiciales han
revelado que Odebrecht utilizó las sociedades off shore
Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a
políticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron
sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las
cuentas bancarias. Solamente a través de Klienfeld, una firma
constituida en el paraíso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron
pagos sospechosos por más de 200 millones de dólares (173 millones
de euros).
La mayoría de los clientes de la BPA favorecidos
por Odebrecht vació sus cuentas con celeridad y, en ocasiones,
transfirió fondos a bancos suizos y a otros paraísos fiscales.
Los documentos demuestran que, pese a que los
empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA
alertaron del alto riesgo de los PEP (personas políticamente
expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron
abriendo.
Odebrecht abonó 2,1 millones de dólares (1,8
millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro
de Presidencia y exjefe de campaña del presidente de Panamá Ricardo
Martinelli (2009-2014), según documentos confidenciales.
La constructora recurrió a una de sus empresas
instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los
progenitores del político, María Bagatelas Papadimitriu y Diamantis
Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los
familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como
titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el paraíso
fiscal de Belice.
Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA
desde 2011 un total de cuatro depósitos que movieron cerca de diez
millones de dólares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas
estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco podían
conocer que, tras códigos como 490145, se amagaban los familiares
del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli.
Un alto cargo de Alan García
planeó ocultar 10 millones
El
exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel
Atala Herrera planeó ocultar hasta diez millones de dólares (8,5
millones de dólares) en Andorra.
Este exdirectivo designado por el gabinete del
elexpresidente Alan García (2006-2011) recibió en la BPA 1,3
millones de dólares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas
utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.
Los papeles secretos del banco andorrano
confirman también que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad
Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes
Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán
(2011-2014), planeaba ocultar en el pequeño país de Europa entre
600.000 y un millón de dólares (entre 520.000 y 863.000 euros). Y
que solo durante el primer año barajaba transferir 800.000 dólares
(690.000 euros) a su depósito andorrano.
Las revelaciones señalan además que el
exmiembro del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin
Luyo Barrientos, manejó –al menos- dos cuentas en Andorra.
A su depósito en la BPA ya conocido, se sumó
otro en el Crèdit Andorrà que el 24 de abril de 2016 registraba un
saldo de 1,2 millones de dólares (un millón de euros).
Soborno del exministro colombiano
García Morales
La
Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de
dólares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abonó el exministro
de Transporte de Colombia Gabriel García Morales. Un informe
confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez
andorrana Canòlic Mingorance acredita esta comisión ilegal.
El documento confirma que la cuenta en la Banca
Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc
“fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el
extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que
se conozca al verdadero beneficiario”.
El beneficiario del depósito fue el exministro
del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García Morales,
que concedió a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta
del Sol, Sector II.
El exmandatario, que reconoció su culpabilidad
el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su
condena. También ha admitido su participación en el esquema de
blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen libanés
Enrique Chisays Manzur.
La Policía de Andorra pone, también, el foco en
Paulo César de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en
Florida (EE. UU.), que participó en una reunión en las oficinas de
este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trató
presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de
Antigua, entidad que utilizó la constructora para abonar sobornos,
según la declaración a la Justicia brasileña de dos testigos.
Los agentes examinan una cuenta a nombre de
Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas Vírgenes el 25
de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Raúl
Barrios Icaza, que después se dio de baja. El depósito llegó a
tener en julio de ese año un saldo superior a 12 millones de dólares
(10,3 millones de euros).
Un directivo movió 200 millones en Andorra
El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarrolló un papel “clave” en los pagos de la constructora a través de la BPA, según un informe de la Policía de Andorra dedicado a Brasil.
Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el
presidente de la compañía condenado a 19 años de prisión,
Rodrigues fue para los investigadores “el responsable de los pagos
de sobornos a políticos, directivos de empresas y corporaciones
públicas, a través de una red de cuentas bancarias secretas
abiertas en paraísos fiscales”.
El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del
Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y
también representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad
constituida por la BPA para el pago a políticos y funcionarios.
Parapetado por un testaferro, Rodrigues también figuró tras Aeon
Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron
pagos secretos.
Dinero negro en una obra
argentina de 3.000 millones
Odebrecht pagó con fondos opacos a
una subcontrata que participó en el soterramiento del tren de
Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de
dólares (2.572 millones de euros), según un informe de la Policía
de Andorra del 11 de abril de 2017.
La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del
expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado
octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución
del 10%, la construcción de este proyecto que contempla más de 20
kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.
Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las
constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000
euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento
del tren de Sarmiento.
Uruguay: una casa de cambios bajo
sospecha
Los investigadores han cercado en Uruguay a la
sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo
Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Policía señala
que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.
Carday Capital tenía abierta una cuenta en la
BPA para “recibir fondos de diversos clientes sudamericanos,
mayoritariamente de Brasil y Argentina”. Se investigan los pagos
que Klienfeld, sociedad panameña de Odebrecht empleada para pagar
sobornos, abonó a Carday Capital.
Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de
esta mercantil, “Ricardo Fontana”. Sostienen que se trata de
Ricardo José Fontana Allende, empresario implicado en una operación
de blanqueo.
Los informes policiales sobre Chile citan a
Andrés León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford
Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de
las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta
de este chileno presenta un saldo de 400.103 euros. Y recibió
tres millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este
periódico ha intentado sin éxito contactar con Mozes.
Ecuador exministro e ingeniero mecánico
Odebrecht también abonó sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Raúl Endara, según la Policía de Andorra.
“Las aportaciones realizadas a sus cuentas no
están justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas
actividades de prestación de servicios y consultoría con escasa o
nula justificación de los caudales obtenidos e ingresados”,
sentencian los investigadores.
Tres empresas panameñas de Endara movieron un
millón de dólares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos
sociedades que utilizó la constructora brasileña para el pago de
sus comisiones ilegales a través de la BPA.
Para lograr la apertura de su depósito en la
entidad andorrana, Mosquera se presentó ante el banco como un
ingeniero mecánico al rellenar el 18 de enero de 2011 el
cuestionario confidencial de cliente.
En la BPA recibió de Odebrecht un presunto
soborno de un millón dólares (860.000 euros). A la pregunta de si
era o no una Persona Políticamente Expuesta (PEP), el exministro de
Rafael Correa marcó ambas casillas: la del sí y la del no.
‘Betingo’, el actor clave
La conexión de la BPA con Odebrecht pasa –según los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
La Policía del Principado califica el papel de
este exfinanciero de “clave” y le sitúa como partícipe de la
alambicada madeja mercantil que tejió la mayor contratista de
Latinoamérica para desembolsar comisiones millonarias. “Construyó
entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de
Odebrecht”, concluyen los agentes.
Betingo fue además la “persona de contacto”
–según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro
de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró
tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en
el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus
comisiones. “Todos los clientes estudiados y/o investigados
fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]”,
concluye la Policía de Andorra. investigacion@elpais.es
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