China acapara la obra pública de Ecuador desde hace siete años
elpais.com
Seis
de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban
con una sucursal en el país hace ocho años. Son seis empresas chinas que
abrieron oficina entre 2009 y 2012. En ese plazo, han crecido a punta
de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó
un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían
falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el
préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del
dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de
la autodenominada Revolución Ciudadana.
Un
centenar de compañías chinas se han instalado desde entonces en Ecuador
pero solo 15 de ellas han protagonizado silenciosamente la obra pública
ecuatoriana. Han sido responsables de siete de las ocho grandes
hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo,
de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo,
ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio
prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada
acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino
préstamos atados a licitaciones.
Las
estadísticas oficiales del Servicio de Contratación Pública cifran en
casi 2.350 millones de dólares el monto de los proyectos adjudicados a
las contratistas de Beijing. Pero solo miden entre 2014 y 2017 y esa
cifra se eleva al contabilizar una por una las obras asignadas. Hasta
11.300 millones de dólares se destinaron a las empresas asiáticas desde
2010 para levantar infraestructura, según publica el diario El Universo
en colaboración con las plataformas de investigación periodística de
International Center for Journalist y Connectas. El 60 % de esos
contratos se destinaron al sector energético y solo en los 48 contratos
principales, de 197 totales, estaban ligados a préstamos por 7.300
millones de dólares.
El
embajador de China en Ecuador, Wang Yulin, reclamó pruebas antes de que
se emborronase con acusaciones de corrupción el legado que las cuatro
empresas -Sinohydro, China International Water and Electric Corporation,
Harbin, Gezhouba y el consorcio China Communications Construction
Company- han construido en Ecuador en los últimos años. Recordó que su
Gobierno educa a las empresas para que cumplan las leyes del territorio
en el que se instalan.
Como
con Odebrecht, el Gobierno ecuatoriano asignó a dedo la mayoría de los
contratos con las empresas de Beijing. Únicamente en ocho de los 48
proyectos más onerosos se siguió el proceso de concurso ya que la
legislación permite aplicar un régimen especial cuando se trata de
empresas públicas de otro país. Y en 31 de ellos, el Gobierno
ecuatoriano ofreció beneficios tributarios y fórmulas de pago
beneficiosas para sortear el régimen de impuestos. Se les aplicaba una
reducción en el impuesto a la Renta y el Estado pagaba las facturas
directamente en cuentas en China para que las compañías no tuvieran que
asumir el Impuesto a la Salida de Divisas al enviar sus ganancias de
vuelta a su país.
La
Contraloría General del Estado tiene en su archivo informes pasados
sobre contratos firmados con compañías chinas, contra las que, además,
se han interpuesto desde 2010 un centenar de denuncias laborales y
ambientales. El mismo Estado ha rescindido el contrato con la
responsable asiática de dos de las hidroeléctricas por incumplimientos
que han retrasado su construcción. De las ocho megaobras, solo tres
estaban en operación a inicios de año pese a que debían estar generando
energía eléctrica para exportar desde 2016. Tras el cambio de Gobierno
en Ecuador, el nuevo ministro de Electricidad y Energía Renovable,
Medardo Cadena aseguró que dos de las pendientes estarían listas a
finales de 2017 y una más en 2018.
Otra
de las obras emblemáticas del régimen correísta encargada y con
financiamiento del socio asiático, es la universidad de Yachay que
estaba llamada a convertirse en la Ciudad del Conocimiento. El nuevo
régimen detectó irregularidades y problemas de construcción
irreversibles que han justificado la apertura en la Contraloria de siete
auditorías sobre las obras, pero también sobre las inversiones y los
créditos internacionales.
Siete
años después de que se firmara el primer convenio de financiación con
China, Ecuador acumula decenas de obras de infraestructura con sello
asiático pero también ha ido aumentando la deuda con el país. Al final
del mandato de Correa, había un pendiente de 8.000 millones de dólares
que equivale un 85 % de la deuda externa bilateral total. De las cinco
líneas de crédito abiertas con entidades financieras chinas, 7.000
millones de dólares se pagarán con venta anticipada de petróleo, a
través de la petrolera estatal Petroecuador y de las asiáticas
Petrochina y Unipec. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno está buscando
ahora renegociar los compromisos de preventa de crudo porque, según los
términos acordados, están ocasionando perjuicios al Estado ecuatoriano.
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