La integración política de los inmigrantes en España

El día de ayer  publiqué un artículo en mi blog referente a la falta de una difusión más agresiva por parte de las autoridades estatales del derecho al voto que tienen cientos de miles de inmigrantes, especialmente sudamericanos, que sin haber obtenido la nacionalidad española por diversas causas  podrán ejercerlo en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015.

En los distintos foros o reuniones de trabajo a los que he asistido, se ha insistido mucho en la labor que realizan diversas instituciones públicas sean estas locales, provinciales, regionales o estatales, para favorecer la integración de los colectivos inmigrantes de las diversas nacionalidades en la sociedad de acogida.

Se habla mucho de la integración social, cultural y laboral de los colectivos pero no se dice absolutamente nada de la “integración política” de estos en la sociedad española.

Ni siquiera como lo manifesté anteriormente se preocupan por hacer algún tipo de campaña de difusión para incentivar el voto inmigrante en las únicas elecciones en las que tienen derecho al sufragio sin ser ciudadanos españoles, las municipales.

La plena integración del colectivo inmigrante en una sociedad debe pasar necesariamente por su integración política en la misma, formar  parte del debate en la toma de decisiones que les afectan, aportar su experiencia profesional y migratoria para enriquecer las mismas, es decir  no solamente acatarlas sino formar parte de ellas.

La mejor forma de reglamentar los derechos y obligaciones de los inmigrantes y su integración en la sociedad de acogida, es que estas reglamentaciones sean tomadas en consenso por todos los actores sociales que tengan que ver con el fenómeno migratorio en este país y en primera línea de batalla debemos estar los inmigrantes.

                           

De lo contrario pasa lo que pasa como  la famosa “Ley Mordaza” que viola los derechos humanos no solamente de los inmigrantes que por diversos motivos se ven obligados a saltar las vallas de Ceuta o Melilla, sino que también restringe los derechos adquiridos por los ciudadanos españoles.

Esta ley  fue aprobada por la mayoría absoluta del PP sin el más mínimo consenso político en el Congreso de los Diputados, institución que paradójicamente está obligada a velar por los derechos de todos.

Esto es lo que pasa con las mayorías absolutas es otra forma de dictadura, ojala se haya aprendido la lección. 

Después de más de 15 años en que se inició la masiva inmigración en España, especialmente latinoamericana, todavía se quiere  mantener el  mismo criterio para valorar la integración de estos colectivos en la sociedad española.

El colectivo inmigrante actualmente está  integrado social, cultural y laboralmente, con las restricciones laborales que afectan a todos, faltando únicamente por lograr  la integración política  en la sociedad española para que esta sea plena, materia que aún está pendiente de aprobar y ser considerada seriamente por las autoridades de turno y los  partidos políticos sean del color que sean.

No se puede pretender mantener invisible a un colectivo que en tiempos de bonanza económica aporto considerablemente al superávit de la seguridad social, que pago religiosamente sus impuestos a través del IRPF y que a pesar de ser los más afectados con las tasas de desempleó (37%) la gran mayoría seguimos aquí para arrimar el hombro y tratar de sacar este país adelante.

El camino será arduo y tedioso, habrá muchas piedras y obstáculos en el camino, la decisión será difícil para muchos especialmente los políticos, la sociedad aprenderá a aceptarlo como muchas restricciones económicas y laborales  ha tenido que aceptar, hará falta la valentía de algunos políticos para iniciarla seriamente, pero  la plena integración política de los inmigrantes en España tarde o temprano llegará.