"Si el Ministerio Interior nos impide entrar en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), significaría una ilegalidad y una insensibilidad"

Mauricio Valiente, concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, explica los detalles del plan con el que el Consistorio pretende vaciar los CIE

eldiario.es

Varios son los flecos sueltos de la estrategia presentada esta semana por Manuela Carmena para vaciar el CIE de Aluche. El más importante, del que está pendiente el Consistorio para iniciar su implementación, es el permiso del Ministerio del Interior. El Ayuntamiento quiere entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros que aspira a ver cerrado. "No pretendemos actuar en los CIE para ser cómplices de un dispositivo que no cumple la propia normativa, sino para acabar con ellos", afirma Mauricio Valiente en una entrevista con eldiario.es.

El concejal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, encargado de coordinar la elaboración del plan resultante de la mesa de trabajo sobre CIE [que se discutirá en el Pleno el próximo 20 de julio], explica los pormenores de la estrategia con la que el Consistorio de Madrid busca plantar cara a unos centros que, además de "crueles", considera "inútiles".

¿Por qué el Ayuntamiento ve necesario realizar este plan de intervención en los CIE?

Había un emplazamiento desde las elecciones de solicitar su cierre. Cuando empezamos a abordar la iniciativa que queríamos llevar al pleno nos dimos cuenta de que había varias vías. Pedir su cierre y punto, que es una posición ética clara.

Y otra opción, que es la que hemos escogido: desde una posición clara de exigencia del cierre de los CIE, hacer un estudio detallado de cómo se puede mejorar la situación personal de quienes están sometidos a un proceso de expulsión.

También creo que el papel de las ciudades puede ser muy significativo. Ya ocurrió con Málaga, donde una posición unánime del Pleno llevó al cierre del CIE de Capuchinos. Creo también que nuestra actuación emplaza al Gobierno central a un replanteamiento de lo que está ocurriendo. Le estamos poniendo alternativas. Con este tipo de iniciativas, se desmonta su forma de pasar por alto el sufrimiento de quienes son internados en los CIE. Emplazamos al Gobierno de que no siga actuando con esta insensibilidad ante lo que es un sufrimiento muy grande, como lo acreditan los informes de diferentes organismos .

Más allá de mejorar las condiciones de los CIE, ¿cuáles son las alternativas a estos centros defendidas por el Ayuntamiento de Madrid?

Lo primero que hay que recordar es que la Ley de Extranjería no establece el internamiento como carácter general, sino como una excepción, pero la práctica oficial ha sido la inversa, y la norma es el internamiento.

Para que el juez, que es el que ordena el internamiento, pueda valorar esas medidas alternativas, tiene que tener sobre la mesa la situación social de esa persona: vínculos familiares, arraigo, elementos fundamentales a tener en cuenta para decretar el internamiento y que, sin embargo, muchas veces no se tienen en cuenta. Muchas veces los juzgados lo ordenan de forma automática sin estudiar cada caso.

Esa labor ya la estamos haciendo cuando se nos pide y, ahora, planteamos sistematizarlo, ordenarlo y acercarlo. Facilitar la labor de los jueces para que puedan evitar el internamiento. Es una primera medida inmediata que, con la colaboración de todos, podría suponer un gran avance.

Segundo lugar, el Ayuntamiento tiene servicios habitacionales a disposición de personas en situación de vulnerabilidad que puede ofrecer a personas a las que se el juzgado asigne un lugar de residencia obligatorio, que es otra de las medidas a las que puede optar La necesidad de que permanezcan en Madrid para que, cuando sean citadas, puedan comparecer. Es un esfuerzo que hacemos para que estas personas no sean privadas de libertad.

¿Están planteando viviendas de libertad restringida?

No, en absoluto. Eso dependerá de lo que el juez quiera hacer. No significa que nos convertimos en vigilantes de la otra persona, sino simplemente en ofrecer unos recursos que puedan permitir al juez aplicar otras medidas que eviten el internamiento en un CIE.

Ponemos a disposición de los jueces viviendas municipales para cualquier medida alternativa que el juez quisiera adoptar, como puede ser el establecimiento de una dirección concreta adonde recibir las notificaciones, o la realización de informes periódicos para constatar que la persona sigue residiendo en la ciudad de Madrid. Se pretende que esa persona, cuando se estudie su expulsión, esté localizable. Cualquier mecanismo que le permita estar localizable evitará el sufrimiento del CIE.

En todo caso, lo que nosotros ofrecemos es el recurso social. El control en el procedimiento sancionador es algo que depende del Ministerio del Interior y de los jueces. Nosotros somos contrarios al internamiento por lo que no tendría sentido que participásemos en algún tipo de dispositivo que nos convirtiera en represores.

Lo que queremos es no dejar excusas y poner facilidades a los jueces para dictar medidas alternativas. La restricción de movimiento, la retención de la documentación... Se trata de llevar al ámbito de la extranjería algunas alternativas a la privación de libertad que ya se aplican, aunque en ámbitos penales, no administrativos.

En la práctica, ¿cómo van a acercar a los jueces los informes sociales en cada caso?

Planteamos un trabajo en varias direcciones. Uno, en colaboración con la Federación española de Provincias y Municipios, porque la mayoría de personas internadas en el CIE de Madrid proceden de otras ciudades.

Si hay una buena coordinación, se pueden pedir informes de arraigo para impedir la detención y el internamiento. Por otro lado, a través de los jueces de los decanatos de los juzgados, establecer un mecanismo de inmediata puesta a disposición de la información que podemos tener los municipios para que puedan valorar en toda su amplitud la situación de la persona.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una 'tarjeta de vecindad' que puedan portar los ciudadanos en situación irregular, para que ellos mismos lleven consigo esa información sobre arraigo en caso de detención.

Este tema es más amplio que el internamiento. Nosotros lo estudiamos para el acceso al resto de recursos municipales y derechos fundamentales. Este asunto está bastante avanzado y quizá a primeros del año que viene tendremos la propuesta preparada.

¿Por qué es importante que trabajadores sociales del Ayuntamiento estén dentro de los CIE?

Para dar continuidad a esta labor que estamos haciendo. En el documento establecemos un trabajo, previo, en el interior y posterior. Un informe social es muy poderoso para evitar el internamiento. Pero en ocasiones los abogados no llegan a tiempo a presentar un buen informe que acredite el arraigo para evitar el encierro en el CIE. La sistematización y el seguimiento de los casos permitir la liberación de personas que no deberían haber entrado.

Se trata de reforzar lo que ya llevan años haciendo algunas organizaciones sociales. Si se eleva al ámbito municipal, creemos que se puede combatir un internamiento, con todo lo que conlleva de daño psicológico que conlleva.

Eso supondría que trabajadores municipales sean testigos de lo que ocurre en unos centros que siempre se han calificado de poco transparentes.  ¿Creen que Interior va a permitirlo?

Si nos hemos ido más allá de una declaración formal es porque confiamos en que podemos cambiar las cosas. El tema es que incluso los CIE actuales no cumplen ni si quiera la propia normativa, que ya de por sí nos parece injusta. Cumplirla supondría que solo se tienen que restringir los derechos que sean estrictamente necesarios para el objeto sancionador. Por ello, nosotros vamos a hablar con el Ministerio. Manuela Carmena ha pedido una cita con el ministro del Interior para decirles:  "Cada uno tiene su visión, no nos vamos a poner de acuerdo pero, aún así, queremos ayudar".

Creemos que la ley nos ampara, porque esta situación no puede perdurar. Yo de antemano no puedo prejuzgar lo que nos va a responder Interior, en todo caso tendrían que dar explicaciones. Porque, insisto, el Ministerio no puede mirar hacia otro lado cuando se le está ofreciendo alternativas concretas que son legales y evitan el sufrimiento de la gente. No quiero anticiparme. Espero que respondan. Si actúan con legalidad y humanidad creo que abrirán esta oportunidad. Los CIE han demostrado que, a parte de ser una  máquina de generar daño, son inútiles.

¿Qué significaría que el Gobierno se negase permitir su entrada en el CIE?

Significaría una ilegalidad. Una gran insensibilidad, un desprecio hacia los derechos y libertades básicas de las personas. Nosotros vamos a aprovechar todas las vías a nuestro alcance para reclamar esa administración consciente del Ministerio y del Gobierno.

Esperaremos la respuesta del ministro. Si este mecanismo se pone en marcha con su colaboración, lo desarrollaremos en todos sus extremos. Si no, vamos a reunirnos con los representantes de los jueces, con la Federación de Provincias y Municipios, el servicio de asistencia de los tribunales.

Si finalmente Interior les permite entrar en el CIE, ¿denunciarían las vulneraciones de derechos humanos y abusos que puedan cometerse por parte de la dirección del centro?

Nosotros nunca como Ayuntamiento vamos a participar en un mecanismo que vulnere los derechos humanos. Si participamos y nos ofrecemos a intervenir es para facilitar la vida de personas que ya están siendo vulneradas. Por supuesto, si la finalidad para la que nosotros nos metemos en el CIE no se cumple, o si detectamos violaciones de derechos humanos, lo denunciaríamos sin lugar a dudas.

Porque no vamos a ser cómplices de un dispositivo que no cumple la propia normativa. Queremos acabar con los CIE y estamos poniéndonos a disposición de la sociedad para buscar una alternativa a una medida que no nos gusta.

Las ONG defienden como medida alternativa al internamiento, la mejora de los procesos de regularización. ¿Qué van a hacer al respecto?

Es fundamental. Muchas veces encontramos que los servicios municipales no se utilizan por parte de las personas en situación irregular y esto no debería ser así. Para acceder a cualquiera de las vías de regularización, es fundamental un informe de arraigo, capacidad de formarse profesionalmente… Y eso es precisamente lo que queremos reforzar y acercar.

Normalmente los CIE han servicio como una maquinaria de expulsión. Queremos intervenir en esta materia para reforzar la vía de la inclusión.